“Quiero que pidan perdón los culpables directos del asesinato de mi hija”

Ángela González, la mujer víctima de violencia de género que ha conseguido que el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) obligue a España a indemnizarla por no proteger a su hija, a la que el maltratador acabó asesinando en 2003 en una de las visitas pautadas en el régimen de separación, ha pedido esta mañana una disculpa oficial del Gobierno por aquella negligencia y una investigación pública para determinar los fallos que se cometieron. "¿Cuánto cuesta el asesinato de una hija por su padre? No hay dinero que pueda compensar eso. Pero, al menos, me gustaría que quienes lo permitieron reconozcan que cometieron fallos y pidan perdón", ha dicho.

González, que recurrió a la ONU después de que su caso fuera archivado tras varios años de batalla judicial, ha afirmado que ningún representante del Gobierno se ha puesto aún en contacto con ella despúes de que se conociera la sentencia, hace dos días. Su objetivo, asegura, no es económico, sino dar visibilidad a su caso para que no vuelva a ocurrir. "Y aún más que el Gobierno, me gustaría que pidieran disculpas los trabajadores sociales y los jueces que consideraron que el derecho del padre a ver a la niña estaba por encima de su protección. No me escucharon ni me creyeron, y siguen sin escuchar ni creer a otras mujeres en la misma situación", ha advertido. González también ha pedido que se abra un centro de ayuda a víctimas de violencia de género con el nombre de su hija, Andrea.

Tras el asesinato de la niña, Ángela denunció a la Administración por no haber hecho caso de sus demandas de protección, pero perdió en todas las instancias. Desde que huyó de su marido en 1999, había puesto más de 30 denuncias contra él y había advertido en decenas de escritos de que amenazaba con hacer daño a su hija para vengarse de ella. Al principio del proceso de separación el juez estableció que el padre solo podía visitar a la niña bajo la supervisión de los servicios sociales, pero dos años después aceptó un recurso del hombre y permitió que la viera a solas. Poco después, el hombre la mató de tres disparos en Arroyomolinos (Madrid) y después se suicidió.

Paloma Soria, abogada de la organización Women's Link que ha llevado el caso ante la ONU, ha recordado que el dictamen, además de obligar a España a indemnizar a Ángela González, establece que el Gobierno debe establecer medidas para que los derechos de custodia y visita no prevalezcan sobre la seguridad de los hijos cuando hay violencia de género, entre ellas una formación especializada obligatoria para los jueces, fiscales y letrados que se encarguen de estos casos. "Es cierto que hemos avanzado normativamente desde que ocurrió este asesinato, como reconoce el propio dictamen, pero en la práctica persisten costumbres y prejuicios en los juzgados que hacen que en muchos casos no se proteja a las mujeres ni a sus hijos", ha explicado. El Gobierno tiene seis meses para enviar a la ONU un informe sobre las medidas que va a poner en marcha para dar respuesta a este resolución.

Aministía Internacional ha documentado decenas de casos en los que se demuestra que estos estereotipos persisten en los juzgados españoles pese a la aprobación de la ley integral contra la violencia de género en 2004. "Se pide a las víctimas que denuncien, pero cuando llegan a las comisarías y a los juzgados se encuentran con tantos obstáculos, que muchas desisten", afirma Virgina Álvarez, responsable del Área de Política Interior y Derechos Humanos de la organización. "Muchos casos son archivados porque la víctima no aporta pruebas, pero es que las pruebas son muy difíciles de aportar en hechos que ocurren en la intimidad y es necesario abrir una investigación para buscar esas pruebas. Pero los casos se cierran sin hacer esas investigaciones", advierte.