“Nadie me ha pedido perdón”, asegura la madre de la niña asesinada a manos de su maltratador

"Nadie me ha pedido perdón", asegura Ángela González, la mujer a la que el Estado deberá indemnizar por el asesinato de su hija en 2003 a manos de su exmarido, denunciado por maltrato, durante un régimen de visitas sin supervisión impuesto por un juzgado. "No me ha llamado nadie del Gobierno", comenta González. "No hemos hablado directamente con nadie del Gobierno, pero creemos que tienen la voluntad de cumplir", explica su abogada, Gema Rodríguez.

La secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, ya aseguró el pasado viernes, día en que se conoció la sentencia, que el Gobierno acataría la resolución, que consideró "un ejemplo de reparación de derechos". "Vamos a tener una atención especial con este caso y nos felicitamos porque haya sido resuelto a favor de los derechos de las mujeres", añadió Murillo.

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El Tribunal Supremo sentó jurisprudencia este viernes al dar la razón a Ángela González, tras 15 años de lucha, en una sentencia que responsabiliza al Estado de daños morales y le impone una indemnización de 600.000 euros. González agotó todas las vías judiciales en España y decidió llevar el caso a la ONU, que sí reconoció la responsabilidad del Estado español por no haber protegido a la niña. El Supremo obliga ahora al Estado a acatar esa resolución. "Por fin alguien me ha leído, alguien me ha escuchado y alguien me ha creído", dice emocionada González, que desea que lo que le ha pasado a ella no le vuelva a pasar a nadie nunca más.

"La justicia española tiene que tomar medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes por violencia de género sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y no pongan en peligro los derechos de las víctimas de violencia, incluidos los hijos", ha pedido González. Su hija Andrea, de siete años, veía a su padre por ley durante tres horas sin vigilancia todos los jueves, a pesar de que Ángeles González le hubiera denunciado en 47 ocasiones por malos tratos y otras causas. "Yo el viernes tenía que ir a enseñar cómo había venido mi hija, que no quería volver con su padre, pero en servicios sociales no hicieron bien su trabajo", ha recordado González.

La ONG ha recordado también el caso de Juana Rivas, acusada de dos delitos de sustracción de menores, e instada a entregar a sus dos hijos a su padre, contra el que Rivas presentó una denuncia por malos tratos físicos y psicológicos. "Esta sentencia ahora es una herramienta a la hora de invocar en otros casos. Se está incorporando una mirada de género. Ojalá que en el caso de Juana se pueda mirar también un poco más en el futuro y el porqué esa madre hizo lo que hizo", comentó la abogada, de la organización Women's Link Worldwide.

"El Comité CEDAW [Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer] reconoció que sí hubo responsabilidad de estado, sí se cometieron negligencias y sí, esas negligencias fueron las responsables del asesinato de mi hija", ha destacado Ángela González, que ha reconocido sentirse "muy aliviada" con la resolución.