Meirás, el baluarte del descaro franquista

Los fantasmas de la dictadura franquista suelen elegir agosto para pasearse por el pazo de Meirás. Fue justo en ese mes de 2008 cuando la Xunta dirigida por PSOE y BNG abrió el primer agujero en el abultado patrimonio del que disfrutan los Franco desde la llegada de la democracia iniciando los trámites para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) su fortaleza de verano en Sada (A Coruña). La histórica medida, que llegó tras un litigio de año y medio que los Franco aún prolongaron después, obligaba a los herederos del dictador a mostrar la finca al público durante cuatro días al mes. La familia recibió el mandato a regañadientes, torpedeó durante años su cumplimiento y ahora pretende darle la vuelta a su favor, utilizándolo para mayor gloria del régimen franquista.

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Desde que la Fundación Franco anunció que se haría cargo de las visitas al pazo de Meirás y que las usaría para loar la “grandeza” del dictador, no ha pasado un solo día en que los partidos de la oposición en Galicia y colectivos de memoria histórica no expresen su indignación. Todos exigen a la Xunta que actúe por ser la Administración responsable de los BIC, pero de momento el Gobierno del popular Alberto Núñez Feijóo no piensa hacerlo. Desde la Consellería de Cultura insisten en que solo acudirán a los tribunales si tienen “constancia directa ou indirecta de acciones contrarias al marco legal”.

“Hasta el momento todo lo que se conoce son comunicados de prensa y declaraciones a medios de comunicación de ámbito estatal”, esgrimen desde el Gobierno gallego. “La Xunta no tiene más información que la conocida a través de estos medios, de divulgación absolutamente pública, y que entendemos, también es conocida por el ministerio fiscal, al que compete dirimir la legalidad de estas acciones”. La Fiscalía Superior de Galicia ha eludido explicar a este periódico sus razones para no abrir una investigación.

La Xunta tampoco enviará inspectores a las próximas visitas guiadas por el monumento, que se celebrarán el 30 y 31 de agosto. Pese a que ya se le han abierto dos expedientes sancionadores por obstaculizar la apertura al público de Meirás, la familia Franco mantiene apagado el teléfono habilitado para las reservas. “Según fue comunicado a la consellería, el teléfono no está funcionando porque las visitas de agosto ya quedaron programadas y la persona correspondiente se encuentra de vacaciones”, disculpan desde la Consellería de Cultura. Sobre la posibilidad de vigilar el contenido de unas rutas que la Xunta divulga en su página web, el departamento autonómico recuerda que el pazo gallego, del que Franco se apropió con donaciones forzosas de trabajadores y vecinos de la zona, es “una propiedad privada”.

Mientras, la Fundación Franco sí ha interrumpido esas vacaciones de agosto que le impiden gestionar la reserva de visitas a Meirás para emitir otro comunicado e insistir en sus proclamas fascistas. Sobre las víctimas de la represión fascista, la entidad ha llegado a afirmar que el dictador "ofreció a los caídos del Frente Popular la mayor dignidad que estaba en su mano", la de "dormir el sueño eterno bajo la Cruz del Valle de los Caídos".

Tras estas nuevas manifestaciones, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña defiende que existen “herramientas legales para frenar este tipo de conductas”. Cita el artículo 510.1 del Código Penal, que tipifica como delito de odio los comportamientos que “públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado o enaltezcan a sus autores”. Este colectivo cree que la presentación de una querella contra la fundación por este motivo debería ser la primera acción de la recién constituida Xunta pro Devolución do Pazo, una entidad integrada por la Diputación de A Coruña, la Universidad coruñesa, varios Ayuntamientos como Sada y A Coruña y grupos de memoria histórica.

El nombre de este frente institucional que lucha por que Meirás pase a manos públicas hace alusión a la Junta Pro Pazo del Caudillo, constituida en la comarca coruñesa en 1937, en pleno régimen de terror fascista, para recaudar dinero puerta a puerta entre los vecinos. Con esa colecta forzosa, las Torres de Meirás que levantó a finales del siglo XIX Emilia Pardo Bazán pasaron de ser la emblemática residencia de la insigne escritora a engordar la fortuna del dictador de la que hoy en democracia disfrutan sus herederos.