En 2023 han disminuido los asesinatos de líderes sociales y de excombatientes

Los asesinatos a líderes sociales en Colombia han disminuido en lo que va de 2023. Las muertes violentas de firmantes del acuerdo de paz también se han reducido de enero a septiembre de este año frente al mismo periodo de 2022 y de años anteriores. Los desplazamientos forzados muestran un descenso similar. Esas son tres de las conclusiones del informe Cifras de violencia en Colombia, publicado esta semana por el observatorio de conflictividades y Derechos Humanos del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz).

El periodo de enero a septiembre de 2023 ha sido el de menos asesinatos de líderes sociales desde 2017. En los primeros nueve meses del año han sido asesinados 123 líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, frente a los 145 asesinados en 2022. Una disminución de 15%. En el mismo periodo de 2021 fueron asesinados 131. En 2020, uno de los años más peligrosos para esta población, mataron 228 defensores. En 2019, 186. Y en 2018, 206.

Del total de homicidios de este año, 29 eran líderes comunales, 24 líderes indígenas y 16 líderes cívicos. El 84% de los asesinados eran hombres, 14% mujeres y 3% personas de la comunidad LGBTIQ. Los departamentos más afectados por la violencia homicida hacia los líderes son Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Nariño. Tumaco es el municipio de Colombia en el que más líderes se han asesinado en los últimos cinco años. Entre tantos datos y cifras, a veces se olvida que detrás de cada líder que fallece hay una familia que sufre, una comunidad y un país que pierden un referente.

El caso más reciente fue el de Luz Stella Balanta Solís, líder y docente educativa asesinada por un carro bomba que se atribuyó la disidencia que encabeza Iván Mordisco en Timba, un corregimiento de Buenos Aires, Cauca, el 20 de septiembre de este año. Balanta hacía parte del Comité de Convivencia Escolar del colegio y era afiliada al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle, filial de FECODE. Tres días antes, el 17 de septiembre, fue asesinado el líder Pedro Juan Acosta Zabaleta, un reconocido ambientalista que había denunciado la ausencia de un sistema ecológico para el manejo de las basuras en el caño Mojana, en el municipio Majagual, Sucre. Acosta era militante de la Colombia Humana, movimiento del presidente Gustavo Petro.

La escritora Piedad Bonnett tiene un poema devastador llamado Cuestión de estadísticas: “Fueron veintidós, dice la crónica. / Diecisiete varones, tres mujeres, dos niños de miradas aleladas, / setenta y tres disparos, cuatro credos, / tres maldiciones hondas, apagadas, / cuarenta y cuatro pies con sus zapatos, / cuarenta y cuatro manos desarmadas, / un solo miedo, un odio que crepita, / y un millar de silencios extendiendo / sus vendas sobre el alma mutilada”.

Las cifras, sin embargo, son necesarias para hacer un balance que permita identificar si las políticas públicas que buscan proteger a esta población están funcionando o no. “Se viene dando una disminución en los homicidios de líderes sociales. Sin embargo, aún no se puede hablar de tendencias, teniendo en cuenta que en los periodos electorales suelen aumentar las acciones en contra de los líderes y defensores de DDHH”, concluyen los investigadores de Indepaz que hicieron el informe. Y añaden: “Sobre la responsabilidad material de los asesinatos, el sicariato se mantiene como uno de los patrones determinantes en estos hechos, relacionados en algunos casos con la operación de bandas y estructuras locales que cumplen con estas acciones por medio de la tercerización”.

Según Indepaz, los asesinatos suelen ser contra líderes que defienden el territorio, el medioambiente, hacen oposición a megaproyectos mineros, promueven la implementación del acuerdo de paz con las extintas FARC y denuncian la presencia de actores armados ilegales.

Firmantes de paz asesinados

En lo que va de 2023 han sido asesinados 30 excombatientes de las FARC que firmaron el acuerdo de paz, una reducción significativa frente a los 40 que murieron de forma violenta en el mismo periodo de 2022 y a los de los años anteriores.

“El asesinato de firmantes del acuerdo de paz ha tenido una disminución de, al menos, un 55% si se compara con el año de mayor afectación (2019 con 78 asesinatos y 2022 con 43 asesinatos)”, afirman los autores del informe Leonardo González Perafán, Carlos Eduardo Espitia y Juana Valentina Cabezas Palacios. Y añaden: “se espera que al terminar 2023, se mantenga la tendencia a la disminución”.

A pesar de la caída en el asesinato de excombatientes, Indepaz señala que persisten acciones recurrentes contra esta población en los departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia, Caquetá, Putumayo y Meta. “Se mantiene un ambiente de estigmatización en contra de los firmantes por parte de sectores opositores del acuerdo de paz”. Los municipios de Tumaco, Nariño, e Ituango, Antioquia, son los que acumular un mayor número de firmantes asesinados. “Esto coincide con las presiones ejercidas por grupos armados que hacen presencia en estas zonas”. En total, desde el 24 de noviembre de 2016, cuando se firmó el acuerdo entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano, han sido asesinados 385 firmantes según Indepaz, entre ellos 11 mujeres exguerrilleras.

Desplazamiento forzado

El informe de Indepaz también revela una “notable reducción de los desplazamientos forzados masivos en los últimos meses”. Según la organización, que le hace seguimiento a este fenómeno desde hace más de una década, entre enero y agosto de 2023 ha habido 99.423 eventos de desplazamiento forzado, frente a los 290.046 que se registraron en 2022 y a los 209.119 de 2021.

“Las regiones más críticas en desplazamientos forzados siguen siendo Nariño, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Chocó y Cauca”, dicen los investigadores. Este tipo de hechos se relacionan en su mayoría con los enfrentamientos entre grupos armados ilegales con gran presencia territorial, como las AGC o Clan del Golfo, la guerrilla del ELN y las disidencias de las extintas FARC. En total, desde 2016 hasta la actualidad se han registrado más de 1.300.000 eventos de desplazamiento forzado en Colombia.

Las comunidades indígenas y afrodescendientes, según Idepaz, componen el 39% del total de las víctimas afectadas por el desplazamiento forzado masivo. Una evidencia de la reducción de este fenómeno es que durante los primeros cinco años después del acuerdo de paz se registró un promedio de 100.00 desplazados por año, mientras que en los primeros cinco años del siglo XXI el número de desplazados anuales fue de 500.000.

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