Blanqueo de capitales contra la crisis

Ayudar a introducir dinero negro en el circuito legal es un delito de blanqueo de capitales que puede ser penado con seis años de prisión. Las formas más graves son el blanqueo de bienes procedentes del narcotráfico, la corrupción y los delitos urbanísticos, pero es delictivo el de bienes procedentes de cualquier delito, incluso de la defraudación fiscal, aunque en este caso el dinero no proceda de ninguna actividad delictiva previa, según una interpretación discutible, pero consolidada en los tribunales. Así pues, la mal llamada amnistía fiscal no es solo una oferta de impunidad a bajo coste por la defraudación cometida, sino también una forma de blanquear el dinero del crimen, en general. El Gobierno ha pensado que es preferible esto, en vez de adoptar otras medidas para salir de la crisis especulativa que nos acosa, y, en consecuencia, se ha ofrecido a través del BOE y de la promesa pública de confidencialidad para blanquear el dinero de toda clase de delincuentes, no solo de los defraudadores fiscales —lo que indigna a quienes no lo son o no pueden, siquiera, serlo por ser tan solo trabajadores—, sino también de los narcotraficantes, políticos corruptos, traficantes de personas, de todos, porque la mal denominada amnistía fiscal no deja fuera a nadie, ya que tan solo exige que los que se acojan a ella identifiquen los bienes que afloran, y, a ser posible, añaden los ministros, traigan a España esos capitales desde los paraísos fiscales en los que se encuentran, muy probablemente en cualquiera de las filiales de los grandes bancos abiertas en todos los paraísos fiscales del mundo. Así que lo que el Gobierno ha aprobado y los ministros están prometiendo es que la Agencia Tributaria no va a indagar sobre el origen de los bienes que salgan a la superficie, es decir, que será una lavadora modélica del dinero sucio.

Sin trascender del mundo de lo que se ve de cerca y se toca y, por tanto, desde el lado de quienes soslayan la ética de lo que es justo como principio de organización social, se podría argumentar en contra que a los narcotraficantes, a los corruptos, a los que viven de la trata de personas no les interesa esta amnistía, aunque se les haya ofrecido, porque solo les garantiza impunidad frente a sus defraudaciones fiscales, algo que nunca les ha preocupado. Según esto, la amnistía fiscal es atractiva tan solo para quienes han ganado limpiamente el dinero, pero han tenido la “debilidad” de no cumplir con Hacienda. Los otros delincuentes no se arriesgarán a aflorar bienes que pueden poner sobre la pista de su origen y acabar con ellos en la cárcel. Frente a este discurso hay que decir que el desinterés hacia la amnistía fiscal de los delincuentes que no solo son defraudadores requeriría que la Agencia Tributaria estuviera dispuesta a indagar sobre el posible origen delictivo de los capitales aflorados. A la dificultad de estas hipotéticas investigaciones con el único dato de la identificación de los bienes aflorados, se une la que provoca la propia opacidad del color negro de este dinero, que, cuando se trata de cantidades importantes, suele estar a buen recaudo en cuentas no menos opacas en paraísos fiscales, cuya titularidad corresponde a personas o sociedades interpuestas sobre cuyos auténticos titulares nada se va a saber nunca jamás, porque nunca jamás van a querer los Gobiernos, ni los especuladores que desaparezcan estos paraísos, que prestan un buen servicio de alcantarillado. Así que cualquiera podría aflorar en España el dinero de no se sabe quién y de no se sabe qué lugar del mundo. Quienes han ofrecido la amnistía fiscal saben que sumergirse en el mundo del delito mancha, pero también que para que sea útil y no manche demasiado es imprescindible, una vez dentro, mirar hacia otro lado. Esto es lo que significa la promesa de confidencialidad que acompaña a la mal llamada amnistía fiscal.

José Manuel Gómez-Benítez es catedrático de Derecho Penal y vocal del Consejo General del Poder Judicial.