Ciudadanos pide al Congreso que inste al Gobierno a defender a Llarena en Bélgica

Aunque el Gobierno anunció ayer que asumirá la defensa jurídica del juez Pablo Llarena en Bélgica ante la demanda que le ha interpuesto Carles Puigdemont, la oposición quiere garantías de que el Ejecutivo actuará en apoyo del magistrado. Ciudadanos busca un pronunciamiento del Congreso y este lunes ha registrado una proposición no de ley en la que pide a la Cámara baja que mandate al Gobierno a asumir la representación del juez del Supremo y condene su "acoso, señalamiento y persecución". El PP considera que no es suficiente con la defensa jurídica del juez y pide a la Fiscalía General del Estado que estudie si puede querellarse contra el juzgado belga solo por admitir la demanda contra Llarena. Los socios parlamentarios del Gobierno, Podemos, y los independenistas catalanes, rechazan al contrario que el Estado asuma la defensa jurídica del magistrado.

"Presentamos esta propuesta ante la indefensión del juez Llarena. Ante el acoso de los separatistas es fundamental que el Congreso defienda la jurisdicción española y a los jueces y fiscales", ha explicado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, tras el registro de su iniciativa. Según Rivera, defender al juez "es defender a España" y no es una "opción, sino una obligación democrática". Ciudadanos acusa al Gobierno de no actuar por sus peajes con los socios catalanes —"Como el Gobierno está en manos de Torra y Puigdemont queremos que el Congreso debe mandatarle a actuar de manera inmediata", ha abundado Rivera— y no está satisfecho con la respuesta del Ejecutivo anunciada ayer de que ahora sí asumirá sin matices la representación legal del juez. El Estado "no puede depender del estado de humor de Pedro Sánchez", ha criticado Rivera en referencia a los vaivenes del Ejecutivo en este asunto.

La proposición registrada por Ciudadanos insta a la "urgente e inmediata personación [del Estado]" en el procedimiento belga, expresa el reconocimiento y apoyo a los miembros de la carrera judicial ante las "situaciones de acoso y presión" que sufren "especialmente en Cataluña", y condena el "acoso, señalamiento y persecución sufridos por el magistrado Pablo Llarena y su familia". 

El PP llevará el asunto también al Parlamento con la comparecencia de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y critica que Sánchez vaya "a rebufo" del PP, que lleva días reclamando que asuma la defensa jurídica de Llarena.  La demanda contra el juez del Supremo "es una afrenta a todo el poder judicial español", ha considerado el líder popular, Pablo Casado, que ha pedido a la Fiscalía General del Estado que estudie "hasta qué punto se puede querellar ante ese juzgado belga por inmiscuirse en la inmunidad e integridad de la jurisdicción española".

La posición contraria adoptan los socios del Ejecutivo en la moción de censura, que critican el cambio de postura de Pedro Sánchez. Podemos, principal aliado parlamentario, ha juzgado de "absurdo" que el Estado intervenga, en opinión del secretario de Organización, Pablo Echenique, porque la demanda se circunscribe al "ámbito privado" del juez. "Es una demanda que hacen a este señor en su ámbito privado. En un primer momento el Estado dice que va a entrar a la defensa siempre y cuando se afecte a la jurisdicción española y parece ser que ahora vamos a costear todos los españoles la defensa de este señor, aunque sea por declaraciones que ha llevado a cabo en su actividad privado", ha criticado.

ERC y PDeCAT han acusado al Gobierno de ceder ante la presión de la derecha. El portavoz adjunto de los republicanos, Gabriel Rufián, ha censurado que la decisión demuestra la "poca valentía" de su presidente, Pedro Sánchez, y del PSOE y "la nula separación de poderes en el Estado". "Se le presumía un poco más de valentía a Pedro Sánchez, al PSOE y a toda la esperanza que conllevaron con su nombramiento. Lo que hacen es decepcionar", ha afirmado. Rufián ha llamado a Llarena "lacayo de según qué despachos de Génova, 13", sede del PP.

En el PDeCAT acusan al presidente de haberse "amedrentado" ante la presión de "la derecha mediática y política", en palabras de su portavoz, Carles Campuzano. "El Gobierno Sánchez se ha equivocado", ha sentenciado el diputado.

El Ejecutivo anunció ayer por medio de un comunicado de La Moncloa que el Gobierno ultima la contratación de un bufete de abogados en Bélgica para defender a Pablo Llarena, el magistrado que ha instruido la causa principal contra el Procés y que está citado a declarar en ese país el 4 de septiembre demandado por el expresidente catalán. La demanda civil tiene una notable carga política: pone en duda la imparcialidad del magistrado y contiene afirmaciones tan gruesas como que España está “al lado de Kazajistán entre los Estados delincuentes que se niegan a someterse a los principios que rigen los derechos fundamentales universales".

El presidente del Gobierno decidió este domingo que se actuara en su defensa aunque Justicia rechazaba asumir los actos privados —unas declaraciones en una conferencia en la que niega la existencia de presos políticos en España— que la demanda atribuye al juez del Supremo.