Los derechos de las mujeres, en jaque tras el golpe de Estado en Sudán

Las sudanesas, con largo historial de lucha contra la dictadura de Al Bashir, ven amenazados los pocos avances logrados en libertades básicas por la reciente militarización e islamización del país. Y actúan desde la resistencia

Un grupo de mujeres marchan durante una manifestación, el pasado 24 de enero, contra el régimen militar tras el golpe de estado del mes pasado en Jartum, Sudán.
Un grupo de mujeres marchan durante una manifestación, el pasado 24 de enero, contra el régimen militar tras el golpe de estado del mes pasado en Jartum, Sudán.MOHMAMED NURELDIN ABDALLAH (Reuters)

El 19 de diciembre era una fecha señalada en el calendario sudanés. El país conmemoraba el tercer aniversario del inicio de las protestas contra el régimen islamista del ex dictador Omar Al Bashir, que en apenas cinco meses lograron forzar su caída del poder tras haberlo retenido violentamente por tres décadas. La efeméride, sin embargo, tenía poco de festivo.

Decenas de miles de personas en la capital, Jartum, y otras ciudades de Sudán volvieron a movilizarse aquel día contra el golpe de Estado que un grupo de generales, aliado con los remanentes del régimen de Al Bashir y algunos ex líderes de grupos rebeldes, había perpetrado el 25 de octubre. La asonada puso fin a la transición democrática arrancada el verano de 2019 después de que esos mismos militares y un grupo de civiles, en vaga representación del movimiento de protesta, hubieran firmado un frágil acuerdo. Con su toma del poder, volvía a recorrer por el país el fantasma de un régimen militar islamista.

La oficina de la ONU para los derechos humanos recibió denuncias de que al menos 13 mujeres y niñas habían sido violadas, algunas en grupo, así como denuncias de acoso alrededor del palacio durante unas protestas en Jartum

La tarde de la jornada del 19 los manifestantes consiguieron abrirse camino hasta las inmediaciones del Palacio Presidencial, donde descansa la sede del poder secuestrado por los generales golpistas. Pero cuando se disponían a instalar una acampada, las fuerzas de seguridad volvieron a recurrir a la violencia para expulsarlos. Dos jóvenes, de 28 y 22 años, fueron asesinados por disparos en el pecho y la cabeza. Y por primera vez en Jartum desde la asonada, trascendieron informes de violencia sexual aparentemente sistemática de las fuerzas de seguridad contra varias manifestantes. En total, la oficina de la ONU para los derechos humanos recibió denuncias de que al menos 13 mujeres y niñas habían sido violadas, algunas en grupo, así como denuncias de acoso alrededor del palacio.

Un grupo de mujeres marchan el pasado 13 de diciembre durante una manifestación desde Jartum Norte hasta Omdurman contra el régimen militar tras el golpe de estado en Sudán.
Un grupo de mujeres marchan el pasado 13 de diciembre durante una manifestación desde Jartum Norte hasta Omdurman contra el régimen militar tras el golpe de estado en Sudán.MOHAMED NURELDIN ABDALLAH (REUTERS)

Semanas antes, la noche del 25 de octubre, en las turbulentas horas posteriores al anuncio de la toma del poder por el Ejército, un grupo de uniformados militares había asaltado el complejo central de la Universidad de Jartum, incluidos los dormitorios de las estudiantes. Durante el ataque, las jóvenes que se encontraban en el lugar fueron insultadas, golpeadas con armas y palos, y obligadas a abandonar sus cuartos, que fueron saqueados en un alarmante incidente que una de las chicas presentes después calificó de “noche de horror”.

Entre estas dos agresiones, el 17 de noviembre, un grupo de nómadas árabes con presuntas buenas relaciones con parte de la junta golpista atacó la localidad de Jebel Moon, en el estado de Darfur Occidental, en el oeste de Sudán. Al menos 43 personas, la mayoría agricultores de la tribu Misseriya Jebel, fueron asesinadas, 46 aldeas quemadas y saqueadas, y más de 4.300 individuos forzados a huir de sus hogares. En el asalto, las mujeres y niñas de Jebel Moon fueron separadas de los hombres y unas 70 fueron violadas y luego obligadas a caminar desnudas por su pueblo, según el relato de activistas locales.

Las mujeres, a la vanguardia de las movilizaciones populares

La sucesión de episodios como los anteriores pone de relieve las crecientes violaciones a las que se enfrentan las mujeres en Sudán a raíz de la toma del poder en el país por parte de los militares y su indisimulada complicidad con sectores islamistas del régimen de Al Bashir. Un escenario que ha generado gran alarma por la amenaza que representa también a las lentas pero significativas victorias y avances que las sudanesas se han podido apuntar en la lucha por sus derechos desde el inicio de la revolución de diciembre de 2018.

