Un grupo de exintegrantes del Comando Conjunto Central de las extintas FARC aceptan ante la JEP su responsabilidad por 349 secuestros

Un grupo de exintegrantes del Comando Conjunto Central de las FARC ha admitido este miércoles, a través de un comunicado oficial, su “participación” y “responsabilidad” en 349 secuestros en los departamentos de Tolima, Quindío y Huila durante el tiempo que operaban en esa zona. Se trata de una aceptación de los cargos que imputó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el pasado julio a 10 excomandantes de la extinta guerrilla. Si la JEP acepta su reconocimiento, los 10 antiguos comandantes enfrentarán penas de hasta ocho años de restricción de derechos diferentes a la cárcel.

En el comunicado, los excomandantes reconocen que el antiguo grupo ilegal tenía “políticas de secuestro” que ejecutaba en zonas del centro de Colombia. Además, admiten haber efectuado “malos tratos” que “atentaron contra la dignidad de las y los secuestrados durante su cautiverio”. Los firmantes son Luis Eduardo Rayo, Marlon; Enoc Capera Trujillo, Giovanni; Jhon Jairo Oliveros Grisales, Armando Pipas; Nelson Antonio Jiménez Gantiva, Gonzalo; Édgar Ramírez Medina, Onofre Camargo; Víctor Hugo Silva, Erick o El Chivo; Raúl Agudelo Medina, Olivo Saldaña; Wilson Ramírez Guzmán, Teófilo; Álvaro Henner López, J.J o Jhon Jairo Paz Guevara; y Gustavo Bocanegra Ortegón, Donald.

En la carta publicada este miércoles se aceptan cargos en el llamado Caso 01, el primero que abrió esa jurisdicción para investigar los delitos más graves cometidos en el marco del conflicto y que se enfoca en la política de secuestros de la extinta guerrilla. El caso del Tolima, Huila y parte de Quindío es la primera de las siete imputaciones regionales que llevará a cabo el tribunal dentro de ese caso.

Unas horas después del anuncio de los antiguos miembros del Comando Conjunto Central, la Sala de Reconocimiento de la JEP publicó su propio comunicado en el que dijo que “evaluará qué sigue en el marco de la investigación del Caso 01″, es decir, estudiará si la aceptación es suficiente. En este proceso la justicia transicional también investiga los delitos ocurridos con ocasión de los secuestros, como homicidios, esclavitud, violencia sexual y tortura.

La privación de libertad de civiles y militares fue uno de los delitos más notorios que cometieron las FARC durante su tiempo de actividad. Los magistrados de la JEP —que se creó en 2016 después de que el Gobierno firmara el acuerdo de Paz con esa antigua guerrilla tras 50 años de conflicto— ha atribuido al menos 21.000 casos de secuestro al grupo armado. La práctica se realizaba con fines extorsivos, ya fueran económicos o políticos, y resultó en la muerte y el prologado cautiverio de miles de colombianos, mayoritariamente políticos y militares. La exsenadora Ingrid Betancourt, por ejemplo, fue tomada como rehén en 2002, y pasó seis años en la selva antes de ser rescatada. Varios militares permanecieron más de una década secuestrados, como el sargento Pablo Emilio Moncayo, quien fue liberado tras más de 12 años en cautiverio.

El punto más álgido de los secuestros fue durante los mandatos de los expresidentes Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2010). Solo en Tolima, la antigua guerrilla cometió por lo menos 853 secuestros entre 2000 y 2012, de acuerdo con datos del Ministerio de Defensa.

En el comunicado de este miércoles, los exmiembros del Comando Conjunto Central dicen que esperan que su admisión contribuya a “la verdad, la reparación y la reconstrucción del tejido social”. Además, se comprometen a ayudar en “aliviar el dolor” que infligieron en las víctimas del secuestro y con “la búsqueda, la ubicación y el eventual reencuentro” de los desaparecidos con sus seres queridos que “les esperan, buscan y añoran”. Justamente, las sanciones que pueden recibir deben contribuir a reparar a la sociedad y a sus víctimas.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.