Tregua de cinco años para legalizar la vivienda de una ecoaldea en Huelva

Nuevos retos en el desafío campal de la ecoaldea onubense de El Calabacino, en el Parque Natural de Aracena. Juan Jesús Pérez y María Puente han pasado de enfrentarse a dos años de prisión, pagar 3.000 euros de multa y una orden de derribo de su casa por un presunto delito contra la ordenación del territorio y el medioambiente, como pedía la Fiscalía de Medio Ambientem a tener cinco años de tregua para legalizar su vivienda. El juez de lo penal 4 de Huelva ha dado su conformidad al acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público y la defensa para que la pareja pueda seguir residiendo en la casa con sus dos hijos durante este periodo y la condena quede limitada a año y medio de cárcel y a una multa de 1.800 euros.

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La lucha se traslada así durante el próximo lustro al Ayuntamiento de Alájar y la Consejería de Medio Ambiente. El siguiente paso es que se apruebe el nuevo Plan de Gestión y Ordenación Urbanística (PGOU) de la localidad en el que se incluya la legalización de lo construido como "hábitat rural diseminado, al amparo del Decreto 2/2012", como se lee en texto rubricado este lunes por la fiscalía y la defensa. "Estamos muy contentos de poder seguir en casa con la familia, como madre te da susto verte en la cárcel y con deudas. Eso nos desestructuraría y supondría un choque muy fuerte. Ahora queda que esto se pueda resolver entre todos y que sirva a los demás", dice María Puente, una de las acusadas, que también debe resolver el aspecto del material empleado para la construcción de su vivienda. "Se ha utilizado paja y madera, lo que supone riesgo de incendio", añade el texto.

El escrito de hoy sirve además de precedente para otras 25 viviendas que tienen abiertos expedientes por construcciones irregulares en esta aldea, despoblada con el éxodo rural de los setenta y que se rehabilitó una década después tras las compras de tierras de estas familias que optan por residir alejadas de las urbes. "Es un éxito. Es importante que la legislación se vaya adaptando a la sociedad y no sea a la inversa. Ahora vamos a iniciar una nueva tramitación de forma particular por cada uno de los interesados para instar al Ayuntamiento a modificar el PGOU y sensibilizar a la sociedad en el municipio. Para que se gestione el territorio en lugar de sancionar", declara el abogado que ha llevado el caso, Ignacio Martínez.

"El Ayuntamiento tiene desde hace varios meses nuestra propuesta de cambios del PGOU. Y esperamos que los consideren. Después será la Consejería de Medio Ambiente la que lo apruebe de forma definitiva", detalla Cecilia Rogríguez, presidenta de la asociación Raíces de El Calabacino, que ha pedido ayuda a la Fundación Savia y a profesionales para elaborar análisis urbanísticos, de impacto ambiental y de biodiversidad que sostengan de forma jurídica la permanencia de todos los habitantes de El Calabacino, que pertenece a la Red Ibérica de Ecoaldeas. "Queremos promover una plataforma para que esto sirva de referencia en otros lugares y se garantice que va acompañado del respeto a la naturaleza", señala Rodríguez.

La Junta de Andalucía ya mostró su disposición el pasado febrero a adaptar las demandas de la sociedad al campo, "siempre bajo cumplimiento de la ley", en un encuentro entre la Consejería de Medio Ambiente y los vecinos. La alcaldesa de la localidad, Carmen Osorno, investigada por prevaricación por estos hechos en territorio municipal, declaró que la delegación de Urbanismo estudiaría las posibilidades para resolver la situación, también "siempre en cumplimiento de la ley", mencionó.