La democracia llega a la educación

Uno de los libros que mejor reflejan lo que quiso construir la II República y arrasó la dictadura de Franco es El lápiz del carpintero, de Manuel Rivas. La figura de aquel maestro interpretado en su versión cinematográfica por Fernando Fernán Gómez representaba el ideal de la educación en libertad como única forma de cambiar y hacer avanzar una sociedad. Su asesinato simbolizaba el final de aquella esperanza. Cuando se cumplen 40 años de la muerte de Franco, se puede afirmar sin duda que uno de los grandes logros de este periodo ha sido la democratización de la enseñanza y del conocimiento. El acceso casi universal a la enseñanza por encima del origen económico o social y el cumplimiento de la enseñanza obligatoria han marcado estas cuatro décadas. Sin embargo, la España democrática nunca ha logrado forjar un pacto de Estado sobre la educación que vaya más allá del conseguido en torno al artículo 27 de la Constitución de 1978.

Preguntado sobre si la democratización de la educación ha sido uno de los grandes avances de la transición, el filósofo y profesor universitario Fernando Savater, autor de uno de libros sobre la docencia más leídos de los últimos años, El valor de educar, responde con un contundente "sin duda". "En muchísimas carreras no había mujeres, la universidad no era ni de lejos paritaria. Había estudios que parecía que se pasaban de padres a hijos y con la democracia se abrieron a mucha más gente. Además, y eso se olvida, todavía en mi época un profesor tenía que jurar fidelidad a los principios del movimiento. Era un trámite, firmar un papel, pero había que hacerlo".

Sin embargo, este pensador reconoce que "el amontonamiento de leyes educativas" ha sido uno de los problemas de la España democrática. "No creo que haya habido ninguna generación que haya empezado a estudiar con una ley educativa y haya acabado con la misma. Nunca se ha logrado alcanzar un consenso. Formé parte de proyectos que intentaron agrupar a personas de todo tipo, profesores, sindicalistas, padres, para lograr un mínimo denominador común que estuviese al margen de los vaivenes. No hubo forma".

"Claro que es un éxito. En educación no hay atajos, son cambios muy lentos que también tienen que producirse en la sociedad. Pero es indudable que España ha realizado un esfuerzo formidable en los últimos 40 años", asegura por su parte Alfredo Pérez Rubalcaba, exministro socialista de Educación y que ocupó diferentes cargos dentro de este Ministerio durante los primeros gobiernos de Felipe González (y que además es profesor universitario de Química). "Pese a que tenemos problemas de calidad, que tenemos que adecuar nuestros sistema educativo a la realidad empresarial, que debería ser más innovador, todo esto es verdad, pero si echamos la vista atrás y miramos la escuela de los setenta, no tiene nada que ver. Se han aumentado las tasas de escolarización como nunca en la historia de España, lo hemos hecho a una velocidad enorme, teniendo en cuenta que es muy difícil, que en educación los cambios son siempre geológicos. Todos los estudios de la OCDE, de la UE reconocen ese esfuerzo".

Aunque la enseñanza primaria era obligatoria en España desde los años sesenta, fue la Ley General de Educación de 1970 la que, en palabras de Alejandro Tiana, ex secretario general de Educación entre 2004 y 2008, actual rector de la UNED y experto en la historia de la enseñanza como catedrático de Teoría e Historia de la Educación, "hace que nuestro sistema se equipare al de los países europeos". Sin embargo, Tiana explica que las tasas de escolarización eran muy bajas y que muchos chavales se quedaban fuera del sistema. "Había casi un millón de niñas y niñas sin escolarizar entre los seis y los 14 años. Era obligatoria sobre papel, pero el nivel social establecía enormes diferencias y muchos se quedaban fuera. Ya en los años ochenta, la tasa se eleva hasta el 100% hasta los 14 años y en los noventa se alcanza ese porcentaje hasta los 16".

