El hostil regreso a Colombia de tres líderes sociales tras un programa de protección en Cataluña: “Seguimos en pie de lucha”

Cuando la lideresa social Yenidia Cuéllar (Cantagallo, 39 años) regresó a casa, en la región del Magdalena Medio, en el noreste de Colombia, volvieron las amenazas. Cuéllar, defensora de los derechos humanos y medioambientales, había pasado seis meses en Cataluña en 2023 por cuenta del Programa Catalán de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos, del cual formó parte para rebajar su situación de riesgo debido a su liderazgo feminista, campesino y ambiental. Allí, recibió atención psicosocial y formación para fortalecer su trabajo en la región, afectada por el conflicto armado colombiano. Comparte su lucha, integrada en la Asociación campesina del valle del río Cimitarra, con su hermana Yurany. La heredaron de su padre, José María Cuéllar, un reconocido líder social de su municipio, Cantagallo (Bolívar).

Pese a que ella cuenta ahora con apoyo y protección, el retorno ha sido hostil. “Sufrí amenazas que me obligaron a moverme y evitar que mi familia viviera el mismo riesgo que yo. Pero seguimos en pie de lucha, insistiendo en una paz construida desde las comunidades”, asegura Cuéllar, desde Cañabraval Bajo, un pequeño pueblo del sur del departamento de Bolívar.

No es fácil ser lideresa en el país más peligroso del mundo para defender la tierra y el medioambiente, de acuerdo con el informe Voces silenciadas de Global Witness, una organización internacional que registra los asesinatos contra defensores alrededor del mundo. Organizaciones colombianas como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz también han alertado de que, después de ocho años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la exguerrilla de las FARC en 2016, más de 1.500 líderes sociales han sido asesinados, 173 de ellos en 2024.

La Paz Total, una política de negociación del presidente de izquierda Gustavo Petro con los múltiples grupos armados, no pasa por su mejor momento: las disidencias de las FARC se fragmentan cada vez más y la mesa con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se suspendió en septiembre, tras una escalada de ataques de la guerrilla, pero el Gobierno espera retomarla este enero.

Quienes defendemos el territorio nos convertimos en un obstáculo, lo que nos pone en riesgo. Especialmente a quienes vemos la tierra no solo como una mercancía

Dora Muñoz, comunicadora y defensora

En medio de ese panorama, en octubre, la defensora recibió a una delegación internacional liderada por la Comisión Catalana de Acción por el Refugio y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, entidades impulsoras del Programa Catalán de Protección. En Cañabraval Bajo eran días tristes para la comunidad. Un día antes, en la vía que une los municipios de Cantagallo (Bolívar) y Yondó (Antioquia), fueron asesinadas cinco personas, tres de ellas líderes sociales de la región, cercanos a la defensora. Aunque se desconoce la autoría del crimen, en él podrían estar implicadas las disidencias de las FARC, el ELN o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, grupos armados cuya presencia es cada vez más visible.

Del Magdalena al río Cauca

“Vidrios abajo o plomo”. Las paredes de Corinto (Cauca), el pueblo indígena de Dora Muñoz, recuerdan que la paz está lejos de llegar al suroeste colombiano. En el patio interior de una casa, se levanta una maloca, un espacio sagrado para las comunidades del pueblo indígena Nasa, en el que comparten saberes ancestrales. Allí, Muñoz, comunicadora social y defensora de los derechos humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - Çxhab Wala Kiwe (ACIN), recibe a la delegación catalana que la visita tras su retorno al país a inicios de este año. “Este es un territorio rico y diverso, codiciado por grupos armados, empresas y multinacionales. Quienes defendemos el territorio nos convertimos en un obstáculo, lo que nos pone en riesgo. Especialmente a quienes no vemos la tierra solo como una mercancía”, explica Muñoz, de 47 años.

A pesar de los Acuerdos de Paz de 2016, su territorio es escenario de violencia, fragmentado por la presencia de grupos armados, el narcotráfico, el reclutamiento forzado de jóvenes y el asesinato sistemático de liderazgos sociales. “Durante unos meses sentimos el silencio de los fusiles, pero esa paz no duró mucho”, recuerda la lideresa. José Miller Correa, su esposo y líder indígena, fue asesinado en 2022. Esto forzó a la comunicadora, junto a su hijo, a abandonar la comunidad para integrarse en el Programa Catalán de Protección. Regresar al Cauca, dice, le permite retomar los procesos y reconectar con la comunidad. “Pero también es un momento fuerte porque enfrentamos la pérdida de seres queridos y la falta de justicia”, reconoce.