“Tras el reciente golpe de Estado, y con la vuelta de los líderes del [islamista] Partido del Congreso Nacional a los puestos de decisión, es probable que se pierdan los pocos logros conseguidos”, constata Samia El Nagar, una investigadora sudanesa independiente. “Es evidente que la violencia contra las mujeres es una estrategia militar usada para sembrar el miedo entre las familias y evitar que sus jóvenes protesten”, considera.

Las mujeres en Sudán se situaron en la vanguardia de las multitudinarias movilizaciones populares que condujeron al derrocamiento de Al Bashir. Y su participación, a menudo en abierto desafío de unos entornos familiares rígidamente patriarcales, fue clave a la hora de articular los comités de resistencia en los barrios y las asociaciones profesionales que lideraron la revolución y luego formaron el corazón del movimiento democrático del país.

Es evidente que la violencia contra las mujeres es una estrategia militar usada para sembrar el miedo entre las familias y evitar que sus jóvenes protesten
Samia El Nagar, investigadora sudanesa independiente

Su insondable compromiso no sorprendió a nadie. Las mujeres fueron también quienes más sufrieron el terror sembrado por el régimen de Al Bashir, que, construyendo sobre la base islamista desplegada en los setenta por su predecesor, el coronel Gaafar Al Nimeiry, emprendió un exhaustivo proceso de islamización del país y la sociedad, muy enraizado en sus leyes. Durante sus años en el poder, las mujeres estaban sujetas a leyes ultra conservadoras de moralidad pública y familiar, que codificaron aberraciones como el matrimonio infantil, el tutelaje masculino, o la permisividad con la mutilación genital, y que afectaron de forma especialmente severa a mujeres de zonas periféricas y a migrantes.

“La oposición de las mujeres al régimen de Al Bashir es fundamental para entender su fuerte implicación en la revolución”, anota Liv Tønnessen, politóloga del Instituto Chr. Michelsen especializada en temas de género y política sudanesa. “Las mujeres se implicaron tan visiblemente porque el régimen de Al Bashir obstaculizaba su capacidad de vivir libres de violencia y contribuir a la sociedad como ciudadanas de pleno derecho. Su participación no fue espontánea ni momentánea, sino que se vincula al papel central de las mujeres en el desafío de la dictadura, que se remonta varias décadas atrás”, agrega.

Durante la transición, que se inició con la firma de la hoja de ruta y del reparto de poderes entre civiles y militares en verano de 2019, las mujeres volvieron a ser apartadas de los principales cargos de toma de decisión. En las negociaciones previas a ese acuerdo, solo una mujer, Ibtisam Al Sanhouri, figuró entre la quincena de delegados civiles, y el órgano de 11 miembros que luego asumió la jefatura de Estado colectiva solo contó inicialmente con la presencia de dos. Una imagen similar se repitió en el primer Gobierno de transición, con los gobernadores provinciales, y en las negociaciones de paz de la periferia de Sudán.

Pese a ello, las mujeres consiguieron durante ese mismo período ocupar de forma notable el espacio público, ganando una mayor presencia en la calle, ampliando sus oportunidades laborales y aprovechando la apertura para organizar varias movilizaciones y tejer vínculos y alianzas. “Durante la transición democrática se ha sido testigo de la aparición de muchas organizaciones o grupos de mujeres y feministas en la mayoría de los estados de Sudán. Además, se formaron varias coaliciones en Jartum y en el Mar Rojo”, explica El Nagar.

En el ámbito legal también se apuntaron algunos avances y consiguieron marcar, en parte, la agenda. Antes de ser disuelto en la asonada, el Gobierno de transición había aprobado una serie de reformas de la ley que expandieron las libertades personales, incluidas las de las mujeres, y que revisaba el estricto legado islamista de Al Bashir. Entre las enmiendas más celebradas se encontraba la introducción del castigo a la mutilación genital femenina, el reconocimiento del derecho de las mujeres a viajar con sus hijos sin requerir el permiso de un tutor varón, y la anulación de un artículo que dictaba su código de vestimenta.

A pesar de darse la bienvenida a estos cambios, sobre todo en el exterior, los sectores más liberales de Sudán se lamentaron de que el Ejecutivo optara por una posición reformista en lugar de abolir todo el marco legal del viejo régimen, limitando así el alcance de las reformas. También criticaron que no se adoptaran en paralelo medidas para hacerlo cumplir en una sociedad todavía muy conservadora. Sudán tampoco llegó a ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

[Pero] aunque las mujeres se han sentido decepcionadas, la alternativa es peor. Temen que los islamistas vuelvan a ocupar puestos de poder y que la ideología islamista vuelva a controlar sus vidas
Liv Tønnessen, politóloga del Instituto Chr. Michelsen especializada en temas de género y política sudanesa

“Durante el régimen de Al Bashir esto se legitimó en el marco del islam. Pero lo que el período de transición nos ha demostrado es que la mentalidad patriarcal está penetrada de forma profunda en la sociedad y que una mera transición a un régimen civil y democrático no garantiza la igualdad de derechos”, señala Tønnessen. “[Pero] aunque las mujeres se han sentido decepcionadas, la alternativa es peor. Temen que los islamistas vuelvan a ocupar puestos de poder y que su ideología vuelva a controlar sus vidas”, añade. “Al menos, una democracia les permitiría organizarse libremente en su lucha”.

