Las víctimas celebran el veto del Gobierno al entierro de Franco en La Almudena, pero no se fían

Las asociaciones de víctimas del franquismo celebran que el Gobierno asegure ahora que Franco no será enterrado en la catedral de La Almudena, pero no las tienen todas consigo. “Es una buena noticia, pero no nos fiamos. Han dado muchas versiones y vamos a estar vigilantes”, afirma Julián Rebollo, portavoz de hasta 83 colectivos de memoria histórica, sindicatos y asociaciones que suscribieron las cartas enviadas al presidente, Pedro Sánchez; el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, pidiéndoles que impidan que los restos del dictador vayan a parar a la catedral, como solicitó su familia. Rebollo participó en la manifestación del pasado jueves contra el traslado del dictador al centro de Madrid y advierte de nuevas movilizaciones para mantener la presión.

La vicepresidenta del Gobierno dio por hecho un acuerdo con la Iglesia, pero El Vaticano rectificó la versión del Ejecutivo sobre el destino de los restos de Franco. En cualquier caso, La Moncloa insiste en que recurrirá a la ley de memoria histórica, que prohíbe la exaltación del franquismo, para impedir que el dictador sea trasladado a la catedral de La Almudena.

En las cartas remitidas a Sánchez, el arzobispo Osoro y Carmena, las asociaciones trasladaron su “enorme indignación” por la propuesta de inhumar a Franco en la catedral, “a pocos metros de la plaza de Oriente, donde la dictadura organizaba los actos de exaltación del régimen”.  “El Gobierno debería haber previsto que la familia podía señalar La Almudena. Que esté en una catedral en pleno centro es todavía peor, se convertiría en un lugar de peregrinación de franquistas y sería una humillación para las víctimas porque hay que recordar que este 1 de noviembre, Día de Difuntos, muchas familias no van a poder llevar flores a sus muertos. Tenemos aún a 120.000 fusilados en las cunetas”, añade Rebollo.

Fausto Canales, que tiene a su padre y a su tío enterrados en el Valle de los Caídos y pelea desde hace una década por recuperar sus restos, celebra que el Gobierno diga ahora que impedirá que el dictador se enterrado en La Almudena. “Tienen que hacer todo lo que puedan para impedirlo, con la Iglesia, o sin ella”, afirma. Pero para él, “lo prioritario” es poder recuperar los restos de sus familiares del mausoleo. Patrimonio Nacional autorizó el intento en el caso de su tío, pero no de su padre, ya que figura como “desconocido” en el registro de los inhumados en el Valle de los Caídos. Canales también cree que el Gobierno “ha titubeado” demasiado en este asunto.

En una situación similar está la familia Lapeña. Manuel, de 94 años, tuvo que recurrir a los tribunales para lograr una sentencia que obliga a exhumar los restos de su padre y de su tío, enterrados “junto al verdugo” en el Valle de los Caídos, pero los permisos no han acelerado el proceso y Manuel cree que se le acaba el tiempo. “La catedral donde se celebran los funerales oficiales no es el mejor sitio para acoger los restos de un dictador, agravaría el problema. El Gobierno no ha gestionado esto bien”, afirma su yerno, Miguel Ángel Capapé, de la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (Arico).

Para Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), “el Gobierno debería haber actuado como poder ejecutivo, de manera directa, sin esperar a un decreto ni forzar un debate parlamentario que puede ser interesante para el PSOE por el hecho de que se exhiben las posturas de Ciudadanos y del PP, pero que no aporta mucho más, ya que existía, además, una resolución de mayo del año pasado y no necesitaba ningún tipo de medida complementaria”. Silva denuncia que el Gobierno no ha explicado bien el retraso en los plazos dados para la exhumación de Franco. “Y tampoco sabemos si en esta negociación llevada a cabo por Carmen Calvo en el Vaticano ha habido algún tipo de contraprestación”, añade.