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El Ejecutivo estudiará la gestión de los residuos radiactivos tras el freno al almacén de Cuenca

La vigente planificación contempla que el cementerio paralizado ahora por el Ejecutivo debía estar construido hace ocho años

El Ministerio para la Transición Ecológica quiere analizar bien la situación de la gestión de los residuos radiactivos –principalmente, los que generan las centrales nucleares– antes de tomar una decisión definitiva sobre el almacén para estos desechos previsto en Villar de Cañas (Cuenca). Por eso solicitó el 5 de julio al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que dejara "en suspenso la emisión" del informe sobre la autorización de construcción del silo. Ese almacén se enmarca dentro de un plan general de residuos de las nucleares que tiene más de 12 años y está desfasado.

Central nuclear de Ascó (Tarragona).
Central nuclear de Ascó (Tarragona).

Si el mundo fuera como pronosticaba el Sexto Plan General de Residuos Radiactivos –que data de junio de 2006 y aún está vigente–, el almacén para los desechos de las nucleares de Villar de Cañas debería estar funcionando desde 2010; es decir, desde hace ocho años. Evidentemente, no es así: no se ha puesto ni una piedra de ese silo y el Gobierno de Pedro Sánchez acaba de paralizar la tramitación de los permisos de construcción del almacén.

A principios de mes, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, envió un escrito al CSN –encargado de evaluar el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC)– en el que pedía que se "dejara en suspenso la emisión" del informe sobre la autorización para construirlo, como adelantó EL PAÍS. En la misiva, difundida este miércoles por el ministerio, explicaba que la solicitud de analizar ese proyecto se remontaba a 2014. Y que los cambios ocurridos en el país desde entonces llevaban al Ejecutivo actual a pedir que se paralizara la tramitación del expediente de una infraestructura que tiene un coste de mil millones de euros.

Entre los argumentos que daba Domínguez estaba "el reciente cambio de Gobierno" y que está pendiente de "tramitación y aprobación" el siguiente plan general de residuos radiactivos. En ese plan era donde se contemplaba la construcción del silo, que debe financiarse a través de las tasas que pagan las centrales nucleares a la empresa pública Enresa. El Gobierno del PP –que en 2011 eligió una parcela de Villar de Cañas para levantar el almacén– hizo un intento de actualizar el plan de residuos. Pero a finales de 2015 decidió paralizarlo y culpó de ello al Ejecutivo de Castilla-La Mancha, que se opone frontalmente a que el silo esté en Cuenca y lleva maniobrando para impedirlo desde que hace tres años los socialistas volvieron a gobernar esa comunidad.

Diferentes voces y expertos han pedido al Gobierno que actualizara el plan de residuos radiactivos. Y la propia ministra Teresa Ribera se ha quejado de la falta de planificación y de información sobre este tipo de desechos: "No sabemos cuánto cuesta mantener o cerrar las centrales y, por lo tanto, no sabemos cuánto es el volumen de residuos que tenemos que gestionar, ni tampoco las dimensiones que tendría que tener un almacén temporal centralizado", decía en una entrevista con este diario tras ser nombrada.

En su escrito, Domínguez no da por seguro que se descarte por completo que el almacén se levante en Villar de Cañas. El secretario de Estado pide la paralización para "analizar con cierto detalle la situación". "El ministerio no quiere encontrarse con una situación de hechos consumados", resumen fuentes del CSN.

“Proceso chapucero”

Pero desde Castilla-La Mancha se da casi por hecho que el Gobierno descartará ese emplazamiento. El presidente de esa comunidad, el socialista Emiliano García-Page, ha señalado este miércoles a EL PAÍS: "Paralizarlo a estas alturas ya significa el primer paso para un cambio de fondo". "No tiene vuelta atrás", ha añadido el presidente de Castilla-La Mancha. "Todo alrededor del almacén ha sido un proceso chapucero", sostiene. Se refiere a las dudas técnicas sobre los suelos elegidos o la destitución en 2015 del presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, que intentó adjudicar la obra principal del silo sin contar con ningún permiso de construcción ni del CSN ni del Ejecutivo. De hecho, seis años y medio después de que el PP decidiera que el ATC se ubicaría en Villar de Cañas, el proyecto no cuenta ni con la autorización de emplazamiento del Estado, ni con la de construcción, ni con la declaración de impacto ambiental, ni con el plan urbanístico que lo ampara...

Juantxo López Uralde, portavoz de Equo –formación integrada en Unidos Podemos–, ha aplaudido la decisión de paralizar el silo. "Debe poner punto final a un proceso mal realizado, ya que en su día se decidió la ubicación por motivos políticos y no técnicos", ha resaltado a través de un comunicado. "Sin embargo, esta decisión debe venir acompañada de un calendario de cierre nuclear y es urgente un nuevo plan de residuos radiactivos, ya que los residuos radiactivos siguen estando ahí y debe abordarse su gestión", concluye.

"El proyecto se retomará", dice el alcalde

El almacén era hasta hace unas semanas un proyecto sandwich: por arriba contaba con el apoyo cerrado del Gobierno del PP; en medio, estaba el rechazo de Castilla-La Mancha, gobernada por los socialistas; y, por abajo, el alcalde del Villar de Cañas, José Domínguez (PP), José María Saiz, era uno de sus mayores defensores. El cambio en el Gobierno central cambia también ese reparto de apoyos. Pero el alcalde de Villar de Cañas restó importancia ayer al paso dado por el nuevo Ejecutivo. “Ya nos lo esperábamos, pero no han dicho que no se vaya a hacer. Y retomarán el proyecto porque es una necesidad de Estado”, dijo el alcalde. “Hay que hacer el ATC”, insistió el regidor, que recordó que en 2004 todos los partidos en el Congreso aprobaron que se construyera un almacén centralizado.

Ciudadanos criticó ayer la decisión. “No es serio condicionar la política energética del futuro con 84 diputados”, sostuvo este partido en declaraciones a Europa Press. En su opinión, “España necesita una planificación seria de verdad, nacida del consenso político y de un nuevo plan general de residuos”.

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