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El juez propone archivar la querella del fiscal contra los jueces que excarcelaron a El Negro

Sánchez Melgar descarta la prevaricación y remite el asunto a la vía disciplinaria

El juez del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar, instructor de la querella contra los tres jueces de la Audiencia Nacional que excarcelaron al presunto narcotraficante Carlos Ruiz, El Negro, ha concluido el sumario sin decretar el procesamiento de los tres magistrados, en contra de lo exigido por el fiscal José María Luzón. El instructor explica que los hechos no revisten caracteres de delito de prevaricación dolosa ni culposa, por lo que el caso debe reducirse a la vía disciplinaria, tal como propuso el magistrado instructor del expediente disciplinario, Ignacio Sierra.

El auto del juez Sánchez Melgar se fundamenta en parte en la sentencia de la Sala Penal del Supremo sobre el caso Liaño, que definió la prevaricación judicial como 'el abuso de la posición que el Derecho otorga al juez..., con evidente quebranto de sus deberes constitucionales'.

El instructor analiza la decisión de excarcelar a El Negro y concluye que 'no puede considararse objetivamente injusta por más que pueda ser discutible' porque el tribunal contó 'con el informe de un médico psiquiatra que recomendaba un tratamiento ambulatorio, el cual se interpretó 'externo a la cárcel'. Por tanto, tal decisión no puede calificarse de 'esperpéntica' o 'clamorosamente injusta'.

Es, sin embargo, en las medidas cautelares aplicadas a El Negro donde el instructor aprecia que la resolución fue 'injusta'. Sánchez Melgar asegura que la cuantía de la fianza, cinco millones de pesetas, fue muy exigua para contener el riesgo de fuga de El Negro, un preso para el que Antidroga pedía 60 años de prisión y 69.000 millones de pesetas de multa por un alijo de 10 toneladas de cocaína conocido como Operación Temple. A raíz de la instrucción ha podido saberse que El Negro contaba con cinco despachos distintos de abogados encargados de su defensa, 'a los que pagaba sumas muy elevadas'.

El instructor aprovecha esta conclusión para salvar la cara al fiscal Luzón, señalando que la querella por prevaricación dolosa 'resultaba razonable', por más que no entra después a valorar la petición de procesamiento por el mismo delito. Sin embargo, al analizar la intencionalidad de los magistrados Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero, concluye que no existe ningún elemento para sostener que los tres jueces tuvieran intención de procurar una injusta excarcelación de Carlos Ruiz o de facilitarle la fuga, y descarta cualquier indicio de lucro tras la investigación exhaustiva de sus patrimonios.

'Que los magistrados se equivocaron es algo que tienen asumido', añade el instructor, que tampoco aprecia indicios de prevaricación dolosa. Sánchez Melgar concluye que la respuesta a ese error puede ser 'de contenido disciplinario'. En esa vía, sobre los magistrados recae una propuesta de 7 meses de suspensión por falta muy grave de desatención de sus funciones, que conllevaría la pérdida de su destino en la Audiencia Nacional.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 15 de mayo de 2002