"La reparación a las víctimas de los paramilitares está estancada en un 99%"

Con las elecciones presidenciales del próximo 30 de mayo como escenario de fondo, dos recientes informes sobre la situación de los derechos humanos en Colombia en 2009, publicados por la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, trazan un balance bastante desalentador para el Estado colombiano. Gustavo Gallón (Cali, 1952), director de la Comisión Colombiana de Juristas, ONG con carácter consultivo ante la ONU, viajó la semana pasada a Madrid, donde se reunió con funcionarios del Ministerio de Exteriores de España para "mantener la atención" sobre la coyuntura en Colombia.

"El proceso de reparación a las víctimas del paramilitarismo está estancado en un 99%. Se van a cumplir cinco años de la Ley de Justicia y Paz con los paramilitares y no existe una sentencia en firme que permita reparar a ninguna víctima", señala el jurista colombiano.

En el caso de la reparación por vía administrativa, "ha habido una propuesta del Gobierno que establece unos topes de reparación a las víctimas absurdos, que equivalen al 2% o 3% de lo que sería una reparación judicial. Para hacerse una idea, en caso de homicidio se les reconoce a los deudos 9.000 dólares, pagaderos a 10 años".

Para Gallón, la extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos ha logrado entrabar aún más el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas. Las confesiones de los jefes paramilitares han quedado fragmentadas y el acceso a los procesos judiciales se halla muy limitado.

El último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala su preocupación por la existencia de casos de complicidad entre miembros de las fuerzas del Estado y grupos paramilitares.

"Esta es una vieja práctica del Ejército que actualmente se relaciona con la directiva secreta 29 de 2002 del Ministerio de Defensa, a través de la cual se le paga a particulares por información que permita la captura o muerte de combatientes irregulares. Estos particulares, muchos de ellos paramilitares o ex paramilitares, se han aliado con militares en servicio, quienes no reciben la recompensa directamente, pero al asociarse se reparten los beneficios de la misma", afirma Gallón.

Las cifras y estadísticas, tanto las que provienen del Gobierno como de organizaciones no gubernamentales, coinciden en que el Estado colombiano ha avanzado en algunos campos: el número de personas secuestradas por grupos irregulares pasó, según cifras oficiales, de un promedio de 3.000 anuales en años anteriores, a 125 en 2010. O el número de homicidios por año, que llegaron a 30.000, bajaron a 15.000 durante 2009, según las cifras aportadas por el jurista colombiano.

Estos datos, sin embargo, deben ser vistos en su conjunto, de una forma global: "Qué sacamos con que se hayan reducido los homicidios, cuando la violencia política ejercida por agentes del Estado contra particulares se duplicó. Además de eso, el nivel de desplazamientos llega a los cuatro millones, que es una cifra sólo superada en el mundo por Sudán", concluye Gallón.