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El Gobierno destina 15 millones para memoria histórica en su plan de Presupuestos

El Ejecutivo de Rajoy redujo a 0 la partida, y PP y Vox pretenden sustituir la ley en Andalucía por una "de concordia"

Numerosos familiares presencian el inicio de los trabajos de exhumación de la fosa 112 en el cementerio municipal de Paterna (Valencia). Ampliar foto
Numerosos familiares presencian el inicio de los trabajos de exhumación de la fosa 112 en el cementerio municipal de Paterna (Valencia). EFE

El Gobierno ha incluido una partida de 15 millones de euros para la memoria histórica en su plan de Presupuestos, para los que el presidente Pedro Sánchez aún no ha reunido los apoyos suficientes. El Ejecutivo creó una dirección general específica, que coordina Fernando Martínez,  dentro del Ministerio de Justicia para impulsar la apertura de fosas de fusilados del franquismo, pero carece de fondos, ya que los Presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy —con los que el PSOE está gobernando— redujeron a 0 euros la cantidad prevista para aplicar la ley de memoria histórica.

El Gobierno pretende destinar esos 15 millones a cumplir con las recomendaciones de Naciones Unidas y ejecutar los planes elaborados desde la dirección general, entre ellos, elaborar un censo nacional de víctimas del franquismo, asumir por completo la localización, exhumación e identificación de los fusilados que yacen en fosas y cunetas, convertir el Valle de los Caídos en un lugar de memoria y cementerio civil una vez trasladados los restos de Franco, y constituir una comisión de la verdad. El mapa de fosas, pendiente de actualizar, incluye más de  2.470 enterramientos clandestinos. El coste de una exhumación ronda los 1.000 euros por cadáver, sin contar el ADN (entre 700 y 1000 euros más).El plan de Presupuestos incluye, además, 127 millones en concepto de pensiones de guerra.

El anuncio se produce justo cuando el PP y Vox pretenden sustituir la ley andaluza de memoria histórica, aprobada en marzo de 2017 con la abstención de los populares y de Ciudadanos, por una norma llamada "de concordia". En el documento del pacto por el que la formación de extrema derecha se compromete a ceder el voto de sus 12 parlamentarios a la investidura de Juan Manuel Moreno, ambos partidos aseguran que "promoverán" dicha ley.  Es precisamente el plan del líder del PP, Pablo Casado, a nivel nacional, que se concretará en la convención ideológica que el partido celebra el próximo fin de semana en Madrid y en la que los populares quieren fijar la base de sus futuros programas electorales.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido, no obstante, que esa medida no figura en el pacto de Gobierno que ha suscrito con el PP en Andalucía —"Tenemos otras prioridades"— y que en cualquier caso, se tendrá que discutir esa propuesta alternativa en el Parlamento andaluz. Esas declaraciones han provocado el primer enfrentamiento entre Ciudadanos y Vox, que insiste en que su acuerdo con el PP no es "papel mojado" y que exigirán que se cumpla. El líder de la formación de extrema derecha, Santiago Abascal, ha calificado este lunes la memoria histórica como un "debate infecto". “Somos la voz de aquellos que tuvieron padres en el bando nacional y se resisten a tener que hacer una condena de lo que hicieron sus familias”, ha dicho.

Desde 2000 se han abierto unas 700 fosas con más de 8.000 víctimas. La estimación de las asociaciones de víctimas habla de 114.000 desaparecidos. Hay fosas, como la de Pico Reja, en Sevilla, con cerca de 1.000 fusilados que pueden estar en torno a 1,2 millones de presupuesto. Ahí, la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación habían firmado un convenio para compartir costes. Pero todo depende ahora del nuevo Gobierno del PP y Ciudadanos y de la presión que Vox ejercerá en esta materia. 

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), acusa al PP y a Vox de encarnar "un discurso inhumano que equipara a los golpistas con sus víctimas", y asegura que volverán a exhumar en Andalucía si el nuevo Gobierno de la Junta andaluza deja de hacerlo. La ARMH ha recibido "cientos de peticiones" en la comunidad y tiene 288 fichas de represaliados del franquismo desaparecidos en la región.

Mientras no ha habido partida para la aplicación de la ley de memoria histórica, las asociaciones han trabajado con aportaciones de voluntarios y donaciones privadas, como la de un sindicato de electricistas noruego que, conmovido por el abandono de las víctimas del franquismo tras una visita a España, decidió hacer una colecta en casa para enviar un donativo.  La ONU ha instado en repetidas ocasiones a España a asumir por completo la tarea de búsqueda, exhumación e identificación de los fusilados que aún yacen en fosas y cunetas. Está en los planes del Gobierno, pero antes necesita reunir los apoyos de otros grupos parlamentarios para poder aprobar el plan de Presupuestos Generales del Estado que ha presentado este lunes. 

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