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“La represión franquista tiene que estudiarse en la escuela”

El director general para la memoria histórica tiene más planes que fondos para acometerlos, pero es optimista

Fernando Martínez, director general para la Memoria Histórica, en el Ministerio de Justicia.
Fernando Martínez, director general para la Memoria Histórica, en el Ministerio de Justicia.

Las cámaras le enfocaron en la tribuna del Congreso. Lloraba. Acababa de aprobarse el decreto para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos y Fernando Martínez (Vélez-Blanco, Almería, 69 años), director general para la memoria histórica, se emocionó. “No pude evitarlo. En ese momento se me pasaron muchas imágenes por la cabeza: de fosas, de víctimas...”. Fue nombrado el pasado agosto, en un cargo de nueva creación dentro del Ministerio de Justicia. Ahora tiene más planes que fondos para acometerlos, pero es "optimista".

Pregunta: ¿Cuántas fosas comunes del franquismo hay en España y cuántas quedan por abrir?

Respuesta: Los datos que tenemos son de 2011: 2.470 fosas. Pero hay que actualizarlo porque en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, ahora figuran 70 y los investigadores ya han contabilizado 426. Desde 2000 se han abierto unas 700 con más de 8.000 víctimas. La estimación habla de 114.000 desaparecidos. Tenemos que hacer un censo de víctimas y hemos encargado un estudio para priorizar las fosas que estén en riesgo de sufrir más deterioro. Yo querría plantear el plan de exhumaciones el año que viene si tenemos presupuesto.

P. ¿Qué puede hacer un director general para la memoria histórica con una partida de 0 euros para memoria histórica, la que le dejó Mariano Rajoy?

R. Pues ahora mismo… Con los remanentes hemos podido hacer algunos encargos, pero esperamos una partida presupuestaria.

P. ¿Han hecho una estimación de cuánto costaría exhumar a las víctimas de las fosas comunes, identificarlas y entregar los restos a sus familiares?

R. El estudio previo y la exhumación son unos 1.000 euros por cadáver sin el ADN, que son entre 700 y 1.000 por individuo. Hay fosas, como la de Pico Reja, en Sevilla, con cerca de 1.000 fusilados que pueden estar en torno a 1,2 millones. Ahí, la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación han firmado un convenio en el que podríamos entrar si tuviéramos presupuesto. Podríamos compartir gastos, pero la idea es que el Estado asuma su responsabilidad.Es una tarea fundamental de la democracia y así nos lo han planteado los relatores de Naciones Unidas.

P. ¿Qué le diría a quienes critican que se invierta dinero público en recuperar restos de fusilados?

R. Que esto es un deber democrático. Que cuando voy a congresos internacionales y cuento la situación en España se echan las manos a la cabeza. Que si tuvieran a un padre en esa situación querrían darle digna sepultura.

P. El Gobierno se ha comprometido a asumir las exhumaciones. ¿Qué pasa si alguna comunidad no colabora?

R. Queremos hacerlo juntos, firmando convenios, pero si no es posible, asumiremos nuestra responsabilidad.

P. ¿Puede asegurar el Gobierno que los restos de Franco saldrán del Valle de los Caídos?

R. El Gobierno ha puesto en marcha todos los mecanismos para hacerlo. El dictador no puede mantenerse en un mausoleo público con sus víctimas.

P. ¿Y puede asegurar que su nueva tumba no estará en el centro de Madrid, en La Almudena?

R. El Gobierno pondrá todas las cautelas para que no sea un lugar donde se pueda exaltar el franquismo.

P. ¿Fue ingenuo el Gobierno al no prever que la familia Franco señalara La Almudena?

R. Creo que el Gobierno actuó coherentemente.

P. ¿Cuándo se exhumará a los republicanos enterrados en el Valle de los Caídos sin consentimiento de sus familiares, como los hermanos Lapeña?

R. En el caso de los Lapeña está pendiente de un informe forense. La voluntad del Gobierno es facilitar esas exhumaciones a los familiares, pero puede haber casos en los que haya voluntad y no sea viable técnicamente.