Los avances no se produjeron sólo en la enseñanza primaria, sino también en la secundaria y en la universitaria. Según cálculos de Miguel Recio, catedrático de Filosofía, director del Instituto Vega del Jarama de Madrid y responsable del Gabinete de Estudios de la Federación de Enseñanza de CCOO, en 1975 en torno al 20% de la población contaba con educación superior o doctorado mientras que en 2013 se eleva hasta el 40%. "En 30 años se ha duplicado el número de universitarios. Esto indica un muy importante esfuerzo, pues los cambios en educación son lentos por definición", explica Recio.

Durante las cuatro décadas de democracia se han sucedido las leyes educativas, la LODE en 1985 y la LOGSE en 1990 bajo los gobiernos socialistas, la LOCE de 2002 que casi no llegó a aplicarse bajo Aznar, la LOE bajo Zapatero de 2006 y la LOMCE, la llamada ley Wert por el nombre del ministro que la impulsó, que es la que se aplica actualmente. Todos estos cambios estuvieron allí desde el principio, en la enorme dificultad para encontrar un consenso en torno al artículo 27, que regula la enseñanza, en la Constitución de 1978. De hecho, el único momento en que los socialistas llegaron a abandonar la ponencia. A través de las sesiones en la Comisión de Educación del Congreso durante 1978, que presidía Federico Mayor Zaragoza, se puede seguir un debate apasionante en el que el socialista Luis Gómez Llorente, una de las grandes figuras de la educación en España, tuvo un papel muy importante pero también se mostró como un duro negociador. "Es un asunto que ha sido objeto de grandes enfrentamientos", reconocía en uno de aquellos debates Gómez Llorente, quien señaló que el consenso fue "el único posible en aquellos momentos".

El catedrático de Historia de la Educación y Educación comparada de la UNED Manuel de Puelles Benítez resumió en un célebre artículo en la Revista de Educación titulado "¿Pacto de Estado?" aquel consenso de mínimos que, básicamente, permitió a cualquier Gobierno adaptar las leyes a su conveniencia. El gran conflicto estuvo en torno a la escuela pública frente a la escuela privada (mayoritariamente religiosa en la España de entonces), el derecho a la educación frente a la libertad de enseñanza, los dos conceptos que se unen en el artículo 27. "El problema estribaba en cómo conciliar principios y valores hasta entonces interiorizados como opuestos", escribía De Puelles Benítez. "La educación ha conservado desde la irrupción de la modernidad política un doble carácter: una vertiente pública, derivada del principio de igualdad, que trata de facilitar a todos los ciudadanos el derecho a recibir esta prestación, y una vertiente privada, que pone el acento en la libertad de enseñar y de aprender, y, por tanto, en la libertad de creación y en la libertad de elección de centros docentes. Esta doble vertiente explica la existencia de una larga y conflictiva historia escolar en la que los principios de igualdad y libertad se enfrentaron, a lo largo de dos siglos de historia española, originando un conflicto que se alimentaba de fuertes pasiones políticas y religiosas".

De esta difícil negociación surgió un sistema que se da en pocos lugares –en Europa sólo en Bélgica– en el que existen centros públicos, pero también un número muy elevado de centros privados que cuentan con subvenciones públicas, los llamados concertados. "La solución fue un compromiso, pero transitorio, y todavía se mantienen las posiciones", explica Miguel Recio. "Creo que la solución de los conciertos fue acertada en su momento, pero ha resultado de difícil aplicación y, al final no ha cumplido el objetivo propuesto, por lo que hay que revisarlo yendo hacia una publificación y normalización de esa red", agrega.

La llamada Ley Wert, que lleva dos años aplicándose de manera paulatina, puede tener los días contados si se produce un cambio de signo político en el Gobierno en las elecciones de diciembre. La larga marcha de la educación en España en democracia no ha terminado, ni mucho menos. Pero el camino avanzado es gigantesco.