Sánchez dice que la defensa del juez Llarena “es una cuestión de Estado”

La demanda civil interpuesta en Bélgica por el expresidente catalán, Carles Puigdemont, contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa contra los responsables del procés, “no es una cuestión privada, es una cuestión de Estado”. Con estas palabras ha completado el presidente Pedro Sánchez el giro que ha dado el Gobierno sobre este asunto desde que el pasado jueves el Ministerio de Justicia advirtiese de que “en ningún caso” el Estado podía asumir la defensa del juez por unos actos privados, en alusión a sus declaraciones públicas.

Tras la protesta de las asociaciones judiciales, la Moncloa ya anunció el domingo, a través de una nota, que contratará a un bufete belga para que se haga cargo de la defensa del magistrado y este lunes la ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunciaba que el Gobierno defendería a Llarena “hasta las últimas consecuencias”.

En la rueda de prensa que ha ofrecido en Santiago de Chile, tras reunirse con el presidente Sebastián Piñera, Sánchez ha despejado cualquier duda alegando que no se trata de defender a un juez concreto, en alusión a Llarena, sino que lo que está en juego es “la soberanía de jurisdicción” del Estado español. Lejos sin embargo de reconocer cualquier rectificación, ha asegurado que el Gobierno escuchó “desde el primer minuto” los requerimientos del Consejo General del Poder Judicial, para que amparase al magistrado, “y los ha ido atendiendo de manera positiva”.

Sánchez ha salido también al paso de las críticas a la Fiscalía, que ha abierto una investigación a los Mossos por identificar a las personas que retiran de los espacios públicos los lazos amarillos en demanda de la liberación de los políticos catalanes presos. Tras recordar que los fiscales son autónomos, sugiriendo que el Gobierno no tiene nada que ver con esa investigación, ha añadido que, “en este caso, [el Ministerio Público] está obligado a pedir esa información”.

Sánchez ha contestado también al presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien le ha emplazado a pasar de las palabras a los hechos a la hora de abordar la crisis catalana, recordándole que su propuesta no es la independencia sino el “respeto escrupuloso del autogobierno”.

En su opinión, el autogobierno y no la independencia es lo que puede aglutinar a la mayoría de la sociedad catalana y superar la actual crisis de convivencia. Para demostrar la voluntad del Gobierno de ir más allá de las palabras, ha anunciado que antes de final de año se celebrará por primera vez una reunión del Consejo de Ministros en Barcelona y otra en Andalucía, que tiene previstas elecciones autonómicas en los próximos meses, para aprobar medidas concretas sobre problemas que preocupan a los ciudadanos de dichas comunidades.