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El líder indígena Phanor Guazaquillo era una autoridad en temas ambientales y restitución de tierras del departamento de Putumayo, en Colombia. Quienes lo conocieron lo recuerdan porque, además de ser gobernador del cabildo nasa Kwesx Kiwe Chorrolargo de Puerto Asís, fue una voz visible del estallido social que vivió el país en 2021, e integrante de la Instancia Especial de Alto Nivel para seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz que firmó el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la ex guerrilla de las Farc.

Lo recuerdan así. En pasado. El 3 de diciembre de 2023, alrededor de las 2:50 pm, un sicario le disparó mientras salía de las exequias fúnebres de Manuel Carlosama, otro líder indígena, en la zona urbana de Puerto Asís. Recibió varios disparos. Los recibió frente a parte de su familia, de su comunidad. Cuando Guazaquillo, también ex concejal del municipio, llegó al hospital y antes de ser atendido, declararon que ya estaba muerto. El líder indígena había sido asesinado.

“La exposición que tenía Phanor era muy alta, ya que él estaba revindicando la tierra en un contexto de conflicto armado”, cuenta Andrés Cancimance, representante a la Cámara y quien coincidió con Guazaquillo en varios espacios políticos. A pesar de haber alertado a las autoridades sobre las amenazas que estaba recibiendo, nunca llegó a recibir un esquema de protección. “Tras su asesinato, la familia quedó muy vulnerable y también se tuvieron que acercar a mi equipo para que los apoyáramos en lograr algún tipo de seguridad, porque nadie les facilitaba el trámite”, agrega el representante. “Afortunadamente, esto se consiguió y ahora su familia tiene los esquemas correspondientes”.

El caso de Guazaquillo es solo uno de los 79 documentados en Colombia durante 2023 por Global Witness (GW), una organización internacional que, desde 2012, registra los asesinatos contra defensores de tierras y del medioambiente alrededor del mundo. El país siempre siempre se ha intercambiado el primer puesto de esta lista con México y Brasil. Pero este año no solo ha roto el récord histórico para un país en un año, sino que también se ha convertido en la nación con más defensores asesinados desde que GW comenzó esta lista en 2012 (461 muertos en total).

“América Latina sigue siendo la región más letal”, explica Laura Furones, asesora principal de GW. “De los 196 casos documentados durante 2023 alrededor del mundo, el 85% se dieron en la región”. De los cinco países donde se registraron más asesinatos ese año, cuatro son de Latinoamérica. A Colombia le siguen Brasil (25), Honduras (18), México (18), Filipinas (17) y Nicaragua (10).

“GW lleva muchos años advirtiendo de esta tendencia en la región”, aclara el documento en donde se hace un énfasis en la delicada situación colombiana. De los 79 asesinados durante 2023, por ejemplo, 31 eran indígenas, 17 pequeños campesinos y cinco afrodescendientes. Sobre los municipios en donde más se presentaron casos, tampoco hay mucha sorpresa, pues son zonas que han vivido un auge de violencia en los últimos años: Cauca (26), Nariño (9) y Putumayo (7), el departamento en el que vivía y fue asesinado Guazaquillo.

Pero el informe, insiste, viene con un dato aún más escalofriante para el país. Entre 2012 y 2023, años en los que GW ha seguido los casos, Colombia vuelve a tener la penosa delantera, con 461 asesinatos de los 2.106 registrados a nivel mundial. Le siguen, de nuevo, Brasil con 401, Filipinas (298), México (203) y Honduras (149).

Responder a la pregunta de por qué hay tanta violencia contra los defensores de tierras y del medioambiente en Colombia implica juntar varias piezas que están regadas a lo largo de su dimensión e historia. Astrid Torres, directora del programa Somos Defensores, cuya información utilizó GW para mapear la situación en Colombia, apunta a una serie de factores que demuestran las debilidades del país.

“El Estado colombiano ha fallado en su deber constitucional de proteger a los defensores, pese a que en nuestro país hay una robusta arquitectura, de más de 30 normativas, para hacerlo”, asegura. “Las entidades del Estado no han sido capaces de coordinar sus acciones para protegerlos”, agrega, refiriéndose específicamente a cómo Guazaquillo fue asesinado incluso después de haber exigido una protección integral por parte de la Unidad Nacional de Protección tras recibir amenazas.

A esto se suma una baja efectividad en las investigaciones judiciales –en las que Somos Defensores calcula que hay un 90% de impunidad- ; la profundización del modelo extractivo en un país en el que hay hasta 170 conflictos socioambientales; la presencia de grupos ilegales armados y el incumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en 2016. “Esto ha permitido la reconfiguración del conflicto armado en Colombia”.

Aunque los informes de GW suelen ser populares por rastrear las amenazas que viven los defensores del medioambiente, también incluyen a defensores de la tierra. A personas, como le explicó Furones a América Futura, que “defienden su parcela” o, en el caso de Colombia, a reclamantes de tierras, líderes que suelen vivir en una posición de alta vulnerabilidad, como, de nuevo, le sucedió a Guazaquillo.

