La familia Franco advirtió por burofax al Gobierno de que cometerá prevaricación si exhuma al dictador

Los Franco, por si había alguna duda, no quieren al dictador fuera del Valle de los Caídos. La familia del autócrata advirtió el 23 de agosto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que si sigue adelante con la exhumación de los restos del militar podría incurrir en un delito de prevaricación y usurpación de funciones y otro de "profanación de sepultura". La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) remitió un comunicado de la familia vía burofax a la presidencia del Ejecutivo hace justo una semana, la víspera de la aprobación en Consejo de Ministros del real decreto que blinda la retirada de los restos del dictador del Valle de los Caídos, un mausoleo gigantesco construido entre 1941 y 1959 por unos 20.000 hombres, muchos de ellos presos políticos. En la notificación, firmada por el nieto de Franco José Cristóbal Martínez-Bordiú, la FNFF amenaza a Moncloa con emprender "las acciones civiles y penales que correspondan".

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"Ponemos en su conocimiento, por si se les hubiera pasado inadvertido, que dicha aprobación [en referencia al real decreto] contraviene el artículo 86 de la Constitución por falta absoluta del presupuesto habilitante al no concurrir el requisito imperativo de la extraordinaria y urgente necesidad", se puede leer en el burofax remitido por la FNFF al Gobierno, al que ha tenido acceso EL PAÍS y que fue adelantado este jueves por eldiario.es. La fórmula utilizada por el Ejecutivo —el decreto ley que reforma la Ley de Memoria Histórica y ampara el proceso administrativo— también provocó quejas en PP y Ciudadanos, que no consideran que la exhumación sea urgente y no respaldarán al Gobierno en la votación en el Congreso. Está previsto que ambos se abstengan, aunque el partido liderado por Albert Rivera apoyó en mayo de 2017 la proposición no de ley presentada por el PSOE en la que se pedía retirar los restos del autócrata del macromausoleo, en donde descansan con todos los honores desde hace 43 años. A pesar de la abstención de los partidos de derecha, la Moncloa confía en que su medida saldrá adelante porque necesita mayoría simple —más votos a favor que en contra— y en principio cuenta con el sí de Unidos Podemos y los nacionalistas (PDeCAT, ERC y PNV), con lo que los votos a favor serían 177, uno más que la mayoría absoluta.

La FNFF, dedicada a enaltecer la figura del dictador, advirtió a Moncloa en el burofax de que la exhumación puede ser constitutiva "de un delito de prevaricación y usurpación de funciones, sin perjuicio de la posible comisión de un delito de profanación de sepultura ubicada en lugar de culto, inviolable, de acuerdo con el tratado internacional con la Santa Sede de 1979". "Esta Fundación se reserva el ejercicio de las acciones civiles y penales que correspondan en caso de que proceda a la aprobación y ejecución del real decreto ley", termina el comunicado firmado por el vicepresidente primero de la FNFF, que fue recibido por el Gobierno cuatro días después, el 27 de agosto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este jueves en Colombia que la FNFF está planteando una "amenaza" a la presidencia del Ejecutivo y ha garantizado que va a seguir adelante con sus planes. "La determinación es firme, y mañana, en el Consejo de Ministros, se comenzará el expediente de exhumación del dictador porque entendemos que ninguna democracia puede tener ningún mausoleo que le rinda tributo", ha dicho en una rueda de prensa en Bogotá junto al presidente de Colombia, Iván Duque, informa Miguel González.

La familia de Franco ya había dejado ver que agotaría los recursos legales a su alcance para impedir la exhumación en el Valle de los Caídos de los restos mortales del dictador. Al día siguiente de la aprobación del decreto ley, los Franco hicieron público un comunicado en el que afirmaban que "bajo ningún concepto" colaborarían "activa o pasivamente" en la decisión del Gobierno del PSOE. Solo unas horas antes, Francis Franco, el nieto mayor del militar golpista, calificó de "ridícula" la medida de Moncloa en declaraciones a Antena 3.

El Ejecutivo comenzará este viernes el procedimiento para la exhumación, con la aprobación de un acuerdo de incoación, que designará un órgano instructor y dará 15 días a la familia para que puedan personarse, presentar alegaciones y comunicar el destino que deseen para los restos mortales de Franco. Si no se hacen cargo de ellos, Moncloa decidirá adónde van. Aunque la familia se opone, no podrá actuar jurídicamente contra el decreto. Lo que sí podrá hacer es recurrir la decisión administrativa ante la Audiencia Nacional.