Antes las víctimas que su verdugo

Mientras el Gobierno continúa con el procedimiento para exhumar los restos de Franco, los familiares de los republicanos enterrados en el Valle de los Caídos sin su consentimiento, empiezan a desesperarse por la lentitud del proceso. La sentencia judicial que ordena exhumar a los hermanos Lapeña es de mayo de 2016. El denunciante, Manuel Lapeña, considera un insulto que su padre y su tío estén “enterrados junto al verdugo”. Y tiene 94 años.

Fuentes del Ministerio de Justicia aseguran que tras realizar tareas de “apuntalamiento” en la cripta donde están enterrados, el siguiente paso es redactar un informe médico forense y, una vez hecho, se tomarán muestras de ADN a los 81 fusilados de Calatayud enterrados en la misma cripta para determinar cuáles son los restos de los hermanos Lapeña. Pero de momento no hay fecha para hacerlo. El informe de los expertos del CSIC que dictaminó que era posible acceder a la zona donde se cree fueron inhumados es del pasado junio.

En las siete capillas y criptas del mausoleo hay enterradas más de 33.800 personas (el equivalente a la ciudad de Teruel), y entre ellas, republicanos fusilados, arrojados a fosas comunes y trasladados al Valle de los Caídos sin el consentimiento de sus familias. Se cree que los hermanos Lapeña están en el nivel tres de la llamada Capilla del Sepulcro.

El PSOE de Calatayud presentó una moción en el Ayuntamiento el pasado septiembre pidiendo que las cajas donde se encuentran los restos de los fusilados de Calatayud fueran enviadas al memorial ubicado en el cementerio de la ciudad, pero la iniciativa fue rechazada con los votos en contra del PP y PAR y la abstención de Ciudadanos.

Con todo, la familia Lapeña tiene una ventaja frente a otras que han pedido también recuperar los restos de sus seres queridos, como admiten fuentes del Ministerio de Justicia, y es la sentencia judicial. “Protesto enérgicamente y exijo el mismo trato por parte de las autoridades para la caja 198 depositada el 23 de marzo de 1959 en la misma Cripta del Sepulcro”, afirma Fausto Canales. En esa caja están los restos de su padre y de otras seis personas, entre ellas una mujer, asesinadas el 20 de agosto de 1936 en una cuneta de Aldeaseca (Ávila). “El pasado febrero solicitamos a Patrimonio Nacional la aplicación de las mismas medidas que había aprobado para los hermanos Lapeña de Calatayud porque se daban las mismas circunstancias de desaparición y asesinato”, añade Canales. En junio, Patrimonio Nacional desestimó su petición. “Es una resolución injusta y discriminatoria”, lamenta. El pasado julio recurrieron la decisión y de momento no han obtenido respuesta.

Patrimonio Nacional también ha encargado un informe sobre el estado estructural del conjunto de las criptas adyacentes a la basílica del Valle de los Caídos y sus columbarios y fuentes del Ministerio de Justicia aseguran que se hará “lo posible” porque los familiares que así lo deseen puedan recuperar los restos.

El forense Francisco Etxeberria, que ha examinado los restos de Miguel de Cervantes, de Lasa y Zabala, el expresidente chileno Salvador Allende o el poeta Pablo Neruda, y que ha exhumado fosas comunes en lugares complicados como pozos, minas y cavernas, ha dicho que sería una tarea muy complicada, un gran reto profesional. Los sucesivos informes forenses sobre el Valle de los Caídos muestran cajas rotas y huesos apilados en algunas de las criptas debido a filtraciones de agua. Que no sea fácil, añade, no quiere decir que no haya que intentarlo.

El Gobierno contestó este jueves a una pregunta de Carles Mulet, de Compromís, sobre los planes para los restos de José Antonio Primo de Rivera, enterrado, como Franco, en la basílica del Valle de los Caídos. El Ejecutivo explica que al tener la “consideración de víctima” de la Guerra Civil, puede “permanecer” en el mausoleo, pero “en las mismas condiciones que las del resto de víctimas”, lo que implicaría su traslado a las criptas. Esa fue la propuesta del comité de expertos que en 2011 elaboró un plan de actuación sobre el Valle de los Caídos.