“A pesar de que este Gobierno [el del presidente Gustavo Petro] ha tenido una gran voluntad política por frenar la situación de riesgo que padecen las personas defensoras, en lo concreto, después de dos años, no se ha materializado nada”, agrega Torres. Con la Cumbre de Biodiversidad, COP16, que se celebrará en noviembre de este año, en Cali, la presión y la urgencia por poner este tema en el centro de la agenda política será mayor que nunca.

A Colombia, durante los próximos meses, llegarán delegados de 196 países del mundo para negociar cuáles serán las reglas del juego para implementar el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal (GBF), un acuerdo internacional adoptado en 2022. Lo harán con la paradoja de que el lema de la COP16 elegido por el Gobierno es “Paz con la Naturaleza”, pero también con la certeza de que este Marco reconoce que los conocimientos de los pueblos indígenas – el grupo con más personas asesinadas en Colombia durante 2023 – deben ser respetados y preservados para conservar la biodiversidad.

En ese foro la población civil tendrá un espacio de discusión. Eso, sumado que a finales de agosto la Corte Constitucional avaló la ley que le permite a Colombia ratificar el Acuerdo de Escazú -pensado, entre otras cosas, para proteger a líderes ambientales–, podría suponer un impulso para poner este tema en el centro de la agenda.

México, donde desaparecen los defensores

Las noticias también son amargas para México. Aunque la cifra de defensores de tierras y ambiente asesinados bajó de 31 en 2022 a 18 en 2023, hay tendencias que mantienen al país en alerta. El 70% de los casos, por ejemplo, fueron indígenas atacados en los estados de Jalisco, Colima y Michoacán. Y el 40% de las víctimas se oponían a proyectos mineros. Además, el reporte de GW le dedica un capítulo entero a cómo, en este país, la dinámica que reina es la de defensores desaparecidos.

En México, aseguran, 93 defensores de tierra y ambiente desaparecieron entre diciembre de 2006 y agosto de 2023. En un 40% de casos aún no hay noticias del paradero de estas personas. Y solamente en Michoacán, entre 2012 y 2023, han desaparecido 21 defensores de la tierra y el medioambiente.

“El Estado, ante esto, ha creado ciertas narrativas estigmatizantes contra los desaparecidos y se ha negado a investigar si las empresas pueden estar involucradas”, asegura Alejandra Goza, directora de Global Rights Advocacy. Esto, agrega, sucede en un contexto dramático para el país, donde la crisis de las desapariciones forzadas se alimenta de dos factores: la crisis forense, en el que hay más de 52.000 cuerpos sin identificar; y la crisis de la justicia, por lo que la mayoría de casos quedan en la impunidad.

Centroamérica, más agresiones per cápita en el mundo

Centroamérica puede no ser una región muy amplia. Pero, a pesar de que el total de la población de los siete países sumada -Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá- no suman ni el 1% de la población mundial, durante 2023 GW reportó 36 asesinatos a defensores de la tierra y el ambiente. Es la región con más muertos per capita.

En Honduras se registraron 18 casos – convirtiéndose en el país más crítico -, seguido de Nicaragua (10), Guatemala (4), Panamá (4) y, solo durante el año pasado, ninguno en Costa Rica. “Durante algo más de una década, los defensores de esta región han sufrido más agresiones per cápita que en ningún otro lugar del mundo, y el 97% de ellas se han producido en los mismos tres países: Honduras, Guatemala y Nicaragua”, también agrega el informe.

Honduras, por ejemplo, se ha mantenido desde que empezaron estos reportes como el país con más asesinatos por capita, sumando 149 casos entre 2012 y 2023. “Nosotros venimos señalando la violación de la consulta previa, libre e informada de la que Honduras y muchos países de América Latina somos signatarios”, dice al respecto Bertha Zúniga Cáceres, activista e hija de la ambientalista asesinada Berta Cáceres, uno de los rostros más icónicos de estas luchas. “Un tema importante es el de la impunidad, donde en nuestros países se han creado unos sistemas de justicia instrumentalizada para perseguir a las personas que alzan su voz en la defensa del territorio”, aclaró.

Mientras, sobre Nicaragua también se señala un dato importante: los 10 casos reportados durante el año pasado se trataron de indígenas Mayangna y Miskitos, una población afectada por la deforestación de este país que, además, es uno de los que más ha perdido bosques en los últimos años.

Y aunque las noticias parecen seguir siendo amargas para América Latina, como región, vale rescatar el caso de Brasil. Entre 2022 y 2023 los asesinatos reportados a estos líderes bajaron de 34 a 25, según datos de Global Witness. La salida de Bolsonaro y las nuevas políticas del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, aunque todavía insuficientes, parecen haber tenido sus frutos.