Las tarifas de Villarejo: 200.000 euros por colar una cámara en un baño público

Los dosieres elaborados por el comisario José Villarejo por los que el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea mantiene en prisión al policía jubilado no salían baratos. Un informe elaborado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional sobre el llamado informe Pintor —y por el que están imputados el empresario Juan Muñoz Tamara, marido de la periodista Ana Rosa Quintana, su hermano Fernando y, al menos, otras tres personas— revela que el policía retirado era consciente de que parte de su actividad era ilícita y, por ello, exigía elevadas cantidades de dinero.

En una de las conversaciones que el propio Villarejo grabó, y cuyo archivo sonoro la policía intervino en su domicilio de Boadilla del Monte (Madrid), el comisario informaba a sus clientes de que había instalado en el baño público de un local de copas una cámara para registrar a una de las víctimas de sus presuntas extorsiones cuando consumía droga.

“Punto uno, en el futuro obviamente cualquier cliente que nos recomendéis, menos de 150 o 200 papeles (150.000-200.000 euros) no se cobran por esos curros, porque el tema del baño, etc., son cosas de alto riesgo, si te pillan y te comes cuatro años por lo de descubrimiento y revelación de secretos”, les dijo el 23 de mayo del 2017 a Juan Muñoz y su hermano que le habían contratado.

Villarejo, que permanece en la cárcel de Estremera desde el pasado noviembre acusado de cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales, revelación de secretos y falsedad documental, llegó a facturar al menos 5,5 millones de euros desde 2005 por estos dosieres, según un reciente escrito de la Fiscalía Anticorrupción.

El informe policial, fechado el pasado 26 de julio y al que ha tenido acceso EL PAÍS, concluye que “no se conoce con certeza el precio satisfecho” por los hermanos Muñoz a Villarejo por dos informes que sumaban 80 páginas sobre otro empresario al que los primeros acusaban de tener una deuda con ellos -nunca demostrada- y el exjuez que asesoraba legalmente a este último, pero destaca que en sus conversaciones existen “múltiples” referencias a pagos.

Así, destaca que Muñoz instaba al comisario a pasarle “la dolorosa”, forma popular de hablar de una factura. En otra conversación, el comisario invitaba a este y a su hermano a reunirse con él en su oficina y hablar de “los honorarios”. Además, el policía ahora encarcelado les recalcaba en uno de sus encuentros que iba a tener que “subcontratar” a detectives de su confianza como “apoyo” en las investigaciones y a los que había dado “sus pelas”. No obstante, el comisario les aseguraba que les haría “precio de estudiante”.

En sus declaraciones como investigados, Juan y Fernando Muñoz admitieron que contrataron los servicios de Villarejo para conocer la situación patrimonial de otro empresario, M. M., al que acusaban de deberles dinero, y la de su abogado y exjuez, F. J. U., y que el policía les pidió 200.000 euros por unos informes que incluían, precisamente, imágenes grabadas en un baño público de un local de copas de Marbella en el que supuestamente se veía a este último consumiendo droga. Luego aseguraron que rechazaron esa grabación, que nunca usaron ese material ni pensaron hacerlo y que, al final, únicamente le abonaron 20.000 euros. Ambos siguen imputados, junto a otros dos abogados. Las dos personas que fueron espiadas por encargo suyo se han personado en la causa como perjudicadas.

Bases policiales

La investigación policial ha permitió intervenir los dos informes elaborados por Villarejo para los hermanos Muñoz, y que el policía bautizó como ‘M.29’ y ‘Objetivo U.312’, en referencia, respectivamente, al nombre del empresario y al apellido del exjuez espiados. En ellos se incluyen numerosas fotografías de los seguimientos realizados a ambos y de las personas con las que se reunían, así como capturas de la pantalla del ordenador del segundo tomadas cuando consultaba su correo electrónico en un establecimiento público. El dosier de Villarejo también incluye referencias a los antecedentes policiales y vehículos que poseían y que solo pudieron conseguirse consultando dos bases policiales de carácter confidencial: SIDENPOL (que recoge las denuncias ante la Policía Nacional) y ARGOS (sobre titularidad de vehículos).

En el momento en el que se realizaron estas consultas —entre el 16 de marzo y el 25 de abril de 2017—, Villarejo ya estaba jubilado como policía, pero los investigadores han podido identificar a los dos policías que accedieron al sistema. Uno es un subinspector destinado desde 2009 en la Comisaría General de Información, especializada en la lucha antiterrorista. El segundo es un agente que cuando pertenecía a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Granada y que, meses después de los hechos, pasó a la Provincial de Málaga y ya ha sido citado como imputado en la causa.