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El juez archiva la investigación de los audios de Corinna sobre Juan Carlos I

Anticorrupción pide el sobreseimiento provisional de la pieza separada sobre el Rey emérito en el 'caso Villarejo'

Don Juan Carlos de Borbón.

La justicia no investigará a Juan Carlos I. El juez del caso Tándem acordó este viernes —en sintonía con la Fiscalía Anticorrupción— el sobreseimiento provisional de la pieza que afecta al padre de Felipe VI. El fallo llega un mes y medio después de arrancar las pesquisas. El instructor considera que no hay pruebas suficientes en las grabaciones a Corinna Larsen. Y que Juan Carlos I era inviolable cuando ocurrieron los supuestos hechos.

Indicios “extraordinariamente débiles”, según la fiscalía

Las afirmaciones de Corinna Larsen sobre supuestas comisiones cobradas por Juan Carlos I, testaferros y cuentas en Suiza “no son susceptibles de investigación en sede penal”. Además, los indicios esgrimidos “son extraordinariamente débiles”, según la Fiscalía Anticorrupción que solicitó este viernes al juez instructor de la causa el sobreseimiento provisional de la pieza Carol.

Los fiscales que investigan el caso Villarejo añaden que, además de los “débiles” indicios que recoge la grabación realizada por el ex comisario a la antigua amiga del rey emérito, los hechos se remiten a fechas en las que Juan Carlos I gozaba de la inviolabilidad que reconoce la Constitución. 

Sobre el terreno en Marrakech (Marruecos) que, según Corinna, se puso a su nombre y le reclaman transmitir a un familiar del rey, Anticorrupción señala “que no existe ningún elemento que permita colegir que tal terreno proceda de una actividad ilícita” y apunta, en todo caso, a “una posible elusión fiscal”.

Con respecto a las afirmaciones de que Álvaro de Orleans, el primo del rey, ostentara la titularidad de cuentas de Juan Carlos I en Suiza se pronuncia así: “Los datos son notoriamente insuficientes, aluden a una posible cuestión fiscal no susceptible de mayores indagaciones, pues el hipotético requerimiento de información a las autoridades suizas no permitiría ir más allá de lo que se conoce como una fishing expedition (investigación prospectiva y sin datos)”.

Los fiscales califican de indicios “extraordinariamente débiles” el supuesto cobro de comisiones del rey por la obra del AVE a la Meca que le atribuye Corinna. No obstante, al tratarse de un posible caso de corrupción en transacciones internacionales apuntan a la posible apertura de una investigación en otra causa diferente si se acreditan los indicios de criminalidad y tras la presentación de una querella por la propia fiscalía.

La línea de investigación archivada indagaba una conversación mantenida en Londres en 2015. En ella, la antigua amiga del ex jefe de Estado Corinna Larsen atribuía —sin pruebas— al monarca el cobro de comisiones y el uso de testaferros para ocultar una supuesta fortuna en Suiza y un terreno en Marrakech. Para justificar el carpetazo, el instructor de la Audiencia Nacional Diego de Egea sostiene que los “actos” atribuidos por Corinna a Juan Carlos I se desarrollaron entre 2009 y 2012, cuando el rey emérito estaba blindado por la inviolabilidad. Una condición que perdió al abdicar, en junio de 2014.

El juez añade para justificar el sobreseimiento —adelantado el pasado jueves por EL PAÍS—, que las invectivas de la consultora contra Juan Carlos I no están acreditadas. Y que se lanzaron seis años después de que Larsen rompiera su “relación de amistad” con el ex jefe del Estado.

Sostiene el magistrado que la empresaria de origen alemán no aportó pruebas para avalar las acusaciones. Y es que Larsen llegó a decir que fue testaferro del monarca y que este utilizó a su primo Álvaro de Orleans y Borbón para esconder una supuesta fortuna en Suiza. Unos hechos que De Orleans negó a este periódico.

Tampoco aparecen evidencias documentales contra el rey emérito —según el magistrado— en los archivos incautados por la policía el pasado noviembre a la red del presunto cabecilla de Tándem, el excomisario José Villarejo, que durante dos décadas acumuló munición en forma de grabaciones y archivos sobre personalidades clave del Estado.

El juez reconoce que pidió a la Unidad Antifraude de la Agencia Tributaria un informe sobre “la titularidad de cuentas de S. M. Juan Carlos I”. Los audios captados a Corinna atribuían al rey el cobro de comisiones ilegales por intermediar en la construcción del AVE a La Meca. Una obra de más de 7.000 millones de euros que recayó en 2011 en un consorcio de 10 firmas españolas lideradas por OHL y dos empresas saudíes.

Antes de la amnistía fiscal

El juez De Egea indica que los supuestos delitos —cohecho internacional y blanqueo de capitales— se habrían cometido antes de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.

El instructor tampoco aprecia ilícitos penales en el papel que jugó Villarejo en la grabación. Y arremete contra el comisario jubilado por enmarcar su visita a Londres de 2015 en una misión de Estado. Una versión que ya desmontó el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el general Félix Sanz Roldán, durante su comparecencia en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso el pasado 25 de julio.

La conversación de Corinna con Villarejo fue intervenida por los agentes de Asuntos Internos de la Policía Nacional en la casa del socio del policía, Rafael Redondo, que permanece en prisión preventiva desde el pasado noviembre. Los policías encontraron el audio en una carpeta titulada partners (compañeros, en inglés). Y se llevaron también una conversación entre Redondo y Corinna.

El magistrado Diego De Egea ha archivado desde el inicio de las pesquisas, en noviembre de 2017, tres de las cinco piezas del caso Tándem. El juez dio carpetazo a la ramificación que afectaba a un trabajo de Villarejo contratado por el bufete Herrero y Asociados. Y puso el punto y final a la derivada de la causa que indagaba los posibles delitos de un informe para la familia propietaria de la urbanización La Finca. Ayer, enterró su pieza más controvertida.

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