Director de Indepaz: “La violencia es muy rápida y el Gobierno va muy lento, por eso matan tantos líderes”

El líder indígena Phanor Guazaquillo fue brutalmente asesinado en la tarde del pasado domingo 3 de diciembre. Durante el funeral de otro líder social de su comunidad en el cementerio de Puerto Asís, Putumayo, un hombre con la cara cubierta por un tapabocas entró, se acercó y le disparó varias veces enfrente de su esposa y de sus hijos. Antes de huir en una moto, el sicario volvió a disparar para asegurarse de que no quedara vivo. El cuerpo agonizante de Guazaquillo, exconcejal del municipio más poblado del departamento y autoridad tradicional del pueblo Nasa, fue llevado a un hospital en el coche fúnebre que horas antes había transportado a su amigo. Murió antes de ser atendido.

En total, este año han sido asesinados 158 líderes sociales, una categoría que incluye a miembros de las juntas de acción comunal que representan la organización base de veredas y barrios de todo el país, a líderes indígenas y de derechos humanos, y a cabezas de iniciativas campesinas o ambientales. Esa es una reducción significativa, pero que los expertos catalogan de insuficiente, frente a los 188 líderes que habían sido asesinados hasta la misma fecha en 2022.

Además de los cambios en las cifras, hay una gran diferencia: las figuras públicas y los políticos que antes denunciaban las muertes, ahora guardan silencio. El asesinato de líderes sociales fue una de las motivaciones del gran paro nacional que sacó a cientos de miles de personas a las calles en 2021; frenarlos fue una de las promesas con las que subió el presidente Gustavo Petro al poder. Sin embargo, el asesinato de estas personas sigue siendo una constante. Eso demuestra que, a 16 meses de mandato, el plan para protegerlas que varias organizaciones de derechos humanos le presentaron al Gobierno, y que éste se comprometió a implementar, no se ha cumplido a cabalidad o no ha sido suficiente.

Leonardo González, nuevo director de Indepaz, una organización que lleva el conteo de las muertes de líderes desde que se firmó el acuerdo de paz con las Farc en 2016, es enfático en sus críticas: “Las acciones del Estado para proteger la vida de los líderes van en la dirección correcta, pero no son suficientes”, dice en entrevista con EL PAÍS. Y añade: “La violencia en los territorios es muy rápida y el Gobierno va muy lento, por eso matan tantos líderes”. Desde que se firmó la paz hasta hoy han sido asesinados 1.572 líderes sociales, más de uno cada dos días.

El día anterior al asesinato de Guazaquillo, y el siguiente, también fueron asesinados de forma violenta otros reconocidos líderes sociales en distintas regiones de Colombia.

El sábado 2 de diciembre, hombres armados entraron a la casa de María Isabel Ramos, una lideresa del municipio de Solita, en el departamento amazónico de Caquetá. Ramos era la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cusumbe. “Fue asesinada al interior de una vivienda por hombres armados que llegaron hasta el lugar y la atacaron con arma de fuego”, reporta el Observatorio de Derechos Humanos y conflictividades de Indepaz.

El lunes 4 murieron Robiro Rojas Benavides, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cordilleras Andinas del municipio de Los Andes Sotomayor, en el departamento de Nariño, y Pedro Pablo Salas, líder campesino, miembro de la Junta Directiva de la Asociación ACSOMAYO y de la guardia campesina, en Puerto Vega Teteye en Puerto Asís. Los dos en el suroccidente del país y Salas en el mismo municipio en donde asesinaron al líder Guazaquillo. En la semana que termina, además, se registró el asesinato de un firmante del acuerdo de paz, la muerte de otro líder y tres masacres, cada una con un saldo trágico de tres fallecidos.

El congresista por las curules de paz, William Aljure, es aliado del Gobierno, pero crítico de los asesinatos de líderes. Así recordó esta semana la muerte de Guazaquillo en una sesión plenaria de la Cámara de Representantes a la que asistió el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco: “Ministro, estoy hablando del hombre que le presenté (Guazaquillo), que le rogué que cuidáramos, lo mataron ayer. Me duele”. Aljure insistió en sus críticas por el asesinato de su amigo: “No quiero que el presidente Petro ni el director de la UNP, y menos usted Velasco, me vayan a llamar a decirme que qué vamos a hacer con ellos, porque ya para qué, ya lo mataron”.

