La deuda de Guatemala con miles de niñas: “Se normaliza que sean madres”

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Cuando Fátima tenía 12 años tuvo que enfrentarse a la maternidad forzada tras ser violada por un señor cercano a su familia, que era, también, el director de un programa federal de apoyo a la niñez. Su caso, junto al de otras tres niñas centroamericanas que pasaron por historias similares, fueron elevados al Comité de Derechos Humanos de la ONU. En ninguno de sus países encontraron opción para abortar, y mucho menos justicia. La sentencia de Fátima, una joven guatemalteca que ahora tiene 28 años, aún no llega. Más de 16 años después de la violación, la reparación sigue pendiente. Pero no es la única. Porque las cifras de embarazos infantiles en Guatemala no cesan. Un reciente informe publicado por Human Rights Watch muestra que hay muchas ‘Fátimas’ y pocos cambios en un Estado que le debe mucho a las infancias.

Según el Registro Nacional de las Personas (Renap), entre 2018 y 2024, 14.696 niñas menores de 15 años dieron a luz. Dado que en el país centroamericano la edad de consentimiento es 14, una gran parte de estos alumbramientos fueron fruto de una violación. Son, según los datos de Unicef, al menos 17 casos de pederastia al día. A pesar de la magnitud de la violencia, la justicia sigue siendo limitada, ya que sólo se han registrado 136 autos de procesamiento entre enero de 2018 y septiembre de 2023 y 102 condenas en todo el país. Las violencias que inician estos hombres continúan con un Estado que les niega el derecho al aborto y las ayudas económicas y naturaliza que abandonen la escuela.

El informe Forzadas a renunciar a sus sueños: Violencia sexual contra niñas en Guatemala documenta las múltiples barreras que enfrentan las niñas sobrevivientes de violencia sexual para acceder a atención médica esencial, seguridad social, justicia y educación. Hasta noviembre de 2024, solo 213 estudiantes embarazadas habían sido inscritas en el sistema educativo a nivel nacional entre enero y junio. Para Cristina Quijano, autora del informe, la falta de apoyo por parte de las escuelas y el Gobierno, el estigma, la presión familiar y la violencia contribuyen a las altas tasas de deserción escolar de niñas embarazadas, especialmente en comunidades rurales. De cada 10 niñas o adolescentes que deberían ingresar a primaria, solo tres tienen acceso a educación básica. La investigadora corroboró así que la violencia hacia las niñas es sistemática en Guatemala. “Es horrible ver cómo una vez que dan a luz, las niñas son tratadas como cualquier otra adulta, como una madre. Se les niega el derecho a la niñez”, lamenta.

La pobreza, explica Dora Alicia Muñoz, oficial de protección de Unicef, no favorece estas estadísticas. “Se ha normalizado que las niñas en Guatemala sean madres y sean quienes cuidan de la casa y de otros menores”. Human Rights Watch entrevistó a más de 72 representantes de organizaciones de la sociedad civil, funcionarios gubernamentales, personal de salud y otros expertos para el informe en 2023 y 2024, y analizó datos gubernamentales. “Conocemos las consecuencias médicas, como el riesgo de muerte, las enfermedades de transmisión sexual... Pero muchas veces se sigue dando que las niñas se unen con el agresor, que suele ser adulto”, explica. “Falta apoyo psicosocial para que no se sientan estigmatizadas y se reduzcan los cuadros depresivos o ansiedad e incluso la ideación suicida”. La pederastia es, de hecho, una de las principales causas del suicidio infantil.

El derecho al aborto, otra asignatura pendiente

En Guatemala, existe sólo una excepción a la penalización absoluta del aborto: cuando la vida de la mujer corre peligro. Aunque esta causal sería suficiente en la mayoría de casos -pues los embarazos forzados y tempranos pueden tener consecuencias mortales y riesgos en la salud física y mental de las niñas- sólo aplica cuando lo dice un doctor. La ruralidad, la falta de acceso a centros de salud, e incluso la percepción tardía del embarazo convierte este asterisco a la ley en papel mojado.

“El enfoque excesivamente restrictivo de Guatemala respecto al aborto terapéutico pone en grave peligro la salud y la vida de las niñas, quienes se ven forzadas a continuar con embarazos, muchas veces de alto riesgo y en contra de su voluntad, negándoles así el acceso a atención esencial en materia de salud reproductiva”. Así lo recoge el estudio publicado a mediados de febrero, que también es crítico con las escasas medidas de atención del país.

La mayoría de estas ayudas, lamenta Muñoz, de Unicef, están pensadas para el bebé y no para la madre. Existe un plan para madres en conflicto con la maternidad para evitar el abandono de los bebés -en promedio 150 al año- y el programa Vida, un plan de asistencia social que proporciona asistencia financiera a niñas embarazadas y madres menores de 14 años, pero establece requisitos de elegibilidad restrictivos y complejos obstáculos burocráticos, que impiden su acceso.

Entre enero y junio de 2024, solo 129 niñas fueron inscritas en el programa, a pesar de que 1.953 niñas de menos de 15 años dieron a luz en ese mismo año. El presupuesto del programa, a su vez, disminuyó un 15% entre 2023 y 2024. “A estas niñas, muchas veces las viola el padre, o el abuelo. Y al no tener cuentas bancarias, a veces el dinero les es ingresado a ellos”, explica Quijano. Según Unicef, 7 de cada 10 agresores son familiares o conocidos cercanos a la víctima. La autora del informe también lamenta que soliciten un sinfín de documentos, que excluyn a las migrantes, y que nieguen la ayuda si sus familiares tienen alguna deuda bancaria. “La deuda del país es gigante. Y lo que está haciendo hasta ahora es, claramente, insuficiente”, zanja.

“Estamos ante una epidemia de violencia sexual en menores. Y se ha normalizado esta visión patriarcal en la que las niñas son una propiedad”, dice por videollamada Muñoz. Es por ello que Victoria Maldonado, coordinadora de programas en el Osar, el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, se pregunta si no se está haciendo lo suficiente en prevención. “En Guatemala, las propias instituciones siguen sin saber bien qué protocolo o qué programa aplica o cómo atenderlas, sino que las derivan de un lado a otro. Esto son costos, tiempo y revictimización”, lamenta. El Osar ha implementado un programa dirigido a hombres en conflicto con la ley penal por violencia sexual a menores. “Pero más allá de eso, no hay más programas dirigidos a ellos. No hay mucho más en enfoque de prevención, más que esperar a los procesos penales”.