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Penas de entre 8 y 34 años de cárcel a 34 acusados por la Operación Temple

La sentencia fija multas de más de 400 millones para cinco procesados

El juicio por la Operación Temple contra el narcotráfico concluyó ayer con 34 condenas, cuyas penas oscilan entre ocho y 34 años de prisión, y dos absoluciones. El proceso, iniciado en 1999 por la introducción en España de alrededor de 11 toneladas de cocaína, alcanzó notoriedad en diciembre pasado tras fugarse uno de los principales implicados, Carlos Ruiz Santamaría, El Negro, lo que provocó la sanción del tribunal y su sustitución.

El fallo de la sentencia fue leído ayer en presencia de los procesados y de sus letrados. La principal condena recayó en el arrepentido Alfonso León, considerado el jefe en España de la organización de narcotraficantes y que sólo diez meses después de que fuera detenido proporcionó los nombres de algunos de los responsables de los cárteles colombianos de Bogotá y de la Costa, pero sin que añadiera pruebas distintas de las que ya existían.

Aunque la fiscal solicitaba para él 60 años de cárcel, la Audiencia le ha impuesto penas que suman 34 años de prisión y multas que totalizan 416 millones de euros, como autor de delitos continuados contra la salud pública con sustancias que producen grave daño y en cantidad de notoria importancia, cometido por persona que ostenta la jefatura de una organización, pero con la atenuante analógica de arrepentimiento.

Otros cuatro procesados: Ana Garrido, Balbino López, Diego Fernando Duque y Santos Marques, han sido condenados a 33 años y nueve meses, la primera, y 32 años de prisión y multas de 412 millones de euros, cada uno de los restantes.

Juan Riaño, Virginia de los Ríos, Isidoro Campos, Domingo Andrés Fernández y Carlos Arturo López, han sido penados con 17 años y multa de 12 millones de euros cada uno. Jacinto Hernández y Francisca Fraile han sido condenados a 14 años y 12 millones de multa. Los restantes condenados, entre los que figuran los marineros rusos que formaban la tripulación del barco Tamsaare, lo han sido a penas que oscilan entre ocho y 13 años de prisión y multas de hasta 200 millones de euros por persona.

Entre los condenados figura también José Manuel Rodríguez Sanisidro, El Rubio, -17 años- que huyó poco antes de concluir el juicio cuando le correspondía ejercer el derecho a la última palabra. El tribunal ha absuelto a Ramos Ortigueira y José Ariel Jaramillo.

Los abogados defensores ya han anunciado que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo.

La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Ángela Murillo, refuta las acusaciones de inconcreción y vaguedad que los abogados habían dedicado a las conclusiones formuladas por la fiscal Dolores Delgado.

Potente organización

Así, señala que no se juzgan las participaciones de algunos procesados en delitos concretos. 'Muy por el contrario', agrega la sentencia, 'nos enfrentamos ante una potente organización dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes a gran escala, muchos de cuyos miembros han hecho de esa dedicación su única 'profesión', a la que se entregaban por entero en cuerpo y alma, y en ese quehacer diario, ejecutaron los hechos contenidos en las previsiones típicas del artículo 368 del Código Penal, que sus protagonistas, por todos los medios, intentaron ocultar, lo que no consiguieron merced a unas actuaciones policiales inteligentemente coordinadas, con fructíferos resultados finales, sin precedentes'.

El tribunal hace mención a la ausencia en el juicio del principal acusado Carlos Ruiz Santamaría, el Negro, pero rechaza que su fuga y posterior declaración de rebeldía hayan causado indefensión al resto de los procesados, señalando que se ha procedido conforme a lo que establece la ley para esos casos, que es suspender el juicio para el rebelde y continuarlo para los restantes.

El macrojuicio por la Operación Temple se inició el 14 de enero de este año, pero fue suspendido y anulado después de que los tres integrantes del tribunal, Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero fueran suspendidos en sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial por haber puesto en libertad bajo fianza a Carlos Ruiz, el Negro.

El tribunal original fue sustituido por los magistrados Francisco Castro, Ángela Murillo y José Ricardo de Prada, aunque posteriormente, y por necesidades del servicio, el primero fue a su vez reemplazado por Elizabeth Cardona. El juicio se inició de nuevo el 4 de marzo y concluyó el 28 de junio.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 18 de octubre de 2002