El Gobierno esgrime la ley de memoria histórica para defenderse ante la ONU

El relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, ha expuesto hoy en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra su demoledor informe tras visitar España a principios de año (del 21 de enero al 3 de febrero) para examinar el trato del Estado a las víctimas del franquismo. Durante su intervención esta tarde ha recordado que la asistencia a las víctimas "no es un asunto de políticas partidistas o programas políticos, sino de principios y derechos que conciernen a todos. España puede hacer mucho más", ha asegurado.

Al concluir su visita a España el pasado febrero y tras reunirse con autoridades, como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, jueces, fiscales y víctimas, De Greiff ya avanzó, en una entrevista a EL PAÍS, su preocupación por el desamparo de los represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura. Le preocupa especialmente la “indiferencia del Estado” hacia las víctimas, la “privatización” de las exhumaciones –el Gobierno ha dejado en manos de los familiares la localización y apertura de fosas y desde 2011 ni siquiera da las subvenciones previstas para ello en la ley de memoria histórica- así como la insistencia de las autoridades entrevistadas en que es mejor no remover el pasado.

A De Greiff le llamó la atención que los representantes del Ejecutivo con los que se entrevistó repetían el mismo mensaje: "O concluimos que ya estamos totalmente reconciliados, o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto". El relator de la ONU no comparte en absoluto esa apreciación de las autoridades españolas y rechaza que hacer realidad los derechos de las víctimas ponga en peligro "la estabilidad del orden democrático".

La representante de España ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, Ana María Menéndez, se ha revuelto contra el duro informe del relator calificándolo de "erróneo" o "inexacto". En su turno de réplica, ha defendido la Transición española, la ley de amnistía de 1977 y el papel de los jueces que han esgrimido dicha norma para no abrir investigaciones penales sobre los crímenes del franquismo."El equilibrio entre paz y democracia, justicia y reconciliación se encontró en España a costa de renunciar a la justicia penal", ha justificado Menéndez. De Greiff le ha respondido que existen alternativas y que la ley puede interpretarse de forma que no impida a las víctimas el acceso a la justicia, como han hecho los jueces de otros países ante normas similares.

Además, la representante de España ante la ONU ha insinuado que las asociaciones de recuperación de la memoria histórica con las que se ha reunido el relator no representan a la mayoría de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, cuya mayor pretensión, ha dicho, ya ha sido satisfecha: "La consolidación de la democracia". La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha negado que las víctimas ya estén satisfechas o reparadas, como prueban las "miles" de peticiones de ayuda que siguen recibiendo de familiares de desaparecidos, y ha anunciado que enviará por registro una pregunta a Menéndez:  "Queremos saber si a partir de ahora, el Gobierno tiene previsto decirle a las víctimas de otros delitos que no van a acceder a la verdad, la justicia y la reparación porque tienen que conformarse con vivir en democracia", ha declarado Emilio Silva, cofundador de la ARMH.

Para defenderse de las acusaciones de falta de atención a los represaliados, Menéndez ha esgrimido ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la ley de memoria histórica aprobada durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, pese a que el actual Ejecutivo de Mariano Rajoy la ha derogado de facto (en la oposición, la criticaba con dureza) al eliminar las partidas para la apertura de fosas. De hecho, las exhumaciones que se han llevado a cabo este verano se han hecho gracias a la donación de un sindicato noruego y el trabajo de voluntarios.

La representante de España ante Naciones Unidas se ha comprometido a "seguir dialogando" con el relator de la ONU y a "tener en cuenta" su recomendación de que jueces y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado reciban una formación específica en materia de derechos humanos, como ya ocurre en otros países, como Argentina.

El examen a España continúa este viernes con la exposición del informe del grupo de trabajo de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas, que visitó Madrid, Cataluña, País Vasco y Andalucía en septiembre del año pasado para comprobar qué hacen las autoridades por atender a los familiares de más de 100.000 desaparecidos –paseados, fusilados y arrojados a fosas comunes aún por abrir- del franquismo.

El autor de este segundo informe, Ariel Dulitzky, ya instó a España el pasado julio a presentar, en un plazo de 90 días, “un cronograma” en el que el Gobierno indique qué medidas piensa llevar a cabo para implementar las recomendaciones de Naciones Unidas. La más importante y urgente es, según Dulitzky, que el Ejecutivo asuma “su obligación” y elabore “una política de Estado comprensiva, coherente y permanente" que permita a los familiares de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura saber qué pasó con sus seres queridos y recuperar sus restos.

El Gobierno está molesto con los duros informes de los dos enviados de Naciones Unidas a España. Este martes, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró en respuesta a una pregunta del senador Jokin Bildarratz (PNV), que el Ejecutivo "discrepa claramente" de la opinión de los relatores de la ONU, como la propuesta de dejar sin efecto la ley de amnistía. Bildarratz recordó que España es el segundo país del mundo con más fosas comunes, solo por detrás de Camboya, y se mostró "terriblemente pesimista" con la actitud del Gobierno al respecto. "¿Es necesario que venga la ONU a decirnos en el siglo XXI que tenemos 150.000 personas en las cunetas?", preguntó a Gallardón. El ministró replicó: "Este Gobierno nunca se sentirá tranquilo mientras exista una persona enterrada en una cuneta, da igual de qué bando sea en la guerra más incivil de las guerras que es la Guerra Civil, y sus familiares demanden su localización y entierro". La realidad, no obstante, es que este Ejecutivo ha reducido a 0 la partida presupuestaria para sacar a las víctimas de fosas y cunetas.