Desalojos, agresiones e indemnizaciones ridículas: el “efecto perverso” de la extracción de cobalto y cobre en la vida de los congoleños

“No podemos luchar contra el cambio climático en detrimento de los derechos de las comunidades que están en primera línea de la explotación de las materias primas que sustentan la transición energética”, dice, casi a modo de presentación, Jean-Mobert Senga, investigador de Amnistía Internacional, en una entrevista con este diario desde Kinshaha. Pero en República Democrática del Congo, la extracción del cobalto, usado para la mayoría de baterías de iones de litio, y del cobre, esencial en las tecnologías de energías limpias, ha provocado y provoca “desalojos forzados de comunidades sin indemnizaciones adecuadas, quema de casas y otras violaciones de los derechos humanos”, según un informe que la ONG publica este martes.

La investigación, Powering Change or Business as Usual?, (”¿Impulsar el cambio o seguir como siempre?”), realizada junto a la organización congoleña Iniciativa por la Buena Gobernanza y los Derechos Humanos (IBGDH, por sus siglas en francés), se centra en la región de Kolwezi, una ciudad de medio millón de habitantes situada al sur del país convertida en el corazón de la explotación de estos minerales, en la que participan empresas de China, Canadá o Dubai. Sus autores han realizado 130 entrevistas con personas vinculadas a seis proyectos mineros y estudiado documentos, fotografías, vídeos, imágenes de satélite y datos suministrados por las empresas a las que se cuestiona.

“Esto es solo una muestra, significativa y pertinente, de las expulsiones forzadas que se están llevando a cabo. Pero hay otras empresas y otras violaciones de los derechos humanos como explotación de los trabajadores o contaminación. Este informe se centra especialmente los abusos que representan los desalojos violentos”, explica Senga.

La República Democrática del Congo posee aproximadamente la mitad de las reservas mundiales de cobalto y es responsable del 70% de la producción mundial de este mineral, materia prima esencial para fabricar las baterías de iones de litio que se usan para alimentar una amplia variedad de dispositivos, desde automóviles eléctricos hasta teléfonos móviles. Por ejemplo, la batería de un vehículo eléctrico requiere unos 13 kilogramos de cobalto, y la de un teléfono móvil unos 7 gramos, según este informe. Además, el país africano posee las séptimas mayores reservas de cobre del mundo y es el tercer mayor productor. Los dos minerales son claves en la construcción de coches eléctricos, turbinas eólicas, paneles solares y baterías, es decir, son indispensables para que el mundo abandone los combustibles fósiles y avance hacia otras fuentes más sostenibles, frenando así el calentamiento global. Pero no son muy frecuentes y sus principales reservas se encuentran en África, América Latina, Australia y el Sureste asiático.

Una transición “justa”

La descarbonización de la economía mundial “debe ser justa y no dar lugar a otras violaciones de derechos humanos”, ha insistido Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, refiriéndose a este informe. Uno de los casos investigados describe lo ocurrido en un barrio en el centro de Kolwezi, en el que viven 39.000 personas. Cientos de ellas recibieron orden de abandonar sus viviendas o no tuvieron otra opción que mudarse tras la reapertura en 2015 de una gran mina a cielo abierto que el año pasado produjo unas 128.000 toneladas de cobre y 2.500 toneladas de cobalto. Las indemnizaciones que recibieron no les han permitido comprar una vivienda con agua corriente o electricidad en otro lugar y su calidad de vida se ha visto muy mermada. El proyecto es gestionado por la empresa Compagnie Minière de Musonoie Global SAS (COMMUS), que aúna a la china Zijin Mining Group Ltd y la congoleña Générale des Carrières et des Mines SA (Gécamines).

La situación empeora año tras año porque la demanda es cada día mayor y las comunidades están cada vez más expuestas a todo tipo de riesgos

Jean-Mobert Senga, Amnistía Internacional

“Nosotros no pedimos mudarnos, la empresa y el Gobierno llegaron y nos dijeron: ‘Aquí hay minerales”, dijo a los investigadores Edmond Musans, de 62 años, que tuvo que marcharse y hoy ha creado un comité que representa los intereses de más de 200 familias en riesgo de desalojo.

“Desalojan por la fuerza a la gente, les amenazan e intimidan para que abandonen su casa o les engañan para que den su consentimiento a compensaciones irrisorias”, denuncia Donat Kambola, presidente de la IBGDH, que desde hace casi 10 años investiga, denuncia y protege a las comunidades afectadas por la minería en la provincia de Lualaba, cuya capital es Kolwezi.

COMMUS garantizó a Amnistía Internacional que tenía intención de mejorar la comunicación con las partes afectadas. La empresa debe “publicar urgentemente sus planes de desarrollo para la mina y cualquier evaluación de impacto ambiental y social que haya realizado o encargado, y los planes de reasentamiento para las comunidades más expuestas”, pide el informe.