La activista inició su trabajo como comunicadora en 2002 y ahora forma parte del grupo de comunicadores indígenas We’jxia Kaa’senxi, “La voz del viento” en la lengua nasa yuwe. Para Muñoz, la comunicación es una herramienta de resistencia y de transmisión de conocimientos ancestrales y desde donde ejerce su liderazgo comunitario.

Pero denunciar asesinatos, amenazas y ataques armados pone en riesgo las vidas de los comunicadores. En los muros de Radio Pa’yumat –“bienvenido” en nasa yuwe–, ubicada en Santander de Quilichao, hay un mural con los rostros de cinco comunicadoras de la comunidad asesinadas debido a su trabajo. “Faltan garantías económicas, políticas y jurídicas que respalden el trabajo de los comunicadores. Hablamos por todo el mundo, pero cuando nos pasa algo, nadie habla por nosotras”, lamenta Muñoz.

El desplazamiento silencioso del pueblo Awá

En Colombia, las trochas son caminos de tierra que unen o separan a las comunidades rurales. En ellas, los carteles de las guerrillas o las pintadas de grupos paramilitares anuncian quién ostenta el poder. Así ocurre en Nariño, departamento fronterizo con Ecuador, donde vive la lideresa Dalia Bolaños (Resguardo Gran Sábalo, 25 años). El riesgo es tal que no es posible visitarla en su casa.

La defensora, Consejera de Niñez y Juventud de la Unidad Indígena del pueblo Awá (UNIPA), forma parte de un pueblo binacional que habita en Colombia y Ecuador. Participa en organizaciones desde los 12 años, y en 2020, con 21 años, se convirtió en la primera mujer gobernadora suplente de la Comunidad Predio El Verde, en el Resguardo Gran Sábalo. Pero fue esa misma labor de responsable comunal la que la obligó a salir de su tierra a inicios de 2024 y a viajar a Cataluña.

Nuestro rol como pueblos indígenas es cuidar la tierra, dialogar, y aportar desde nuestra visión de la paz

Dalia Bolaños, lideresa juvenil

Desde Bogotá, Dalia relata las mismas dificultades que enfrentan sus compañeras. “Primero llegaron los monocultivos de palma y hoy muchos resguardos están atrapados, rodeados por interminables hectáreas de plantaciones”, denuncia, refiriéndose a las comunidades locales. La lideresa juvenil también habla de la contaminación de ríos y quebradas causada por la minería ilegal y el Oleoducto Transandino. Sin olvidar la presencia de múltiples actores interesados en explotar las economías del oro, la tala de madera y el cultivo de hoja de coca para usos ilícitos. Todo provoca un “desplazamiento silencioso” de las comunidades.

El impacto ambiental y social del Oleoducto Transandino sobre el pueblo Awá se remonta a varias décadas. En 1969 se construyó el ducto que atraviesa 306 kilómetros de selva amazónica y desde 2014, las comunidades han registrado más de 400 derrames, causados tanto por la construcción como por los ataques de diversos grupos para extraer el crudo ilegalmente. Estos accidentes han contaminado al menos siete ríos de la región. En medio, queda el pueblo Awá, que enfrenta violaciones constantes a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, según el informe El Oleoducto Transandino y los ríos contaminados que intoxican al pueblo Awá, elaborado por instituciones catalanas y la Unidad indígena del pueblo Awá. En 2009, la Corte Constitucional de Colombia declaró a esta comunidad en riesgo de extinción física y cultural, un fallo que ha sido ratificado en autos de seguimiento en años posteriores.

La paz que se construye desde las comunidades

Las tres lideresas aprovecharon también la visita de la delegación catalana para denunciar otros delitos. En la región del norte del Cauca, Dora Muñoz explicó que en su tierra hay más de 11 grupos armados que engrosan sus filas con el reclutamiento forzado de menores. Recientemente, el presidente Petro alertó de que 350 niños y niñas de las comunidades indígenas del Cauca habían sido reclutados. Solo en 2023, hubo 184 casos de reclutamiento forzado de menores, de los cuales un 68,4% pertenecía a comunidades indígenas, según datos de la Defensoría del Pueblo.

Las comunidades, a través de la Guardia Indígena, un mecanismo de protección propio y no violento, intentan entrar a los territorios para recuperar a niños, niñas y jóvenes reclutados. “Nuestro rol como pueblos indígenas es cuidar la tierra, dialogar, y aportar desde nuestra visión de la paz”, expresa Dalia Bolaños.

Por su parte, Yenidia Cuéllar insiste en que las amenazas no lograrán destruir las comunidades. “Rechazamos estas prácticas y exigimos garantías para la resistencia y la permanencia de las comunidades. A la paz le daremos todo; a la guerra, nada”, se despide, sin un atisbo de miedo.