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España no indemnizará a la madre de una niña asesinada por su padre

Naciones Unidas había condenado a España por negligencia en proteger a la menor

Ángela González, el 19 de enero.
Ángela González, el 19 de enero.

El Estado español no indemnizará a Ángela González. Seis meses después de la histórica condena del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) a España por no proteger a González, víctima de violencia de género, y a su hija de siete años, a la que su padre maltratador asesinó en 2003 en una de las visitas acordadas en el régimen de separación, el Gobierno considera que no existe base para una reparación económica. El dictamen vinculante del CEDAW marcaba que la Administración debía indemnizar “de manera proporcional” a González por actuar de manera “negligente” al no protegerlas a ella ni a su hija, y daba seis meses a España para contestar.

Ahora, el Ministerio de Justicia responde al CEDAW que los tribunales españoles ya se pronunciaron en contra de González, que no existe base jurídica para la reclamación de la mujer y que “no hay base jurídica" para que haya una indemnización integral. En la respuesta que Justicia ha enviado al comité de la ONU, y que ha podido leer EL PAÍS, se apunta también que no es posible una nueva investigación del caso, como pedía el CEDAW, debido al tiempo transcurrido. Ángela González había denunciado en más de 30 ocasiones a su marido por malos tratos. En 2003, ya divorciada, en una de las visitas pautadas por el juez pese a las alertas del equipo psicosocial que seguía el caso, el hombre mató a la pequeña Andrea de tres disparos en Arroyomolinos (Madrid); después, se suicidó.

González recurrió a todas las instancias judiciales y perdió el caso. Finalmente, acudió a la ONU, que le dio la razón en julio de 2014. Ahora, tras la negativa del Estado a indemnizarla, González y sus abogadas, la organización Women’s Link Worldwide, han recurrido ante la justicia española de nuevo para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado. Gema Fernández, una de las abogadas que ha llevado el caso, recuerda que el dictamen del CEDAW es vinculante. Este organismo se ocupa del cumplimiento del tratado que prohíbe la discriminación de la mujer, que España firmó y ratificó.

“Lo más preocupante es que siguen sin reconocer la gravedad y la responsabilidad del Estado en el asesinato de la niña”, afirma Fernández. González y su equipo reclaman también al Estado un gesto simbólico: una disculpa pública por lo ocurrido. Algo que, critican, no ha llegado.

El CEDAW también realizó una serie de recomendaciones a España, como que se proporcione formación especializada a todo el personal especializado (jueces, trabajadores sociales, abogados de oficio...) que tenga relación con asuntos de violencia de género. El comité de la ONU alertó a España de que, como en el caso de González, estereotipos de género y sobre la naturaleza y gravedad de la violencia de género afectan al derecho de las mujeres a un proceso judicial imparcial; también a los derechos de visita de los padres maltratadores con sus hijos. Estereotipos que pueden erradicarse con formación. No obstante, a pesar de que existen cursos, estos no alcanzan ni al 1% de la judicatura hoy en activo.

La respuesta de Justicia a la ONU por el caso de Ángela González llega en pleno debate sobre la nueva ley de corresponsabilidad parental –ahora en fase de consultas--, que deja la puerta abierta a que los maltratadores tengan la guarda y custodia de sus hijos o puedan participar del régimen de visitas. Una posibilidad que, pese a que los ministros de Justicia, Rafael Catalá, y Sanidad, Asunto Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, han asegurado que no existirá, preocupa a las organizaciones de mujeres y derechos civiles.

De hecho, situaciones como la de Ángela González se siguen produciendo. En siete años, de 2008 a 2014, 20 menores fueron asesinados por sus padres durante el régimen de visitas. Visitas que los jueces conceden muchas veces, alegando el “interés del menor”. Se dan casos, incluso, en que los padres inmersos en un proceso por violencia de género tienen la custodia individual de los hijos.

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