Ana María Rodríguez Valencia es directora de la Comisión Colombiana de Juristas, una de las organizaciones que le presentó el plan al Gobierno. La abogada y defensora de derechos humanos reconoce que la disposición y el diálogo se han reactivado con la llegada de Petro a la presidencia, pero señala que hacen falta muchas acciones concretas para evitar las muertes. “La situación de los defensores de derechos humanos en Colombia sigue siendo muy difícil, seguimos siendo uno de los países del mundo donde más líderes asesinan. Eso no ha cambiado”.

González y Rodríguez coinciden en que este Gobierno tiene una actitud mucho más receptiva ante el problema que la que tenía el Ejecutivo anterior, y en que los asesinatos siguen en niveles altos por muchos factores adicionales a la aplicación de la política pública. Sin embargo, insisten en que desde la institucionalidad se pueden hacer más cosas de las que se están haciendo para proteger a las personas más vulnerables. “El plan que le presentamos al Gobierno se cumplió de manera parcial. Se centró en la puesta en marcha de los Puestos de Mando Unificado (PMU) por la vida. Son 100 espacios de articulación interinstitucional que se crearon en los municipios donde el nivel de violencia contra los defensores es más alto”, explica Rodríguez.

Estos PMU por la vida, sin embargo, se quedaron en la fase de la caracterización del conflicto en cada zona, más que en la protección concreta de la vida de las personas. “Lastimosamente, no ha habido una articulación entre el Gobierno y la Defensoría del Pueblo para atender las alertas tempranas que envía la entidad”, insiste González. En todos los casos de asesinato de líderes de esta semana, la Defensoría había emitido alertas por el riesgo que enfrentan las comunidades a las que pertenecían, y de todas maneras los crímenes se perpetraron. “Muchas veces las instituciones no atienden las alertas tempranas y a la Defensoría le toca emitir un oficio de consumación del riesgo”, explica González.

El director de Indepaz, que en las últimas semanas fue amenazado por grupos armados por sus denuncias, señala que la reducción del 15% en el asesinato de líderes es poca. Insiste en que siguen siendo mucho los muertos y muy graves las consecuencias para las comunidades. “Esperamos que los asesinatos lleguen a cero”. Para lograrlo, González cree que el primer paso es iniciar procesos de diálogo con todos los grupos armados que operan en el territorio y avanzar en ceses al fuego con todos ellos. “Hemos visto una correlación entre los lugares donde se han firmado ceses al fuego, con la reducción de los asesinatos de líderes y un aumento de las muertes en los sitios donde los grupos han violado estos acuerdos”.

Por ejemplo, en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Caquetá hace presencia la disidencia de las extintas FARC conocida como Estado Mayor Central, con la que se pactó un cese que ha sido incumplido. Allí los niveles de los asesinatos de líderes se han mantenido muy altos. “A los líderes los matan porque se interponen en los intereses económicos de los grupos armados. Defienden los territorios de megaproyectos de minería, petróleo, cultivos de palma, ganadería”, dice el director de Indepaz.

Ana Rodríguez explica que otro de los motivos de los asesinatos es “el altísimo grado de impunidad de la Fiscalía para esclarecer los crímenes y condenar a quienes los cometen y, sobre todo, a quienes los ordenan. Así es muy difícil que cesen estos delitos”. Y concluye: “El principal impacto del asesinato de un líder es que se le manda un mensaje a las comunidades de que se tienen callar, de que se tienen que conformar, de que no pueden reclamar sus derechos ni alzar la voz para denunciar. Es un mensaje de que hay que bajar la cabeza, obedecer y guardar silencio”.

Actualización: en la tarde de este lunes, después de publicado el artículo, la Corte Constitucional de Colombia declaró el Estado de Cosas Inconstitucional ante la violencia contra los líderes sociales. El alto tribunal considera que hay una vulneración de los derechos de estos defensores que les afecta su seguridad y requiere medidas urgentes y estructurales para resolverse. “La persecución y el asesinato de líderes y lideresas sociales no solo implica la violación de sus derechos fundamentales como individuos, sino que además representa la afectación de las colectividades que lideran y de sus familias”.

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