Jueces y fiscales creen que Bélgica no debe admitir la demanda al juez

El juez belga que examinará la demanda civil contra el juez Pablo Llarena no debería “ni admitirla a trámite” por “falta de competencia”, coinciden diversos jueces y magistrados españoles. Llarena está citado en persona el próximo 4 de septiembre para comparecer ante la justicia belga por la demanda presentada por los abogados del expresident Carles Puigdemont y cuatro consejeros huidos. El juez dará voz a las partes y, sin entrar al fondo del asunto, deberá decidir si la admite a trámite la demanda. Y, en su caso, cuál será su alcance. Puigdemont reclama a Llarena “un euro” por vulnerar su derecho al honor.

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Jueces y fiscales aplauden la decisión del Gobierno español de personarse desde el primer minuto —tal como solicitaron sus asociaciones— en el procedimiento y de defender íntegramente al magistrado del Supremo que dirige la causa sobre el procés. Y consideran que no podían hacerse distinciones entre el “Llarena ciudadano” y el “Llarena juez” porque la demanda de Puigdemont mezcla “hábilmente” ambas esferas. “La demanda está planteada de un modo forzado para desautorizarlo. No puede distinguirse entre las declaraciones privadas de Llarena y lo que decide en la instrucción”, defiende Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que reconoce la “habilidad” de los abogados del expresident. En su opinión, “la única decisión oportuna” de la justicia belga es “la inadmisión a trámite” de la demanda. Rodríguez aplaudió la “reevaluación” del criterio del Gobierno y el hecho de que vaya a contratar los servicios de un despacho de abogados belga.

La demanda de Puigdemont contiene alusiones a unas conferencias públicas de Llarena pero, sobre todo, hace un recorrido por las decisiones judiciales que han podido vulnerar derechos fundamentales del expresident, como el de participación política. Ante la naturaleza de esa demanda, insisten las fuentes consultadas, el juez belga “debería inadmitir de plano” la demanda, opina Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia, que dio su apoyo explícito a que el Estado defendiera a Llarena más tarde que otras asociaciones, pero lo hizo precisamente tras conocer el contenido de la demanda. González Vega cree que la polémica de estos días ha sido estéril y que estaba claro que el Gobierno tenía que personarse en el procedimiento desde el principio para alegar la falta de competencia y para defender “la inmunidad de la jurisdicción española”.

Las asociaciones de jueces y fiscales admiten que la presión que han ejercido —con comunicados públicos— puede haber influido para que el Gobierno acelere su decisión de no esperar y asumir sin reservas la defensa de Llarena. Creen que también influencia de algún ministro y ante la opinión pública que .

Tenían que entrar desde el principio para defender que habla de la instrucción, porque menciona la no neutralidad. “Hace afirmaciones absolutamente generales sore la instrucción”.

Jueces para la Democracia noc re que sea un cambio, sino un impulso. “Confusión” innecesaria. “Hábiles con las triquiñuelas”.

APM distinción “artificiosa”, no pueden “deslindarse”, había informes del servicio jurídico. “Burda”. “Contradicción hábilmente planteada por los abogados”, hacen ver que se dirigen como persona física pero van más lejos. Podía personarse solo en defensa del Estado y decirle que no era parte, ridículo.