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Sudán se enfrenta a su herencia islamista

Las reformas legales emprendidas por el Gobierno de transición son recibidas con una mezcla de aplausos y críticas

Marc Español
Soldados desplegados este martes ante el tribunal de Jartum en el que es juzgado el expresidente Omar al Bashir.
Soldados desplegados este martes ante el tribunal de Jartum en el que es juzgado el expresidente Omar al Bashir.ASHRAF SHAZLY (AFP)

El Gobierno de transición de Sudán ha aprobado en las últimas semanas un conjunto de reformas legales que expanden las libertades personales en el país a medida que sus autoridades revisan con cautela el estricto legado islamista del dictador Omar Al Bashir, depuesto el año pasado por el Ejército tras una gran movilización popular después de permanecer tres décadas en el poder.

Entre los cambios más destacados figuran la eliminación de la ley de apostasía, castigar la mutilación genital femenina y suprimir la pena de muerte y la flagelación por tener relaciones homosexuales. Al mismo tiempo, se ha reconocido a las mujeres el derecho a viajar con sus hijos sin requerir el permiso de un tutor varón; el consumo de alcohol a los ciudadanos no musulmanes, y se ha anulado un artículo que dictaba el código de vestimenta de las mujeres.

La batería de reformas erosiona la herencia dejada al Gobierno de transición por el islamista Al Bashir y su predecesor, el coronel Gaafar al-Nimeiry, quien gobernó Sudán entre 1969 y 1985. Fue este último quien, después de apostar por la vía islamista en los años setenta, impuso abiertamente la ley islámica en 1983. Al Bashir, una vez consolidado en el poder, construyó sobre esa base y emprendió un exhaustivo proceso de islamización del país (de unos 43 millones de habitantes) y de la sociedad que enraizó profundamente en sus leyes.

Las enmiendas legales, que se producen en el marco de la frágil transición democrática prevista en un proceso de tres años en la que está inmerso Sudán, han vuelto a exponer el difícil equilibrio del Gobierno entre una parte de la población preparada para protestar si las reformas se quedan cortas y unos sectores nostálgicos del viejo régimen que amenazan con rebelarse si van demasiado lejos. En esta línea, los últimos cambios llegan después de que a finales de junio tuvieran lugar en el país importantes protestas que exigían una aceleración y profundización de las reformas.

“Estas enmiendas y sus implicaciones son una herramienta de transformación ideológica, social y cultural que hacen que la sociedad se desplace desde la obsesión y la dominación islamistas hasta los estándares de derechos humanos e igualdad”, considera Amr Kamal, un abogado y activista miembro de la Alianza Democrática para Abogados de Sudán.

Tras publicarse en la gaceta oficial la mayoría de las reformas el pasado 9 de julio, el Ejecutivo sudanés anticipó su intención de seguir avanzando en esa senda. El primer ministro del país, Abdalla Hamdok, adelantó que se trata de un paso “hacia la reforma de todo el sistema legal”. Y el ministro de Justicia, Nasreldin Abdelbari, señaló que una comisión se encargará de reformar el sistema judicial de manera “integral y profunda”.

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Los sectores más progresistas del país, sin embargo, han cuestionado la trascendencia de las reformas por su limitado alcance y por la dificultad de llevarlas a la práctica sin medidas paralelas en una sociedad muy conservadora como la sudanesa.

Por ejemplo, la ley de sodomía, que castiga las relaciones homosexuales, permanece vigente, y el artículo que regula el consumo de alcohol prohíbe que beban los musulmanes. Asimismo, aunque las mujeres podrán viajar con sus hijos sin el permiso de un hombre, siguen sin poder tramitar los documentos de ciudadanía necesarios para hacerlo. También existen aún numerosas leyes muy discriminatorias con las mujeres, como la del matrimonio infantil, y varios artículos que controlan aspectos de “moralidad” se han mantenido.

“El Gobierno de transición está desesperado por ganarse la aceptación de la comunidad internacional, pero no quiere hacer sus deberes y abordar los profundos problemas [que se derivan] del marco legal, que está basado en la militancia y el terror”, considera Hala Al Karib, directora de la Iniciativa Estratégica para Mujeres en el Cuerno de África (SIHA, por sus siglas en inglés).

El temor a los radicales

En la otra cara de la moneda, numerosos partidos y figuras islamistas de Sudán han recibido con ira los cambios. Tras su anuncio, varias formaciones hicieron llamamientos a protestar, entre ellas el Congreso Nacional, el partido dirigente bajo el régimen del derrocado Al Bashir, que ha instado a los sudaneses a tumbar al Ejecutivo en varios comunicados. Desde entonces, al menos un líder islamista radical ha sido detenido, según informó su propio partido. El pasado mes de marzo, el primer ministro Hamdok, cuyo Gobierno se acordó con los militares, sobrevivió a un intento de asesinato en Jartum.

“Los civiles están legítimamente muy preocupados de enfrentarse con los islamistas, pero al mismo tiempo están intentando debilitar su influencia muy lentamente. Es un equilibrio muy delicado”, observa Cameron Hudson, investigador del Atlantic Council. “Tienes que socavar su influencia en Sudán, y la única manera de hacerlo es teniendo un diálogo abierto y sincero entre los líderes y el pueblo”, agrega el también exdirector de asuntos africanos del Consejo de Seguridad Nacional en la Administración de George Bush, puesto que “estas leyes están siendo cambiadas en un contexto en el que no se ha definido aún cómo debería ser el futuro del país”. “Tú puedes cambiar las leyes”, apunta, “pero eso no lo convierte en una realidad”.

Juicio al exdictador

La comparecencia ante la Justicia del exdictador sudanés Omar al Bashir para ser procesado por primera vez por el golpe de Estado con el que se hizo con el poder en 1989 fue aplazada este martes para el próximo 11 de agosto por la ausencia de algunos abogados de la defensa de los acusados. El exdictador derrocado, de 76 años, acudió a la sala del tribunal en el Instituto de Formación Legal y Judicial de la capital sudanesa de Jartum, ataviado como de costumbre con una túnica tradicional y un turbante y acompañado de otros 27 acusados, según pudo constatar la agencia Efe. Al Bashir y el resto de los acusados salieron del tribunal y fueron llevados de vuelta en tres vehículos blindados, custodiados por una veintena de coches de la Policía, a la cárcel de Kober, donde permanece el exdictador desde mediados de abril después de ser arrestado por los militares y tras una condena de dos años por blanqueo.

El tribunal debía comenzar hoy el proceso judicial de una treintena de acusados por llevar a cabo un golpe de Estado el 30 de junio de 1989. En abril pasado, la Fiscalía General acusó a Al Bashir y a otros 34 líderes políticos y militares de “socavar el sistema constitucional” para hacerse con el poder. Las acusaciones pueden implicar la cadena perpetua o incluso la condena a muerte.

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