Omar Cruz Tomé, el tercer líder social asesinado en Honduras en enero

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

Este miércoles a las 19.01 llegó el fatídico mensaje de WhatsApp: “Está muerto”. Solo habían pasado ocho minutos desde el primero, en el que a Yoni Rivas, de la Plataforma Agraria del Valle del Aguán, le avisaban de que a Omar Cruz Tomé, presidente de la cooperativa campesina Los Laureles, le habían disparado al menos 12 veces en su casa en Tocoa, Colón, en el norte del país. Cruz, de 46 años, es el tercer líder social asesinado en Honduras en lo que va de año, Aly Domínguez y Jairo Bonilla fueron las primeras víctimas del año en el mundo.

“Estos asesinatos son para aterrorizarnos”, cuenta por teléfono Rivas, horas después del funeral del activista. A pesar de las amenazas que comenzó a recibir en enero de 2022 y estar acogido al mecanismo de protección nacional, nunca tuvo un esquema de seguridad. En el ataque, también asesinaron a su suegro, Andy Martínez.

Los compañeros de Cruz señalan directamente a la empresa Dinant de estar detrás del homicidio. El 11 de enero, el activista había denunciado ante el Ministerio Público a Miguel Mauricio, líder de esa firma de agrícola hondureña, por ser “actor y cómplice” de una estructura criminal armada denominada “Los Cachos”, según una carta pública a la presidencia, emitida por el Bufete de derechos humanos Estudios para la Dignidad.

La empresa, sin embargo, ha rechazado estar ligada a grupos armados. “Si existen elementos para vincular a cualquier persona con la comisión de cualquier ilícito, Dinant no titubeará en colaborar con la autoridad, en presentar las denuncias y exigir la acción de la justicia, tal y como lo hemos hecho durante años frente a los robos y la violencia contra campesinos, autoridades y trabajadores en Aguán”, se lee en uno de sus comunicados. Aún no ha habido ningún pronunciamiento tras el asesinato de Cruz. Con él, ya son 160 muertes violentas a vecinos de Aguán desde 2010.

Rivas había visto a Cruz esa misma mañana en una reunión entre varias cooperativas que conforman la Plataforma Agraria del Valle del Aguán, una organización que lleva más de 25 años defendiendo la recuperación de las tierras por parte de los campesinos. “Compartimos unos informes que estábamos preparando y conversamos sobre la situación de riesgo en la zona”, explica. El compañero, que aún no consigue conjugar los verbos en pasado cuando se refiere a Cruz, se muestra infatigable: “Nosotros íbamos a preparar… Vamos a preparar una gira de incidencia sobre la escasa justicia en nuestro territorio. Y sobre cómo la agroindustria nos quiere quitar de en medio”, dice. Hasta ahora, la Policía Nacional no ha dado detalles sobre la muerte violenta del defensor de derechos humanos.

Según explica Rivas, las amenazas a su compañero eran “frecuentes”. “Los vecinos le habían contado que había varios hombres que tomaban fotos cuando entraba y salía de su casa”, explica. “A todos nos ha pasado. A mí me han llegado a chivar qué día tenían pensado matarme, para que no fuera a mi casa a dormir”. El 27 de octubre, la Plataforma Agraria denunció la existencia de un plan de las empresas agroindustriales de la zona para asesinar a los principales liderazgos del Aguán. “Sabíamos que esto podía pasar”, cuenta.

Los Laureles es una de 84 cooperativas agropecuarias que inicialmente se crearon en el proceso de reforma agraria de Honduras. Esta era titular de más de 600 hectáreas de tierras. Algunos campesinos han sido despojados de ellas por Dinant, según denuncia la organización. La entidad que presidía Cruz era una de las mejor coordinadas y de las más atacadas. El líder había sido denunciado junto con otros 17 activistas por esta empresa por “usurpación agravada” de las tierras, aunque fue absuelto meses después.

“Este asesinato pretende desmantelar la lucha campesina en el Valle del Aguán, donde los agroindustriales tienen en posesión irregular las mejores tierras de este país”, apunta Víctor Fernández, miembro del Bufete de Derechos Humanos Estudios para la Dignidad, quienes llevan la representación legal y penal de la Plataforma Agraria y también de la Cooperativa de los Laureles. “Implica un aumento cualitativo de la violencia sistemática de estos grupos en alianza con grupos armados y con el Estado, que los avalan en el despojo”. Fernández es tajante: “Esta era una muerte evitable, el Estado estaba al tanto del riesgo que corría. Y como es evitable, tiene responsables. Es una obligación investigar la violencia sistemática del sector”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) condenó este jueves los hechos e instó al Estado de Honduras “a intervenir de manera oportuna, adecuada, integral y en garantía de los derechos humanos para proteger a la población, en particular a los defensores de derechos humanos, de la violencia generalizada en la zona del Aguán”.

Este asesinato se produce tan solo 11 días después de otro brutal homicidio a dos líderes hondureños. El 7 de enero Aly Domínguez y Jairo Bonilla, defensores de los ríos del Parque Nacional Carlos Escaleras, fueron asesinados en Guapinol. Ellos y una treintena de activistas llevaban un lustro denunciando la contaminación de la minería a cielo abierto en la zona que, aseguraron, provoca reacciones alérgicas y malestar en la comunidad.

Los tres son rostros de una tendencia que no cesa y que mantiene a América Latina y el Caribe como la región más mortífera para los defensores de derechos humanos. Una tendencia que rompe miles de familias y que subraya la idea de que proteger el territorio cuesta la vida. Los compañeros de Cruz aseguran que, al menos su causa, no quedará huérfana. “Nosotros vamos a seguir defendiendo lo que es nuestro”, zanja Rivas.