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Sánchez opina que Delgado pecó de exceso de celo jurídico

El Gobierno sostiene que en ningún momento dudó en defender a Llarena

La ministra de Justicia, Dolores Delgad, en la Comisión de Justicia del Congreso, en junio.
La ministra de Justicia, Dolores Delgad, en la Comisión de Justicia del Congreso, en junio.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, se enfrenta a un fuerte ataque de la oposición por el caso Llarena y todo indica que será reprobada en el Senado, donde el PP tiene mayoría. Sin embargo, el Gobierno y en especial el presidente ha decidido respaldarla y sobre todo explicar que en ningún momento ella se planteó no defender al juez del Tribunal Supremo ante la justicia belga, sino que simplemente hubo un debate interno sobre qué estrategia jurídica era mejor seguir para lograr que la demanda civil que le ha impuesto Carles Puigdemont no prospere.

El presidente, durante su gira latinoamericana, dijo en una conversación informal con los periodistas que él apoya a la ministra, que habla prácticamente a diario con ella, y aseguró que en todo caso Delgado pecó de “exceso de celo jurídico” en el caso Llarena porque se ha comprobado que “es imposible separar lo público de lo privado”.

Ese exceso de celo jurídico del que habla el presidente es precisamente el argumento fundamental del Gobierno para explicar por qué se pasó de un comunicado el jueves en el que se decía que “la demanda presentada en Bruselas incluye también referencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez ante las que el Gobierno no puede actuar (...)” al texto del domingo en el que se dejaba claro que el Gobierno se hará cargo de la defensa de Llarena en cualquier caso.
Ese exceso de celo jurídico, que se produjo después de una reunión de cinco horas en el ministerio ese jueves, no era, según fuentes del Gobierno, una resistencia a defender a Llarena sino la consecuencia de un análisis de la estrategia jurídica a seguir en Bélgica para evitar que la demanda prosperara. La decisión de personarse en el caso Llarena para defender la inmunidad de jurisdicción y la soberanía jurisdiccional española estaba tomada desde el momento en que lo solicitó el Poder Judicial, insisten en el Ejecutivo.

Primero se intentó contactar con el Gobierno belga, que contestó que no podía hacer nada y el Ejecutivo español tenía que dirigirse directamente al tribunal donde se estaba estudiando la demanda. Después de darle muchas vueltas durante todo el mes de agosto, el jueves 23 se tomó la decisión en el ministerio de buscar esa estrategia que separaba el proceso en dos partes para tener una garantía mayor de éxito, siempre según el Ejecutivo, pero ese último párrafo provocó una reacción muy dura en especial de la Asociación Profesional de la Magistratura que llevó al Gobierno el domingo a aclarar que defenderá a Llarena en cualquier caso, sin ningún tipo de matiz, después de varias conversaciones de la ministra con el presidente y la vicepresidenta, Carmen Calvo.

Ahora desde Justicia preparan la defensa del juez y ya tienen ultimado el proceso de contratación de un abogado, que podría llegar hoy mismo. Este viernes el Consejo de Ministros podría analizar el asunto para zanjarlo. El Gobierno no acaba de explicarse cómo se ha podido complicar tanto el caso Llarena. La contratación del abogado cerrará la parte técnica, pero la política acaba de empezar porque la oposición lo ha tomado como un asunto central.

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