Por la Guajira, por la palabra

Se aproximan las fiestas de fin de año, cuyo espíritu es de reflexión, esperanza y celebración. Reflexión por cuanto, con la perspectiva que sólo el tiempo brinda, repasamos aquello que ocurrió durante el año; esperanza y celebración de cara a una nueva etapa que, ojalá, será mejor.

Sin embargo, en muchos lugares de Latinoamérica, la región más desigual del planeta, hay poco espacio para la esperanza y aún menos para la celebración. El Departamento de La Guajira, en Colombia, es uno de esos sitios.

¿Por qué? Las razones son tantas que faltaría espacio para enumerarlas. Menciono una que, en sí misma, escandaliza: entre 2018 y 2022, solo en La Guajira han muerto más de 360 niñas y niños por causas asociadas a la desnutrición y, de ese total, en lo que va de 2022, ya han fallecido 78 niñas y niños, cifra que, de aumentar, duplicaría las muertes registradas en 2021.

Alarmada por la situación, a fines de septiembre e inicios de octubre tuve la oportunidad de llevar adelante una Misión Oficial de trabajo a Colombia como Relatora Especial y, en el marco de esta, visitar La Guajira. Fue, de hecho, la primera vez que un mandato internacional de Derechos Humanos concurrió a la zona, lo cual se dio gracias a la anuencia del Gobierno colombiano.

Acompañada por mi equipo de trabajo estuve en Manaure, Maicao, Uribia, Albania y Riohacha para, entre otras cosas, constatar la situación de acceso y garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) de quienes allí habitan, con especial foco en el Pueblo Wayuu.

Se trata de un territorio ubicado en la frontera con Venezuela y predominantemente indígena, representando el Pueblo Wayuu al 48% de la población. Y es el Departamento que tiene el mayor índice de pobreza monetaria de Colombia.

La realidad allí es dramáticamente dicotómica. Eso porque, a pesar de ser una tierra de riquezas naturales y culturales, La Guajira sufre una falta de acceso a derechos humanos básicos debido a la pobreza, la desigualdad y la discriminación estructural. Y como si no fuera suficiente, el oscuro panorama se agrava por hechos de corrupción y desarticulación institucional.

Es un contexto que impacta de manera desproporcionada al Pueblo Wayuu, a personas afrocolombianas, otros pueblos indígenas, personas afro-wayuu, así como a personas en situación de movilidad humana.

Pudimos constatar, de primera mano, que en La Guajira gran parte de la población carece del mínimo acceso a derechos como el agua, la alimentación, el medio ambiente sano, la salud, la vivienda, el trabajo digno o la educación. Una situación que llevó a la Corte de Constitucionalidad de Colombia a declarar la existencia de un “Estado de Cosas Inconstitucional”. Y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a ordenar medidas cautelares ante el acuciante riesgo en que se encuentra la infancia, como las mujeres gestantes y las personas mayores wayuu.

Los motivos tras la dura realidad de La Guajira son tantos y tan complejos que no caben en una columna. Es que abordar aquí las denuncias recibidas, por ejemplo, sobre la situación de personas defensoras de Derechos Humanos; de actos de corrupción o falta de transparencia institucional; de la asimetría de poder entre comunidades y el sector empresarial, especialmente de empresas extractivas, como Cerrejón Limited, o de las empresas eólicas que se instalan por decenas en la zona, sin que el pueblo guajiro se beneficie como debería de tales explotaciones, requeriría de mucha tinta.

Nos consta que el Estado colombiano hace años que viene adoptando medidas para hacer frente a la situación, como ilustra la existencia de la Comisión Intersectorial para el Departamento de La Guajira, creada en 2020 o los Diálogos Regionales Vinculantes promovidos por el actual Gobierno.

Reconozco como señales esperanzadoras, la movilización de autoridades y funcionariado al terreno para acompañarnos y darnos información de primera mano durante la visita. O el reciente discurso del Presidente Gustavo Petro al reconocer con plena honestidad que “es un fracaso que en el Gobierno se hayan muerto 20 niños por desnutrición”.

Sin embargo, tales acciones son a todas luces insuficientes para mejorar las condiciones de vida de las comunidades o prevenir las muertes evitables de niños y niñas, que semana a semana se siguen produciendo. Un panorama que será cada vez más complejo mientras no exista un plan debidamente articulado, financiado, concertado y culturalmente pertinente que, entre otras cosas, responda a un censo actualizado y comprensivo del Pueblo Wayuu.

Sólo poniendo los derechos humanos de la población de La Guajira en el centro de las medidas de las autoridades nacionales y de las empresas que operan en la zona, podrá cambiar la triste realidad que cada día les toca vivir a miles de personas. Las recomendaciones preliminares hechas tras la visita de mi mandato ofrecen una hoja de ruta clara para avanzar en esta dirección y estamos deseando apoyar en su puesta en marcha.

Las autoridades tradicionales del Pueblo Wayuu se denominan “Palabreros”, lo que refleja el valor central que para su cosmovisión tienen la palabra. Durante la visita, en una de las reuniones con dichas autoridades me designaron “Palabrera”. Un cargo demasiado grande que debemos compartir entre todas las personas e instituciones que, de uno u otro modo, hemos tomado contacto con su alarmante realidad.

Por ello, este es mi llamado urgente de fin de año. Por el Pueblo Wayuu, con su inigualable resiliencia y amor a su tierra. Por la palabra con una causa de vida o muerte.

*Soledad es Abogada. Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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