Justicia inicia los trámites para tratar de exhumar a víctimas en el Valle de los Caídos

El Ministerio de Justicia trata de devolver a sus familias los restos de siete víctimas del franquismo enterradas en el Valle de los Caídos junto a Franco. Técnicos del Instituto Nacional de Toxicología han tomado este viernes muestras de ADN a la sobrina de José Antonio Marco de Viedma, industrial de Calatayud fusilado en 1936. El Ministerio tramita las peticiones de los descendientes de otros seis hombres enterrados en el mausoleo sin el consentimiento familiar y en los próximos días, dada su avanzada edad, les tomarán muestras genéticas en sus lugares de residencia (Oviedo, Zaragoza y Valladolid).

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Mientras, los técnicos continúan estudiando el estado de las criptas y de los columbarios para establecer la viabilidad de la exhumación e identificación de las víctimas. Algunos familiares empiezan a impacientarse por la lentitud del proceso. La sentencia judicial que dio la razón al hijo y sobrino de los hermanos Lapeña, fusilados en la Guerra Civil, es de mayo de 2016. El denunciante, Manuel Lapeña, considera un insulto que su padre y su tío estén “enterrados junto al verdugo”, y tiene 94 años.  “Vamos a hacer todo lo posible para que estas familias recuperen los restos. Antes, directamente se les decía que no. Ahora hay voluntad política para intentarlo”, afirma el director general para la memoria histórica, Fernando Martínez.

Martínez se reunió este viernes con la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo, y con el director del Instituto Nacional de Toxicología, Antonio Gómez,  para dar los primeros pasos para la creación de un banco de ADN que permita identificar a las víctimas que aún yacen en fosas comunes y cunetas. Así, a partir de ahora, se coordinarán con los laboratorios dependientes de las comunidades autónomas que ya han empezado a recopilar datos genéticos en sus respectivos territorios. El plan nacional de búsqueda de desaparecidos del franquismo depende de la aprobación de los presupuestos, donde el Gobierno ha previsto una partida de 15 millones para memoria histórica.