Dolores Delgado: otra ministra en la tormenta

La máquina del fango del excomisario Villarejo ha salpicado la reputación de la ministra de Justicia. Se llama Dolores Delgado. Y se la conoce como Lola, pero un juez de instrucción trata ahora de averiguar si el apodo restrictivo Dos también le corresponde. Y si, en tal caso, Villarejo se habría reunido con ella, cuando Delgado era fiscal de la Audiencia Nacional, para intentar bloquear la extradición a Guatemala del empresario naviero Pérez-Maura, “cliente” en la clandestinidad del expolicía corrupto.

Es una perfecta villarejada la trama en su bizantinismo, casticismo y conflicto de intereses. Y es una infamia, de acuerdo con la ministra. Ha negado haberse entrevistado profesionalmente nunca con el excomisario. Y, aunque el Ministerio de Justicia renegó de cualquier contacto personal con Villarejo, la propia Delgado admitió después que podrían haber coincidido en algún acontecimiento social. A la difusión de los audios de supuesta una comida ha contestado asegurando que están manipulados.

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El episodio sorprende a Delgado en un arranque de temporada bastante convulso. No ya por las presiones del soberanismo respecto al estatus de los políticos presos —exigen que se les despoje del delito de rebelión e instan a la intervención de la Fiscalía—, sino porque el PP ha reclamado la dimisión de la ministra, objetando su pasividad ante la demanda civil que el movimiento independentista presentó contra el juez Llarena.

Entendió Delgado que se trataba de una “cuestión personal” del magistrado, pero hubo de rectificar, bien porque arreció la indignación —las asociaciones de jueces y de fiscales afearon el distanciamiento—, o bien porque el propio Sánchez matizó que Llarena sería convenientemente defendido de las hipérboles con que pretendían sepultarlo los soberanistas (violador de los derechos humanos, parcialidad, vulneración de los derechos fundamentales).

No ha dimitido la ministra, ni piensa hacerlo, pero es cierto que la polémica parece ilustrar la descoordinación del Gobierno y su ya recurrente política de rectificaciones. Otra cuestión es que Dolores Delgado aspire a confortarse en la iniciativa más ambiciosa de su cartera. Ella quiere recuperar la justicia universal y reotorgar a los jueces españoles la capacidad de intervenir extraterritorialmente cuando se antoja imprescindible.

Cuando se desempeñaba como fiscal en la Audiencia Nacional, acusó al general argentino Adolfo Scilingo de haber cometido delitos de lesa humanidad y consiguió que se le condenara en 2007 a 1.084 años de cárcel en una suerte de proceso trasatlántico. Era la manera de reivindicar el camino que abrió el juez Garzón con Pinochet. Y el modo de establecer entre ambos, el magistrado y la “fiscala” —así le gustaba denominarse—, una suerte de alianza conceptual y operativa que pretendía remediar las injusticias planetarias, aunque Garzón y Delgado han estado sobreexpuestos igualmente a la realidad concreta más descarnada. Tanto en la lucha contra ETA en los años de plomo como en el estruendo que supuso la irrupción del yihadismo.

Delgado, muy segura de sí misma, lleva escolta casi desde que tiene memoria. Más allá de las amenazas y de las intimidaciones, también ha sido víctima de los malentendidos estrafalarios. Por ejemplo, cuando el mayor de sus dos hijos tuvo que disculpar la ausencia de la madre en las charlas sobre la primera comunión porque tenía “un montón de problemas con la policía, los abogados y las drogas”.

No ha dimitido ni piensa hacerlo, pero la polémica ilustra la descoordinación del Gobierno

Y problemas tenía. O los tuvieron más bien los clanes del narcotráfico implicados en la Operación Temple. Aquel caso se dirimió en 2002, concernía a un alijo de 52.000 kilos de cocaína y requirió, por su complejidad, un juicio de seis meses. Ironizando al respecto, Dolores Delgado sostenía que perdía tres o cuatro kilos en un proceso judicial, una prueba psíquica y atlética que no prescribiría nunca como dieta milagro. A la ministra le resulta “divertido” cuidar su físico y considera prioritario perseverar en la lucha del feminismo. Formaba parte de la Unión Progresista de Fiscales. Y se batió para preservar a la justicia de las injerencias políticas. Ignorando que terminaría siendo ministra. Y constreñida ahora a emprender, en régimen de precariedad parlamentaria y bajo la tensión del soberanismo, la quimera de la independencia judicial. Más verosímil se antoja poner en cuarentena la herencia del PP, tanto para devolver a la instrucción judicial los plazos de que disfrutaba como para deshacer la reciente prisión preventiva revisable.

Carismática, trabajadora, madrileña de 55 años, casada desde 1986, ha llegado a la notaría mayor del reino cuando en realidad quiso ser periodista. Un tío suyo la convenció de estudiar Derecho porque tenía más salidas. Cursó sus estudios en la Autónoma de Madrid y añadió un máster homologado —aquí no hay dudas— por la Universidad Complutense, aunque fue en Barcelona donde se inició como fiscal en el Tribunal Superior de Justicia (1989-1993). Allí estuvo hasta llegar a Madrid como fiscal antidroga y como ministerio público en la Audiencia Nacional (1993-2018), un cuarto de siglo de vaivenes apasionantes que se interrumpieron con una llamada de Pedro Sánchez. Dolores Delgado no pudo ni quiso negarse, aunque sus padres, víctimas del alzhéimer, no han disfrutado su ascenso. “Cuando llegó el diagnóstico, el mundo se vino abajo”, declaraba en una entrevista a Jot Down.