Más abusos, represión y violencia

Uno de los efectos más rápidos y evidentes del golpe de Estado ha sido la militarización del espacio público del país, que erosiona de forma devastadora los avances alcanzados en este terreno. Para las mujeres, el fuerte despliegue de uniformados –que incluye a miembros de la policía, el ejército, un poderoso grupo paramilitar, ex grupos rebeldes y, más recientemente, los temidos servicios de Inteligencia– se ha traducido en un aumento de los abusos verbales y de la violencia física, en especial durante y después de las grandes manifestaciones, tal y como han documentado organizaciones como Sudanese Archive.

Como resultado, al menos una mujer de 24 años y una niña de 13 han sido asesinadas por disparos en la cabeza de las fuerzas de seguridad, según el Comité Central de Médicos de Sudán, que ha registrado hasta la fecha más de una sesentena de muertos solo en Jartum. Decenas de mujeres más han resultado heridas y han sido violadas en ciudades de todo Sudán, según han recogido grupos de derechos humanos, y muchas otras han sido detenidas, incluidas políticas, sindicalistas y miembros de los comités de resistencia local.

Paralelamente, activistas e investigadoras como Hala Al Karib, directora de la Iniciativa Estratégica para Mujeres en el Cuerno de África (SIHA, por sus siglas en inglés), notan que la presencia de grupos armados en la calle también supone una amenaza para la libre circulación de las mujeres, y representa un peligro sobre todo para trabajadoras ambulantes o mujeres que trabajan de cara al público, y que desde la asonada están más expuestas al acoso. También pone en riesgo su libertad de expresión y derecho de reunión.

“Con respecto a la presencia de mujeres en los espacios públicos, indudablemente existe un cambio, hay mucho más miedo”, nota Al Karib. “Se trata de un panorama sombrío”.

Donde más crudo está resultando ser este deterioro de la situación es en las tradicionales zonas de conflicto y en los campos de refugiados de la periferia de Sudán, como en Darfur. Allí, la asonada ha acabado de enterrar la poca protección y servicios de los que gozaban, dejando sobre todo a las mujeres, a quienes tiende a afectar de forma desproporcionada, a merced de ataques de grupos que, según algunos analistas, se sienten ahora impunes, un sentimiento reforzado por los cortes de internet. Desde septiembre, al menos 250 civiles han muerto y más de 50.000 han tenido que huir de sus casas por la violencia en los estados de Darfur y Kordofán Sur, según la oficina de la ONU para los Derechos Humanos.

“El patrón de este tipo de violaciones está en curso desde 2003 [año en el que comenzó el genocidio en Darfur]. Algunos miembros de las milicias [involucrados en los abusos posteriores a la asonada] han estado implicados en crímenes contra la humanidad, que incluyen ataques a mujeres y violencia sexual”, nota Sarah Abdulgaleel, miembro de la Asociación de Profesionales de Sudán, uno de los grupos de la sociedad civil más activos en la organización de protestas contra Al Bashir y el golpe. “En este momento, lo que se está practicando es más visible porque está ocurriendo [también] en Jartum”, desliza.

A pesar de que muchas jóvenes han sido agredidas sexualmente, golpeadas, heridas y violadas, continúan participando en la protesta
Samia El Nagar, una investigadora sudanesa independiente

Pese –o debido– a ello, las mujeres siguen participando de forma muy activa tanto en las manifestaciones como en los comités de resistencia y los sindicatos profesionales. El Nagar, por ejemplo, destaca sobre todo su rol en la planificación de protestas, la preparación de lugares seguros para los manifestantes y la distribución de agua y alimentos. También en la prestación de servicios médicos en las calles y protección en los domicilios de quienes han sido acosados. “A pesar de que muchas jóvenes han sido agredidas sexualmente, golpeadas, heridas y violadas, continúan participando en la protesta”, comenta.

Abdulgaleel, por otro lado, destaca que la prioridad sigue siendo luchar para lograr paz, libertad y justicia, y señala que existe una iniciativa para incrementar la participación de mujeres en las organizaciones civiles, sobre todo a través de una campaña llamada Únete al comité, para que estén cada vez más presentes en el nivel de toma de decisiones.

En su caso, participar de forma tan activa también implica tener que confrontar la mentalidad patriarcal que considera que están rompiendo los roles tradicionales de género al involucrarse de forma activa en las protestas; una barrera que, sin embargo, no está frenando su implicación. “El acoso, la intimidación y la violencia de género pretenden empujarlas de nuevo a la esfera doméstica. [Los uniformados] piden a las familias que mantengan a raya a sus esposas, hijas y hermanas. Esta es la esencia de la mentalidad de orden público”, anota Tønnessen. “Pero las mujeres, por supuesto, la desafían”.

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