P. ¿Qué será el mausoleo tras la exhumación de Franco?

R. En el Valle de los Caídos hay cerca de 34.000 cadáveres de los que más de 12.000 son de republicanos. Es un monumento hecho para los mártires de la cruzada, no había espíritu de reconciliación, entre otras cosas porque ni les preguntaron a los familiares. Y tiene que ser explicado: cómo se construyó, para qué, por qué representa el nacionalcatolicismo y tiene que ser sobre todo, un lugar para rendir homenaje a las víctimas, pero la fórmula se discutirá en el debate parlamentario.

P. ¿Ilegalizarán a la Fundación Franco?

R. ¿Existe en Alemania una Fundación Adolf Hitler? No. ¿Por qué en España hay una fundación que exalta de manera sistemática un régimen autoritario que perseguía a la gente por sus ideas? Evidentemente no cabe dentro de los valores democráticos estar permanentemente incitando al odio sobre las víctimas del franquismo. El Parlamento Europeo ha dicho que ese tipo de asociaciones no deben existir. Para ello hay que reformar la ley de asociaciones y fundaciones. Y la voluntad es hacerlo, pero aún no hay plazo.

P. ¿Habrá sanciones por incumplimiento de la ley de memoria? ¿De qué tipo?

R. Toda ley si no se cumple necesita un régimen sancionador. Si se profana un lugar memoria, si hay administraciones que se niegan a cumplirla... Las ha habido remolonas.

P. Las víctimas demandan un homenaje del Estado. ¿Lo harán?

R. En las enmiendas a la reforma de la ley de memoria se han planteado reconomientos públicos. Y la educación es clave. Que los niños conozcan su historia.

P. ¿Debería incorporarse la represión franquista en los libros de texto?

R. La represión evidentemente se tiene que estudiar.

P. ¿Cree que hay un déficit de conocimiento de la Guerra Civil?

R. De la represión, sin duda.

P. El PP se opone a la ley de Memoria Histórica porque la considera una voladura de la Transición, pero los dos primeros párrafos del texto son una loa a ese proceso. ¿Es compatible alabar la Transición con abrir fosas comunes y retirar símbolos franquistas?

R. Esto no va contra nadie y creo que todos somos demócratas. Les animaría a ir al levantamiento de una fosa,que hablaran con los familiares. Debió de haberse hecho antes, pero estamos a tiempo de hacerlo. No lo dejemos más. Tenemos esa responsabilidad.

P. ¿Se anularán las sentencias franquistas?

R. Los tribunales franquistas, es decir, el Tribunal de Orden Público, los tribunales de represión de la masonería y el comunismo, los consejos de guerra, las comisiones de depuración profesional... son ilegítimos y sus fallos deben ser nulos. Ya hay propuestas en ese sentido y nuestra posición es favorable.

P. ¿Esa anulación daría derecho a una indemnización? Ese fue uno de los motivos que se discutieron para no anular las sentencias franquistas en la tramitación de la ley de Memoria en 2007...

R. La gente no está en esto por dinero, sino por sacar a su padre de una fosa o por que el Estado le diga que su padre no fue ningún criminal. Desde 1978 hasta 2006 se hicieron reparaciones económicas para militares de la República, carabineros, personas que habían estado en la cárcel, pensiones de orfandad o viudedad... hasta 16.310 millones euros.

P. Otro de los compromisos del Gobierno es crear una comisión de la verdad sobre la Guerra Civil y la dictadura con expertos independientes, historiadores y representantes de la ONU. ¿Está perfilado ya ese equipo? ¿Cómo será el método de funcionamiento de esa comisón y su duración? ¿Cuándo se pondría en marcha?

R. No está perfilado aún. Es un tema complejo, que necesita consensos y que se debatirá en el Parlamento. Para mí, una comisión de la verdad en España debería, sobre todo, dar los números. El Estado tiene que dar las cifras de desaparecidos, de muertes judiciales y extrajudiciales.

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