Cataluña se lanza en tromba contra la “recentralización” de Rajoy

La Generalitat de Cataluña está dispuesta a poner en evidencia a Mariano Rajoy ante sus socios europeos y a recordarle al Gobierno que no tiene el control absoluto de las autonomías por más que esto mine su imagen a ojos de las instituciones comunitarias y los mercados. El Gobierno catalán aprobará hoy una primera batería de medidas contra lo que denomina “oleada recentralizadora” del Ejecutivo que incluye recursos ante el Tribunal Constitucional contra algunos de los últimos decretos del Gobierno central. Cataluña se suma así a los desplantes de Andalucía y Euskadi, que también rechazan las fórmulas de recorte emprendidas hasta ahora por Rajoy y sus ministros.

No es que el Gobierno catalán rechace los recortes que impulsa el Gobierno. De hecho, tanto Mas como sus consejeros han insistido en numerosas ocasiones en que los ajustes se quedan cortos. Lo que realmente critica el Ejecutivo de CiU es la invasión de competencias de la Generalitat que a su juicio suponen los decretos de los ministerios de Sanidad y Educación sobre las competencias autonómicas.

El gesto de hoy, que el Gobierno catalán ha preparado minuciosamente los últimos días, va dirigido tanto a Rajoy como a un electorado de CiU que cada vez muestra mayores dosis de incomprensión ante el silencio del Gobierno catalán por las medidas recentralizadoras de La Moncloa. Este silencio contrasta con la radicalización soberanista, al menos verbal, de todos los dirigentes de Convergència.

Fuentes de la Generalitat solo confirmaron ayer que preparaban medidas “importantes”, sin llegar a confirmar si serán en forma de recurso inmediato ante el Tribunal Constitucional (TC). La respuesta a los decretos de Educación y Sanidad no será la misma. Mientras que el Gobierno de CiU ya tiene decidido presentar un recurso ante el TC por el primero, no está claro que las medidas de ahorro en sanidad provoquen el mismo rechazo.

El secretario de Universidades catalán, Antoni Castellà, ya ha anunciado que prepara un recurso de inconstitucionalidad porque cuatro de los artículos del decreto del Gobierno vulneran competencias de la Generalitat y fulminan el principio de equidad en el acceso a la educación superior. El Ejecutivo catalán pide que se aumente un 25% la dotación en becas para evitar que nadie se quede fuera de la educación superior por causas económicas. El primer paso para presentar este recurso es pedir un dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, un órgano consultivo de la Generalitat. Este consejo ya dictaminó el mes pasado que la reforma laboral invade competencias autonómicas, pero la Generalitat todavía no ha decidido si presenta o no un recurso contra una norma que Convergència i Unió está apoyando en el Congreso de los Diputados.

También se prevé un recurso contra las medidas del Gobierno en materia de educación primaria y secundaria. La consejera Irene Rigau observa invasión de competencias, aunque ya se ha mostrado abierta a aplicar las medidas de ahorro con vistas al próximo curso, especialmente el aumento de alumnos por clase y el incremento de las horas lectivas.

Las medidas del Ministerio de Sanidad son un caso aparte. La Generalitat, lejos de negarse a aplicarlas, las considera insuficientes para ahorrar los 1.500 millones de euros que se supone que debería dejar de gastar este año. De ahí que la semana pasada el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, reclamara endurecer los ajustes cobrando cinco euros por noche de hospitalización y cobrando la totalidad de la factura farmacéutica a las rentas de más de 100.000 euros.

Otra medida que por ahora tampoco ha generado malestar en el Gobierno de Artur Mas es el decreto ley que reafirma que la vigilancia de los ríos es una competencia estatal. Aprobado el pasado viernes, este decreto da marcha atrás a la transferencia que hizo el Gobierno del PSOE como gesto esencialmente hacia Andalucía y Aragón. El Gobierno catalán sí entiende en este caso que el decreto no vulnera su nivel competencial.

El resto de partidos catalanes tiene serias dudas de que el paquete de medidas anunciadas por el Gobierno de Mas sea algo sólido. Todos recuerdan que Mas ya amenazó con acudir a los tribunales por los impagos tanto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como del actual por la disposición adicional tercera del Estatuto. El Gobierno catalán nunca ha materializado tales denuncias.

Lo que frena al Ejecutivo de Mas es la extrema precariedad de su situación de tesorería, algo que le ha convertido en esclavo del Gobierno central por su dependencia casi absoluta de las transferencias y los adelantos con los que paga nóminas y todo tipo de compromisos. Fuentes de la Generalitat admiten que sería un verdadero desastre si algún mes el Ministerio de Hacienda decidiera demorar, aunque fuera unos días, alguna de las transferencias corrientes con las que se pagan las nóminas. Por esta razón, Artur Mas, y especialmente el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, han evitado hasta ahora cualquier choque de calado con el Gobierno central.

El Gobierno catalán recurrió en febrero a la línea de créditos del ICO para comunidades autónomas, del que obtuvo 903 millones de euros. Este dinero lo utilizó para hacer frente al vencimiento de varios créditos. Con todo, y hasta ahora, la Generalitat ha podido sufragar por sus propios medios el vencimiento de los bonos emitidos el año pasado. Lo ha hecho mediante una nueva emisión que culminó la semana pasada por un importe de 2.307 millones de euros.