La mayor consulta previa y sus conflictos: los efectos de Colectora, el corazón de la transición energética que quiere Petro

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha decidido trasladar su Gobierno esta semana a La Guajira para gobernar desde allí. Ubicado en el norte del país, en su más grande desierto, Petro ha anunciado que declarará la emergencia económica y social por la situación del departamento y entregará títulos de propiedad. Este lunes discutió algo esencial: lo que pasa con los proyectos de energía eólica en la península. Aunque por su alto potencial de vientos, de los más fuertes de América Latina, el departamento se ha convertido en la cuna de la transición energética de Colombia, la llegada de proyectos eólicos también ha traído una disputa sobre los acuerdos, las propiedades y la tierra, generando no solo atrasos con los proyectos sino el fraccionamiento de las comunidades wayuu, los indígenas que habitan en la zona desértica del departamento.

Uno de estos proyectos, quizá el más clave en términos técnicos para que una transición energética se logre, es la línea de transmisión Colectora, que está siendo desarrollada por el Grupo de Energía de Bogotá (GEB). La iniciativa permitiría que llegue al resto del país la energía que produzcan siete de los 16 parques. Las empresas que están detrás de estos siete parques son la italiana Enel, la colombiana EPM y la estadounidense AES. Producirían hasta 1.050 megavatios que necesitarían salir de la región a zonas donde hay mayor consumo.

La línea que se está construyendo consta de una primera parte que empieza en la subestación de La Loma, en el municipio El Paso, en el departamento de Cesar, que subirá unos 250 kilómetros hacia el norte, hasta llegar a la subestación de Cuestecitas, ya en La Guajira (en el municipio de Albania), con una capacidad de 500 kilovoltios. A partir de allí, dos líneas de un largo de 114 kilómetros saldrán hasta la estación Colectora, en el municipio de Uribia, donde se conectaría con los siete parques. En total, la línea pasa por cuatro municipios de Cesar y diez de La Guajira.

Se trata de una extensión gigante que está sujeta la mayor consulta previa de Colombia, una figura legal que tiene el país para garantizar la participación de las comunidades étnicas frente a cualquier proyecto que se desarrolle en su territorio. De hecho, según explicó a América Futura el GEB, el proyecto pasa por 235 comunidades étnicas, entre el pueblo yukpa, los diferentes pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta y los wayuu.

En primer tramo, explican, solo fueron necesarias 12 consultas previas que ya se terminaron con acuerdos con las comunidades. Mientras, en el segundo tramo, exclusivo de La Guajira, el proceso ha abierto una caja de pandora que ha revelado la falta de presencia estatal, la indiferencia de las autoridades y la disputa por quién toma las decisiones sobre el territorio. Al principio, se habían registrado 212 comunidades, pero a finales del año pasado el Ministerio del Interior reportó 11 nuevas. De las 223, solo hay una con las que no se ha llegado a acuerdos, según el GEB.

Las disputas

Antonio Jaramillo, de la comunidad Botonchon 2, con 426 personas y ubicada en la frontera entre Uribia y Maicao, cuenta que su ranchería está en la zona de influencia del proyecto Colectora. “Va a pasar por encima de nuestra casa, de nuestro territorio”, señala. La llegada del proyecto, agrega, despertó una disputa latente entre los miembros de su familia. Aunque él y su tío son las autoridades ancestrales, quienes por las reglas de los wayuu son los dueños del territorio que se hereda por la descendencia matrilineal, el GEB, al parecer, no empezó a negociar con ellos, sino con unos sobrinos que viven allí, pero no son la autoridad ancestral: no heredan ni son dueños del territorio. “Yo me vine a enterar de esas negociaciones un año y medio después de que habían empezado”, agrega. “No estamos de acuerdo con lo que se venía negociando”.

En sus palabras, la empresa acordó darles 140 millones de pesos (unos 33.600 dólares) que no alcanzan para lo que quieren implementar: un proyecto para tener agua potable que, según dice, cuesta mucho más, alrededor de 720 millones de pesos (173.000 dólares). “Además, eso no tiene en cuenta la inflación que viviremos por los 25 años que les estaremos cediendo el territorio”, insiste.

El conflicto que vive hoy Jaramillo es similar al que se ha producido a lo largo de La Guajira, no solo con Colectora, sino con los otros proyectos relacionados con el desarrollo eólico. Eso se debe a que el Gobierno, en los papeles, tiene reconocidas a autoridades tradicionales que no son las ancestrales, y que son con quienes les dicen a las empresas que deben negociar cuando, efectivamente, no pueden decidir sobre el territorio.

“Estas dos autoridades suelen estar en conflicto, ya que la autoridad tradicional se percibe como una imposición del Gobierno, lo que contraviene el artículo 13 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que los “gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios”, resume José Antonio Vega, del Stockholm Environment Institute en un artículo científico que escribió sobre el proceso de Colectora en la revista Energy Research & Social Science, en el 2022.

Ante esto, el grupo GEB aclaró que, efectivamente, para este caso, el “proceso de consulta previa se realizó con las autoridades de la comunidad reconocidas y registradas por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, que hace esos procesos luego de que la misma comunidad los valida en el marco de su autogobierno”, pues ellos deben mantenerse al margen de lo que el Gobierno les indica. Además, Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB, explicó que parte del problema es que el Estado no estudió con antelación cómo estos proyectos afectarían el territorio. “Se requería de muchísimo trabajo previo de informar, educar, identificar comunidades, determinar linderos y zonas de influencia, como un proyecto global para toda la región”, aclaró. “Se necesitaba de una estrategia que hiciese factible unas intervenciones tan importantes con impactos tan nuevos para la región”.

La siguiente pregunta que tanto la empresa como las comunidades se hacen, es qué pasará si no se llega a un acuerdo con la comunidad restante. ¿Cómo evitar que cedan por la presión de que son las únicas sin firmas acuerdo? En su documento sobre las consultas de Colectora, Vega también apunta a que se pueden dar algunos vicios a la hora de garantizar que estas sean justas, como el desbalance de conocimiento sobre el proyecto y la presión para aceptar las negociaciones. “A las comunidades que no quieren el proyecto, a veces se les dice que no tendrán compensación, pero de todas formas el proyecto seguirá”, señala uno de los testimonios que recolectó durante su investigación.