La muerte de Berta Cáceres amplificó su lucha
El crimen no detuvo sino que extendió el mensaje de la ambientalista hondureña. En el segundo aniversario de su desaparición, su familia y los defensores de los derechos humanos denuncian la impunidad
Tres balazos resonaron en la madrugada de ese dos de marzo de 2016. Después, el silencio inundó aquella casa de La Esperanza (Honduras), en la que vivía la que probablemente era la ambientalista más famosa de Centroamérica. Berta Cáceres acababa de ser asesinada a pesar del alto nivel de seguridad que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había obligado a proporcionarle. Era el Estado de Honduras el que debía protegerla. Cáceres se ganó la admiración y el odio que le llevaron a ese final al encabezar un movimiento para frenar la edificación de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque, sagrado para el pueblo de los lencas.
Una investigación elaborada por expertos internacionales y publicada a finales del año pasado concluyó que funcionarios estatales, empleados y extrabajadores de una hidroeléctrica planearon y ejecutaron el homicidio de la ambientalista. Ocho personas están presas como sospechosas de ser autores materiales del crimen, entre ellos empleados de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), encargada de construir la represa que ella contribuyó a frenar.
Los parlamentarios opositores hondureños protestaron este miércoles en el Congreso Nacional de ese país con ramos de flores blancas y velas encendidas en su escritorio. Entre ellos se encontraba Olivia Zúniga Cáceres, hija de la ambientalista y miembro del Partido Libertad y Refundación, que no dudó en señalar a los que ellos considera los responsables del asesinato de su madre: "DESA asesinó a Berta Cáceres y esa concesión aún no se ha anulado". La política anunció la presentación de una moción para cancelar definitivamente la construcción de esa infraestructura y continuar así con la labor de su progenitora.
Cáceres era coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y contaba con una larguísima trayectoria de defensa de los pueblos indígenas a sus espaldas. Llegó a ganar el Goldman Enviromental Prize, el Nobel verde. Tenía cuatro hijos. Todo el mundo sabía que estaba amenazada de muerte por su actividad y cuando se produjo su asesinato decenas de países y personalidades públicas (desde el Vaticano hasta actores como Leonardo DiCaprio) condenaron en crimen y exigieron su resolución. En el momento de su homicidio, la acompañaba en la casa el ecologista mexicano Gustavo Castro, que se ha convertido en el único testigo del crimen.
Amnistía Internacional ha convocado para hoy un acto para recordar a la ambientalista y denunciar la impunidad del crimen. “Que no se haya resuelto el caso y que sus responsables no hayan rendido cuentas ante la justicia transmite el escalofriante mensaje de que se puede matar impunemente a quienes defienden los derechos humanos si estos se atreven a cuestionar a los poderosos en Honduras”, asegura Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, en un comunicado enviado por la organización.
Aunque los asesinos querían apagar la voz de Berta, lo cierto es que no lo lograron, sino que consiguieron que su lucha todavía se conociera más debido a la repercusión internacional del crimen. Hace unas semanas, su compañero en la defensa de los derechos humanos y uno de sus mejores amigos, el padre Melo, aseguraba en una entrevista con Planeta Futuro: "Tras la muerte de Berta, fuimos conscientes de que la muerte formaba parte de nuestra realidad. Si la han matado a ella, en cualquier momento me pueden matar a mí". El sacerdote jesuita recalcaba que su muerte supuso un impulso para todos aquello que la querían y que ahora deben seguir con su lucha.
El año pasado, la ONG Global Witness declaró que Honduras era el país más peligroso del mundo para quienes defienden los derechos medioambientales, y documentó el homicidio en ese país de más de 120 defensores y defensoras desde 2010, apunta Amnistía Internacional en su comunicado. El de Berta Cáceres es uno de ellos y todavía no hay nadie condenado. Esto no sorprende en un país en el que el 90% de los asesinatos no se resuelven, pero sí indigna, y muchos no están dispuestos a que este crimen quede en el olvido.
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