Honduras condena a seis ambientalistas que se opusieron a un proyecto minero en una zona protegida

Defender el medio ambiente en Honduras es una tarea de riesgo. Es el país más letal de Centroamérica para los ambientalistas —en enero asesinaron a tres— y, cuando no se atenta contra sus vidas, la cárcel aparece como un castigo para los defensores de los recursos naturales. Este miércoles, un tribunal de Trujillo, en el norte del país, declaró culpables a seis de los ocho detenidos en el caso conocido como Guapinol, en una decisión que ha sido tildada de arbitraria por organizaciones internacionales.

Los ambientalistas, miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes y Públicos de Tocoa (CMDBCP), fueron detenidos en 2019 por oponerse a un proyecto minero de la empresa Inversiones Los Pinares (ILP) en una zona protegida y que afectará los ríos San Pedro y Guapinol. José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo y Orbin Nahún Hernández fueron declarados culpables por los delitos de privación ilegal de la libertad, daños agravados contra el contratista de la empresa, y daños simples y agravados contra la empresa. Los otros líderes del grupo, Arnol Javier Alemán y Jeremías Martínez Díaz, fueron absueltos y deberán ser liberados.

“Este veredicto es indignante y va en contra de las obligaciones de Honduras de garantizar la defensa de los derechos humanos. Debe ser anulado inmediatamente. No dejaremos de exigirlo a las autoridades hasta que todos los defensores de Guapinol queden en libertad de forma inmediata e incondicional”, ha declarado en un comunicado Érika Guevara-Rosas, directora para América de Amnistía Internacional.

En 2018, cuando la empresa inició trabajos en la zona y la construcción de una carretera para facilitar el acceso al lugar, el agua del afluente dejó de ser utilizable por la comunidad, que pronto se movilizó y organizó un campamento de resistencia que terminó siendo desalojado con violencia por parte de las autoridades, que se pusieron de lado de la empresa.

Desde la detención de los ambientalistas, calificada por diferentes organismos internacionales como arbitraria, Honduras se unió en una campaña para clamar por la libertad de los ocho de Guapinol. Con las etiquetas #GuapinolResiste, #LibertadparaGuapinol o #Aguaesvida, la lucha para que estos hombres sean liberados no ha tenido descanso. La decisión de este miércoles es un nuevo golpe para quienes creen que el derecho al agua está por encima de intereses económicos en un país que ha sido testigo de crímenes impunes contra activistas ambientales como lo es el caso de Berta Cáceres.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas ha calificado este proceso judicial como parte de una estrategia de intimidación y criminalización de quienes, con razones, se oponen al proyecto minero.

“Es extremadamente grave que, a pesar de la falta de diligencia en las investigaciones por parte del Ministerio Público, seis de los presos de conciencia de Guapinol se enfrenten a penas de prisión. Los defensores son víctimas de una detención arbitraria y una persecución penal infundada, derivada únicamente de su legítima labor de defensa del derecho al agua y a un medio ambiente sano en Honduras”, ha insistido Guevara-Rosas a través del comunicado de Amnistía, en el que además piden a las autoridades hondureñas “dejar de utilizar el sistema de justicia para criminalizar, intimidar y acosar a los defensores de los derechos humanos”.

Amnistía reconoció a los ocho defensores como presos de conciencia tras revisar en detalle las pruebas y estudiar los procesos penales en su contra. La organización, según su comunicado, envió una carta al fiscal general de Honduras tras el inicio del juicio, el 1 de diciembre de 2021, expresando su preocupación por las irregularidades en la investigación. “Amnistía Internacional considera que los ocho presos de conciencia fueron detenidos únicamente por su labor de defensa del derecho al agua potable y a un medio ambiente sano, y que los cargos penales que se les imputan, así como su prolongada prisión preventiva, son injustificados y constituyen un uso indebido del sistema de justicia”, advierte la organización.

También se ha manifestado en ese sentido la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (Oacnudh) que al inicio de esta semana instó a la Justicia de Honduras a emitir un “fallo en pleno respeto de la ley”. La Oacnudh expresó, en un mensaje en Twitter, “su preocupación” porque el Ministerio Público de Honduras “no ha cumplido con el estándar de prueba mínimo ni ha observado a cabalidad el principio de objetividad que debe regir sus actuaciones” en el juicio contra los defensores del agua, que terminó el pasado viernes con la etapa de conclusiones. Las penas que deberán enfrentar los activistas se conocerán el próximo 21 de febrero, según anunció la justicia hondureña.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región