Siete activistas han sido asesinados en Honduras en menos de dos meses

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Eran las 11.15 de la mañana de este domingo cuando “un muchacho” de la comunidad de Panamá, en la ciudad de Trujillo, en el norte de Honduras, llegó corriendo a la casa de la familia Rivas a dar la trágica noticia. “Mataron a Polo y a Javier en Ilanga”, recuerda un familiar de los fallecidos: Santos Hipólito Rivas, un líder campesino de 46 años conocido como Polo, y su hijo Javier, de 26. Aunque la policía no ha detenido aún a nadie, los vecinos apuntan a un grupo paramilitar que “lleva años amenazando” a Rivas y a otros defensores que luchan por la recuperación de tierras de los campesinos.

Rivas era el fundador de la Empresa Campesina Gregorio Chávez, contaba con medidas de protección interna desde el 28 de marzo de 2019 y hacía apenas un mes que había puesto una demanda para que se cumplieran estas. “Se sentía inseguro. Sabía que lo matarían”, explica el familiar. Él también ha recibido amenazas y teme ser el próximo en esta ola de violencia que se ha cobrado la vida de siete activistas en menos de dos meses.

Los primeros fueron Jairo Bonilla y Aly Domínguez, miembros del Comité de Bienes Comunes de Tocoa, asesinados a tiros el 7 de enero por defender el río Guapinol. El sábado 28 de enero se registró la muerte de Ricardo Arnaúl Montero, defensor de la etnia garífuna e integrante del Comité de Defensa de la Tierra, en la comunidad de Triunfo de la Cruz. Le siguieron Omar Cruz Tomé, presidente de la cooperativa Los Laureles, y su suegro Andy Martínez.

Todos los defensores asesinados en 2023, menos Arnaúl, estaban acogidos al sistema de protección nacional y, sin embargo, las continuas persecuciones y el fatídico desenlace parecen haberse escapado al sistema. El Mecanismo de Protección del Gobierno no ha facilitado a América Futura el número de los activistas amenazados ni las medidas específicas que brindan. Víctor Fernández, miembro del Bufete de Derechos Humanos Estudios para la Dignidad, lamenta que proteger a quienes defienden la tierra “sea tan complejo” y que las acciones para ello estén “llenas de fallas”: “Nadie asume y a nadie se le imputa responsabilidad por la negligencia o complicidad. La impunidad siempre es garantía de continuidad de estos hechos”.

Medidas de protección que fallan, grupos armados con mucha influencia en las comunidades y asesinatos que se archivan. Estos suelen ser los denominadores comunes de la violencia contra los activistas en Honduras, uno de los países más violentos de la región, donde defender la tierra se suele acabar pagando con la vida. De 2012 a 2021, el país registró el asesinato de 114 activistas lo que lo convierte en el cuarto con tasas más altas de asesinatos a defensores de la tierra y el agua en la región.

A pesar de que Xiomara Castro llegó a la Presidencia con una agenda de un marcado carácter social, no se ha pronunciado con ninguno de estos asesinatos hasta la fecha. “Para ella no es prioridad la protección de los luchadores sociales y sus derechos, como los liderazgos campesinos”, lamenta Fernández. Fuentes de la Plataforma Agraria aseguran haber buscado tener reuniones con el Ejecutivo “en reiteradas ocasiones”, todas ellas sin respuesta.

“Hipólito fue uno de los compañeros que siempre exigió justicia por otros compañeros que fueron asesinados”, cuenta Yoni Rivas, de la Plataforma Agraria del Valle del Aguán. “Él caminaba siempre con documentos de los colegas torturados o asesinados”. El activista critica que “reine le impunidad”: “Los agroindustriales están usurpando áreas de la reforma agraria y debido a que no tienen legalidad sobre la tierra, la única forma de hacer prevalecer su capital y sus intereses es a través de la violencia”.

“No eran delincuentes, sino que lucharon con dignidad para que este pueblo de Panamá deje de estar aguantando hambre y mendigando trabajo”, afirmó un hermano de Hipólito Rivas durante el sepelio, según medios locales. La empresa que lideraba custodia un área en recuperación ganada tras años de luchas campesinas contra intereses de grandes terratenientes palmeros.

Las amenazas que han recibido los activistas de la comunidad venían de un grupo armado concreto, liderado por Piturro, muy conocido y temido en la zona. También intocable. “Piturro está más limpio que yo en cuanto a antecedentes penales”, le dijo un policía al familiar de los asesinados el día del funeral de los fallecidos. El familiar las últimas víctimas también ha sido amenazado en numerosas ocasiones por el mismo clan e incluso ha tenido que abandonar el país. Aunque consta en la lista de los beneficiarios de medidas de protección, las rechazó. “¿Para qué las quiero si igual te matan?”, se pregunta. “Al final, todos son lo mismo”.

La extrema violencia en Aguán

La zona del Aguán es de los territorios más complejos y peligrosos del país. Es una zona en la que la pelea por la restitución de tierras a los campesinos es cada vez más fuerte. Y tiene peores consecuencias. La violencia a los defensores está normalizada, dicen quienes conocen el territorio. “El movimiento campesino quiere recuperar 50.000 hectáreas que le fueron despojadas a partir de la década de los 90″, explica Fernández, “Y claro, esto confronta a actores empresariales con fuertes vínculos con el narcotráfico y otros formas de crimen organizado”.

Estos asesinatos que se están sucediendo en la región ocurren tras la firma de un acuerdo celebrado entre el Gobierno, la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) en febrero de 2022. En un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó al Estado hondureño la importancia de dar cumplimiento efectivo a las medidas cautelares MC 50-14 que protege a al menos 142 personas, de las cuales un elevado número provienen del bajo Aguán.

“Los asesinatos y otros actos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos tienen una consecuencia multiplicadora que va más allá de la afectación a su persona pues, cuando la agresión es cometida en represalia a su actividad, produce un efecto amedrentador que se extiende a quienes defienden causas similares”, dice el texto de la CIDH.

Es tanto el peligro en la zona del Aguán que el 25 de junio de 2019, la comunidad de Panamá, en acompañamiento con la Plataforma Agraria, presentó una denuncia ante el fiscal general en el Ministerio Público contra este grupo armado. El problema, aseguran, es creer en las instituciones. “Es cada vez más difícil”, dice el familiar de los líderes. Un sentimiento común entre los que cargan el duelo junto a la impotencia de que no serán los últimos asesinatos.