El ‘Constitucional catalán’ rechaza la reforma para una investidura telemática

El Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, el equivalente al Tribunal Constitucional en Cataluña, ha hecho público un dictamen que cuestiona por unanimidad la reforma de la ley de la presidencia de la Generalitat que propone Junts per Catalunya para hacer posible una investidura telemática a la Generalitat. Los juristas advierten que ese escenario iría en contra del Estatut y de la Constitución, pero el presidente del Parlament, Roger Torrent, no se arrugó y poco después convocó para el 3 de mayo el pleno que debatirá la reforma.

Ciudadanos y el PSC recurrieron la proposición de ley que impulsa Junts per Catalunya y que apoya Esquerra, y ahora les ha dado la razón un dictamen que no es vinculante. Queda por ver si el independentismo desoye de nuevo a los juristas catalanes, como ya pasó con los informes que emitieron con la ley del referéndum y la de ruptura, o bien aceptan su contenido.

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El dictamen no solo cuestiona el contenido de la reforma, sino el procedimiento elegido para aprobarla. Junts per Catalunya pretende que sea por lectura única y de ahí la convocatoria del pleno para la próxima semana. Sin embargo, el dictamen dice que la reforma “no cumple los requisitos de naturaleza ni de simplicidad” que exige el Reglamento del Parlament y que esa vía “no es apta para modificar aspectos sustanciales de las leyes de desarrollo básico del Estatuto”.

Más allá de las formas, el objetivo de la reforma es que se pueda elegir a un presidente de la Generalitat sin acudir al pleno y que este autorice a que se celebre el debate para que el candidato presente su programa “por escrito o por cualquier medio previsto en el Reglamento”. Los juristas desdeñan esa posibilidad y consideran que esa materia está reservada al Reglamento del Parlament y que vulnera dos artículos del Estatuto de autonomía, así como de la Constitución.

Horas antes de conocerse ese dictamen, el Tribunal Constitucional hizo público que había admitido a trámite la impugnación que el Gobierno presentó en enero contra la candidatura a distancia de Carles Puigdemont para presidente de la Generalitat y la convocatoria de un pleno para elegirlo, que ya fue suspendida en marzo. La decisión comporta que si ahora se convocara un pleno para investir por vía telemática a Puigdemont se estaría incurriendo en un delito de desobediencia. De ahí que el Tribunal Constitucional advierta a los miembros de la Mesa de la Cámara de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada en el caso del expresidente.

Otro apartado de la reforma pretende que cuando los consejeros “despachen asuntos y funciones que les correspondan por vía telemática se entenderá que no concurre el supuesto de ausencia”. El dictamen también tumba ese apartado y dice que es contrario al Estatuto.

El independentismo reaccionó de manera muy distinta al dictamen. Así, el portavoz adjunto de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, aseguró: “No se aguanta por ningún lado. El dictamen tiene un punto de dictamen político”. Y añadió: “No vamos a renunciar a la investidura de Puigdemont. Hay un mandato de las urnas”. Por el contrario, Ernest Maragall, diputado de Esquerra, abogó por respetar la opinión de los juristas y se mostró confiado en que “en pocos días” se encontrará una solución para la investidura.

El líder del PSC, Miquel Iceta, instó a retirar el proyecto “a la vista de un dictamen tan rotundo, claro y unánime”. En su opinión, el independentismo debería pensar “en otros caminos” que pasan por “nombrar un presidente que se pueda dedicar con plenitud”.