Jairo Bonilla y Aly Domínguez, los primeros ambientalistas asesinados en 2023

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Cuando el pasado sábado varios hombres asesinaron a tiros a Jairo Bonilla y Aly Domínguez en la aldea La Concepción, en la costa hondureña, a nadie de su entorno le sorprendió. Ni siquiera a Reynaldo Domínguez, que se define como “hermano de sangre de Aly y hermano de lucha de Jairo”. Ambos eran defensores del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, y de los ríos Guapinol y San Pedro. Junto a otra treintena de líderes ambientales, habían denunciado amenazas de la empresa minera Inversiones Los Pinares del Grupo Emco Holding. Aly incluso había esado preso tras una denuncia de la firma. “Iban a por nosotros desde hace años. Todos lo sabían”, cuenta quebrantado Reynaldo. “Sé que esto me apunta a mí directamente”, cuenta el activista, quien hace apenas un mes que llegó de estar 35 días de gira por Europa denunciando la situación que sufren. Estos son los primeros asesinatos a ambientalistas registrados en 2023, de acuerdo a Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Juan López, compañero y presidente del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, es claro: “No vamos a parar. Y sabemos que eso puede acarrear nuestra muerte, pero la contaminación de nuestros ríos por culpa de esta empresa también. O morimos asesinados o afectados”.

Todo sucedió el 7 de enero cerca de las 3.30 de la tarde, mientras las víctimas iban en motocicleta a recibir unos cobros. A Bonilla, de 28 años y padre de una niña de dos, le dispararon tres veces. A Domínguez, de 38 años y padre de cuatro hijos, cuatro. El último tiro para los dos fue en la sien. El mismo día de los homicidios, la Policía achacó el crimen a un robo. El portavoz de la Policía Nacional en Colón, el suboficial Ángel Herrera, aseguró a medios locales que “descartaba que el crimen tuviera que ver con temas ambientales”.

Sin embargo, según confirma su hermano, quien acudió a la escena del crimen pocos minutos después, tanto la moto, como los celulares y el dinero recolectado, seguían ahí. “No aceptaremos jamás esa hipótesis. Los mataron porque cumplieron con la promesa de sus amenazas”. El activista ha recibido siete amenazas de muerte desde 2019 con mensajes en los que se leía: ‘Hay que mantenerles a raya para que nos dejen trabajar’ o ‘los vamos a exterminar’”. La empresa Inversiones Los Pinares no ha respondido a las preguntas de América Futura ni ha hecho declaraciones al respecto en ningún medio.

Hasta el momento, no ha habido ninguna detención ni se ha creado un órgano independiente de investigación como exigen los familiares y compañeros. “No queremos que esta Policía ni este Ministerio Público investigue lo sucedido”, coinciden. “Queremos que el Gobierno forme una comisión de alto nivel para darle seguimiento”. Unas esperanzas que ya le habían hecho llegar a la presidenta Xiomara Castro, quien llegó al poder con la promesa de defender los derechos humanos en el país centroamericano. En 2019, se produjeron dos asesinatos más en Guapinol, Roberto Argueta Tejada y Arnold Morazán Erazo, también guardianes del territorio, cuyos casos nunca se investigaron. “Lamentablemente, la impunidad hoy en día es ley”, zanja César Muñoz, director de la delegación americana de Human Rights Watch. “El mecanismo estatal de protección sufre graves falencias estructurales y operativas, por lo que es necesario dirigir importantes esfuerzos a reformarlo”.

Para Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, “es negligente e imprudente que se señale como único móvil el robo. Son estas acciones las que han alimentado el clima de impunidad que existe en relación a la violencia que enfrentan personas defensoras y ambientalistas en Honduras”. Guevara también coindice en que es necesario un organismo independiente que investigue los homicidios: “Esta demanda se basa en la experiencia de criminalización, el uso indebido del sistema de justicia para silenciar a las personas defensoras, y la participación de autoridades vinculadas a los intereses, incluidas empresas, que los violentan”.

La batalla entre esta comunidad y la empresa minera, presidida por el empresario Lenir Pérez, tiene más de un lustro de historia. En 2018, el pueblo de Guapinol, ubicado en el norte del país y de unos 2.800 habitantes, empezó una movilización en contra de las concesiones que se le dieron a la firma para extraer óxido de hierro de un espacio protegido, en el que nacen 34 fuentes de agua. “El propio Congreso cambió las coordenadas de la zona protegida que ellos mismos habían delimitado, apenas un año antes. Y meses después, Inversiones Los Pinares tuvieron carta blanca para operar”, narra López.

Desde entonces, decenas de vecinos han visto cómo los ríos mantenían un aspecto aceitoso, presumiblemente de los materiales que se usan en la actividad minera y que son vertidos al agua sin tratar. Cuentan que varias personas que usaron el agua como hacían antaño presentaron picazones y ronchas en el rostro. “Pero nunca nadie lo asoció”, dice Domínguez. “Ahora es que estamos mandando a hacer informes”.

Hartos de los oídos sordos de las instituciones, de la empresa y de ver sus ríos “llenos de lodo y altamente contaminados”, 450 vecinos decidieron acampar, primero en el edificio municipal y luego en la sede metalúrgica en señal de protesta. 88 días después, el 27 de octubre de 2018, fueron desalojados “brutalmente” en un operativo de 1.500 oficiales. Tras dos denuncias, juzgan a 32 personas por usurpación e incendio agravado. Siete de ellas pasaron 914 días entre rejas durante la detención judicial y otro, 468 días. Finalmente, las seis personas condenadas fueron liberadas al día siguiente porque se tildó la detención como “arbitraria”. Juan y Aly, que estuvieron un mes presos, coincidieron en la cárcel. “Siempre sospechamos que esto podía pasar. Recuerdo que él cogió mucho miedo a salir de la cárcel, temía que le tocara a él. Pero siguió defendiendo la causa. Nuestro amor por estas tierras y estas aguas es más grande que el miedo”, explica López.

A pesar de las intimidaciones a varios defensores de los ríos, no recibieron protección del Gobierno, más allá de un analista de riesgos que hacía balances de vez en cuando. “Se barajó la idea de que nos pusieran un esquema de seguridad”, narra López. “Pero los mismos que nos metieron en la cárcel son los que nos mandaron esas cartas y los que ordenaron que dispararan. Son parte del mismo grupo. ¿Cómo crees que nos íbamos a sentir protegidos?”, se pregunta. La protección para ellos era estar pendientes los unos de los otros. Reynaldo, dice, está a “expensas de Dios”.

Defender la biodiversidad en el mundo cuesta la vida. Sobre todo en América Latina, la región del mundo más mortífera para los líderes ambientales, según Global Witness. El año pasado en todo el globo, al menos 312 activistas fueron asesinados por ir en contra de proyectos mineros. “Es fundamental que en América Latina haya mejor protección de defensores ambientales para evitar crímenes contra ellos, justicia cuando estos ocurren y un abordaje integral para resolver los problemas subyacentes que dan lugar a los conflictos sobre el medio ambiente”, añade Muñoz, de Human Rights Watch.

En una poesía que escribió Juan López, dos días después de los asesinatos, los versos los recuerdan y lanzan también un mensaje contundente: “No vivimos para destruir, la palabra tierna, libre y verdadera pretende liberar y humanizar, incomodando a los demonios, que se revuelcan en el suelo. (…) Llegaremos al nuevo día, jugando con el agua que corre en los senderos”. Así quiere recordar también Reynaldo a su hermano pequeño: “Chapoteando en los ríos y riéndose, riéndose mucho”.