Desalojan por la fuerza a la gente, les amenazan e intimidan para que abandonen su casa o les engañan para que den su consentimiento a compensaciones irrisorias.

Donat Kambola, IBGDH

El Banco Mundial calcula que la demanda de cobalto aumentará un 500% hasta el año 2050, pero este dato no implica que los habitantes de esta región, corazón de la producción de este mineral, disfruten de sus beneficios financieros. “Los consumidores, las empresas y los gobiernos tienen que tomar conciencia de este efecto perverso de la transición ecológica”, insiste Senga. El investigador explica que el cobalto que sale de esta mina de Kolwezi, viaja en primer lugar a China, pero no es el punto final del viaje. “Allá puede pasar por un primer proceso de refinado y después llega a Europa, Estados Unidos y otros países”, afirma.

Cada vez más expuestas

Otro de los casos estudiados describe cómo los soldados congoleños llegaron una mañana a un pueblo, llamado Mukumbi, cerca de la mina Mutoshi, gestionada por la firma Chemicals of Africa SA (Chemaf), filial de Chemaf Resources Ltd., con sede en Dubai, y comenzaron a incendiar casas y a golpear a los residentes que intentaron impedírselo. “Dos niños me dijeron que los militares estaban quemando las casas’”, recordó Ernest Miji a los investigadores. “Salí y vi a soldados de la Guardia Republicana prendiendo fuego a las casas y pregunté al capitán por qué. Me dijo que cumplían órdenes. Me dio una antorcha y me dijo que prendiera fuego a la iglesia. Como me negué, comenzó a golpearme”, describió.

Imágenes de satélite respaldan este relato y muestran que Mukumbi terminó arrasado el 7 de noviembre de 2016. En 2019, Chemaf accedió a pagar 1,5 millones de dólares vía las autoridades locales, pero hubo residentes que recibieron apenas 300 dólares. Chemaf niega toda irregularidad y responsabilidad en la destrucción de Mukumbi.

En otro de los proyectos mineros estudiados, una mina de cobalto y cobre, situada a 5 kilómetros de Kolwezi y operada por una filial de Eurasian Resources Group (ERG), que tiene su sede en Luxemburgo y cuyo principal accionista es el Gobierno de Kazajistán, una veintena de agricultores declararon los soldados llegaron y arrasaron sus campos en febrero de 2020, sin previo aviso. Una mujer embarazada explicó además que tres soldados la capturaron y la violaron mientras otros miraban. En su respuesta a los autores del informe, ERG afirmó que no tenía ningún control sobre el despliegue de los soldados, pero, ante el contenido de la investigación publicada este martes, instó a las autoridades locales a investigar.

Los autores del informe piden a las autoridades congoleñas, que en la mayoría de los casos “han llevado a cabo o facilitado” los desalojos, que pongan fin de forma inmediata a los desalojos forzosos, promuevan una comisión de investigación imparcial y hagan cumplir las leyes locales sobre la actividad minera y desalojos, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. Además, las empresas tienen la responsabilidad de investigar los abusos identificados, proporcionar reparación significativa y tomar medidas para impedir nuevos daños.

“La situación empeora año tras año porque la demanda es cada día mayor y las comunidades están cada vez más expuestas a todo tipo de riesgos. Esperamos que este informe alerte a los consumidores, que tienen que saber qué está pasando, y exponga públicamente a estas empresas”, agregó Senga.

República Democrática del Congo posee la mitad de las reservas mundiales de cobalto y es responsable del 70% de la producción mundial de este mineral, materia prima de las baterías de iones de litio

Por último, Amnistía Internacional e IBGDH documentaron el caso de la mina Kakula, considerada “la mayor reserva de cobre descubierta en África”, situada a 25 km de Kolwezi y operada por una compañía llamada Kamoa, en la que hay capital canadiense y chino, entre otros. De las 40.000 personas que vivían en el pueblo de Kamoa, más de 1.300 perdieron sus casas, negocios o campos debido a la minería. El informe estudió el caso de 45 familias instaladas por la empresa en otro vecindario después de que la expansión de la mina les obligara a dejar sus hogares, y comprobó que las casas que recibieron a cambio no tienen nada que ver con las que desalojaron y no tenían por ejemplo duchas, agua corriente o electricidad. Kamoa confirmó que los baños no estaban conectados a una red de alcantarillado y argumentó que quiso aplicar “las mejores prácticas internacionales”, pero que era difícil en una región en la que no había por ejemplo electricidad. El informe subraya, no obstante, que la compañía sí supo superar estos obstáculos prácticos en la mina en la que operaba.

“Las empresas mineras internacionales implicadas tienen abundantes recursos económicos y pueden costear fácilmente la introducción de los cambios necesarios para salvaguardar los derechos humanos, establecer procesos que mejoren la vida de las personas de la región y proporcionar reparación por los abusos sufridos”, concluye Donat Kambola, de la organización local IBGDH.

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