Pinochet, un personaje en busca de autor, lo halló en Baltasar Garzón

El caso Pinochet comenzó a balbucear el 4 de julio de 1996 en Valencia, cuando la Unión Progresista de Fiscales (UPF) presentó una denuncia contra el ex dictador por genocidio, terrorismo y torturas en Chile, y, al día siguiente, el abogado Joan Garcés se querelló en nombre de las víctimas en la Audiencia Nacional. La minusvaloración del caso, considerado un intento voluntarista testimonial, y la intervención de Garzón lo convirtieron, al lograrse el arresto de Pinochet, en un caso internacional.Es un dato hasta ahora inédito, pero básico: fue la víctima más emblemática de España en el Chile de Pinochet la que resucitó para desencadenar el caso Pinochet. Corrían los primeros días de julio de 1996. El día 16 se cumplían 20 años del asesinato de Carmelo Soria, español y chileno, nieto del urbanista español Arturo Soria, secuestrado y asesinado en Chile, en 1976, por un comando de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Augusto Pinochet, en el cual participaba nada menos que el edecán del entonces dictador.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF), una agrupación de miembros de la carrera fiscal, no tuvo tiempo para saborear su primer éxito con la admisión a trámite por parte del juez Baltasar Garzón, en junio de 1996, de una denuncia sobre genocidio, terrorismo y torturas en la Argentina del general Videla. Los fiscales de la UPF se pusieron a trabajar sobre Chile. La decisión: evitar la prescripción, en España, a los veinte años, del brutal asesinato de Carmelo Soria, funcionario de Naciones Unidas.

El 4 de julio, el fiscal de Valencia Miguel Miravet presentó la denuncia en el juzgado de guardia. Casi al mismo tiempo, los familiares del sacerdote español Antoni Llidó, ejecutado por la dictadura de Pinochet, acudieron a los mismos juzgados con un escrito de querella. Al día siguiente, con la próxima prescripción del crimen de Carmelo Soria en la mente, el abogado valenciano Joan Garcés, ex asesor del presidente chileno Salvador Allende, presentó una querella en la Audiencia Nacional.

El juez Manuel García-Castellón, titular del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, a quien tocó por reparto la querella, dictó un auto el 8 de julio en el que iniciaba las diligencias previas para determinar los hechos descritos por Garcés y solicitó informe al fiscal Javier Balaguer, adscrito a su juzgado, sobre la competencia para investigar los hechos. Balaguer dio cuenta a su entonces superior jerárquico, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, de que informaría a favor de la competencia.

Eran aquéllos unos días de desorden y mudanza. El Partido Popular había ganado las elecciones en marzo de 1996 y el flamante Gobierno de José María Aznar todavía no había resuelto los cambios en la Fiscalía General del Estado, cuyo titular era Carlos Granados, ni en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a cargo de Aranda. Fue en esos días de julio que Aranda transmitió la posición de Balaguer, favorable a la competencia española en Chile. Granados, como otros fiscales de sala, no creía en ella, pero estaba a punto de ser cesado. Dio, como quien no quiere la cosa, vía libre para que Balaguer actuara conforme a su leal saber y entender. A la querella de Garcés se unieron la denuncia de la UPF y la querella de la familia Llidó, procedentes de Valencia. El caso, pues, había nacido.

Pero en enero de 1997, José Aranda fue destituido en la Audiencia Nacional; la designación de Eduardo Fungairiño en su lugar, en mayo de 1997, implicó, entre otras muchas cosas, la declaración de guerra a los casos de Argentina y Chile. El 2 de octubre, Fungairiño elaboró un informe en el que tildaba al Gobierno constitucional de Allende como "regimen" y subrayaba que los golpes militares en Argentina y Chile sólo se habían propuesto la interrupción "temporal" del orden constitucional en dichos países y cuestionó la jurisdicción española. Fungairiño declaró a finales de ese mes a El Mercurio -un periódico que recibió apoyo financiero de la CIA para desestabilizar a Allende, en 1970- que España carecía de jurisdicción. El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, le apoyó.

El proceso Pinochet se convirtió en un caso mundial: centenares de víctimas acudieron a Madrid, de Chile y otros países, para aportar sus datos y declarar ante el juez García Castellón. Con todo, sus adversarios lo consideraron siempre un procedimiento testimonial, un viaje a ninguna parte.

Fue la acción decidida de Baltasar Garzón lo que puso en proa al caso. El juez investigaba un capítulo de las actividades delictivas de Pinochet en la llamada Operación Cóndor, un organismo de inteligencia creado por el ex dictador y otros colegas de América Latina, para ajusticiar a opositores políticos. El 16 de octubre de 1998 Garzón ordenó, a través de Interpol, el arresto de Pinochet, quien disfrutaba de un viaje de placer, negocios y de salud por Londres. Las autoridades británicas ejecutaron la orden la misma noche, cuando el ex dictador salía, en la London Clinic, de una operación de columna vertebral.

El caso Pinochet se creció por una doble convergencia. Por un lado, los enemigos del mismo -de fuera y dentro de España- lo minusvaloraron; por la otra, Pinochet, un personaje en busca de autor, lo terminó por encontrar en Baltasar Garzón.