El Gobierno advierte de que ya tiene listo el recurso contra una investidura telemática en Cataluña

El pleno de la Cámara catalana abordará este viernes la reforma de la ley de Presidencia para incluir la posibilidad de una investidura telemática y que los consejeros puedan ejercer desde fuera del territorio español. La iniciativa seguramente prosperará con los 70 escaños que tienen los independentistas (incluidos los votos delegados de Carles Puigdemont y Toni Comín, a la espera de que la justicia alemana y belga, respectivamente, decidan sobre su extradición) pero el Ejecutivo central ha advertido esta tarde que ya tiene listo el recurso para impedir que la reforma legislativa vea la luz.

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Según fuentes de La Moncloa, los servicios jurídicos del Estado ya tienen preparado el recurso contra la reforma de la ley. La idea es presentarlo ante el Tribunal Constitucional en el momento en que comience el debate, pues consideran que el debate en sí mismo ya es recurrible "al ir en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional". De hecho, en los últimos días, los miembros de la Mesa del Parlament ya han sido advertidos de la decisión del Alto Tribunal de aceptar el recurso contra la investidura de Puigdemont que presentó el Gobierno en enero.

Las fuerzas independentistas contaban con que el Ejecutivo recurriera la norma, que entraría en vigor una vez se publique en el diario oficial, pero no con que se intentara frenar el debate. La reforma, promovida por Junts per Catalunya a medida de Puigdemont, busca que el pleno pueda aprobar que un candidato ausente delegue en otro la lectura de la intervención en el debate de investidura.

La propuesta de reforma ya había recibido un dictamen desfavorable por parte del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat, un ente que se encarga de vigilar que las normas catalanas se ajusten a ley. El texto considera que la reforma viola el Estatuto de Autonomía y de la Constitución tanto en el fondo como en la forma y considera inapropiado que se tramite por la vía de urgencia.

En los últimos días, los miembros de la Mesa del Parlament han recibido notificaciones de la Administración de Justicia en la anuncian que el Constitucional ha aceptado el recurso del Gobierno central contra la investidura de Puigdemont. En enero, cuando se presentó el texto, el Constitucional aplazó su admisión pero dictó unas medidas cautelares que incluyen la prohibición de celebrarse una investidura de Puigdemont "a través de medios telemáticos ni por sustitución por otro parlamentario".

Asimismo estableció que declaraba “nulo y sin valor y efecto alguno cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga” dichas medidas cautelares. Con todo, el portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, aseguró la semana pasada que la reforma tiraría adelante pese al dictamen negativo pero descartó la desobediencia de los miembros de la Mesa en la tramitación.