La prohibición de exportar arroz indio alienta el temor a la inflación y a la escasez de alimentos en el resto del mundo

La pandemia de covid-19, la crisis climática y la invasión de Rusia a Ucrania han disparado, en apenas cuatro años, el número de personas castigadas por el hambre en el planeta. El último informe mundial sobre seguridad alimentaria, editado por cinco organismos especializados de Naciones Unidas, alertaba de que, el año pasado, 122 millones de personas más que en 2019 padecieron hambre. A esta situación, ya de por sí preocupante, se le añade ahora un nuevo reto: en julio, la India prohibió la comercialización al extranjero de arroz blanco no basmati, categoría que representa una cuarta parte de las ventas totales del primer exportador mundial de este grano. El veto, que se suma a otro —al arroz partido, es decir, los fragmentos de arroz— impuesto en septiembre, ha desatado el temor a una subida de la inflación global y a un aumento de la inseguridad alimentaria entre las poblaciones más vulnerables.

El arroz es el alimento básico para más de 3.000 millones de personas en el mundo, y casi el 90% de su cultivo se produce en Asia. Tras años sucesivos de cosechas abundantes, el precio del arroz se ha mantenido más asequible que el del trigo o el maíz, incluso después del estallido del conflicto ucranio. Sin embargo, debido al impacto del fenómeno meteorológico El Niño en el rendimiento de los arrozales, su importe a nivel mundial se ha disparado entre un 15% y 20% desde el pasado septiembre, de acuerdo con estimaciones del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (Ifpri). Según el índice del precio del arroz que la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) publica mensualmente, en julio alcanzó su nivel más alto desde 2008.

Ante esta situación, el 20 de julio Nueva Delhi anunció un cambio en su política de exportaciones del arroz blanco no basmati “para asegurar la adecuada disponibilidad” en el mercado local y para “contener una subida de precios a nivel nacional”.

En julio, el precio del arroz alcanzó su nivel más alto desde 2008, según el informe mensual de la FAO

El aumento de la inflación en la cesta de la compra es un tema delicado para el Gobierno de Narendra Modi, y mucho más en vísperas de una serie de elecciones —las regionales, que serán clave, se celebran a finales de este año, y las generales en abril de 2024—. Los cereales son una parte predominante de la dieta de la nación más poblada del mundo, especialmente entre las clases con rentas bajas. Pero su exportación resulta más lucrativa que la venta en el mercado doméstico. Según datos oficiales, ante un incremento de la demanda exterior, los precios en la India del arroz blanco no basmati se han encarecido un 11,5% a lo largo del año y un 3% solo entre mayo y junio.

“Entendemos la motivación [del Gobierno]. Las autoridades indias están tratando de garantizar la seguridad alimentaria al tiempo que intentan suavizar la presión inflacionaria”, apunta Luis Breuer, representante del Fondo Monetario Internacional para India. “Dicho esto, cualquier medida adoptada por la India tendrá, por supuesto, efectos secundarios en el resto del mundo, como una posible mayor volatilidad en el precio de los alimentos”, señala este economista en una videoconferencia. “Por eso, el FMI alienta a todas las naciones, incluida India, a eliminar este tipo de restricciones a la exportación, que puedan ser perjudiciales a nivel global”, apostilla.

La India es el segundo mayor productor de arroz (el primero es China, aunque prácticamente todo lo destina al consumo interno) y líder exportador desde hace casi una década. En 2022, vendió 22,3 millones de toneladas a más de 140 países, ocupando el 40% de la cuota del mercado global. Esas cifras récord se registraron incluso después de imponer en septiembre una limitación a los envíos de arroz partido y aplicar un arancel suplementario del 20% sobre las exportaciones del de calidad superior. En total, 42 naciones obtienen más de la mitad de sus importaciones totales de arroz de la India, una porción que no se sustituye fácilmente con el producto de otros grandes exportadores como Tailandia, Vietnam o Pakistán. Entre los compradores más dependientes del arroz indio destacan Bangladés, Nepal, Benín, Senegal, Costa de Marfil, Togo y Guinea.

“La nueva prohibición refuerza la del año pasado”, explica por teléfono Shirley Mustafa, analista de mercado de productos básicos de la FAO. “Aunque se aplica a un tipo muy específico de arroz (al índico blanco que no es ni basmati, ni aromático, ni sancochado), es una categoría sustancialmente importante para los suministros alimentarios de Asia y África”, enfatiza. De hecho, casi la mitad de las exportaciones indias en 2022 fueron de arroz no basmati. Mustafa, no obstante, insiste en que la India “ha prometido excepciones” y que atenderá las peticiones de los países que aleguen inseguridad alimentaria con arroz partido. Desde el Indian Council for Research on International Economic Relations, un laboratorio de ideas con base en la capital india, consideran que para que el país se convierta en un “líder responsable del Sur global en el G-20″ debería dejar de imponer “restricciones abruptas”.

Entre los compradores más dependientes del arroz indio destacan Bangladés, Nepal, Benín, Senegal, Costa de Marfil, Togo y Guinea

Si bien la India tiene reservas suficientes para sus 1.400 millones de habitantes, se teme que el calor extremo y las fuertes lluvias monzónicas dañen la próxima cosecha, que se plantó en junio y se recogerá en septiembre. De hecho, aunque se esperaba que la superficie cultivada aumentara tras la subida del precio del arroz, hasta ahora los agricultores han plantado en una superficie un 6% menor que en 2022.

La Federación de Arroz de Estados Unidos ha tranquilizado a los consumidores estadounidenses sobre el impacto de la decisión de India: “Pueden estar tranquilos: hay suficiente arroz estadounidense como para llenar las ollas en todos los rincones del país”. “No se trata de papel higiénico en la primavera de 2020″, zanja la entidad en un comunicado, aludiendo a la desorbitada demanda de este producto cuando se declaró la pandemia y se alimentó de la creencia de que se iba a agotar.

Las prohibiciones agroalimentarias no son una novedad. Desde el inicio de la guerra de Ucrania, el número de países que las imponen ha pasado de tres a 16, según Ifpri. Indonesia vetó las exportaciones de aceite de palma; Argentina, las de carne de vacuno; y Turquía y Kirguistán, las de diversos cereales. Durante las primeras semanas de la pandemia de covid-19, al menos 21 naciones aplicaron trabas similares.

Sara Mbago-Bhunu, directora regional de África oriental y del sur del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de la ONU (FIDA), opina que de esta crisis también pueden surgir oportunidades. En una videollamada detalla que, por ejemplo, Tanzania, Kenia y Uganda trabajan desde hace tiempo para reducir la dependencia de otros países y no verse tan afectados por medidas proteccionistas. “Están ampliando las zonas de agricultura de regadío y están apostando por un sistema muy interesante de intensificación del cultivo del arroz, método que, además de incrementar la producción, permite combinar el cultivo de este cereal con la producción acuícola”, puntualiza.

Esta experta hace hincapié en que “el cultivo de arroz requiere del 40% del agua de riego del mundo y contribuye de forma significativa al cambio climático, ya que el 10% de las emisiones mundiales de metano proceden de los arrozales”. Por eso, la potencia asiática también tiene ante sí la posibilidad de “ganar credibilidad”: “La India podría utilizar este período, en el que cuenta con reservas suficientes de arroz, para mejorar estos sistemas de intensificación del cultivo y adoptar prácticas más sostenibles para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”, opina Mbago-Bhunu.

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