Colombia necesita una cooperación diferente

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El Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC en Colombia se orientó a facilitar la reforma del Estado, de estructuras económicas (especialmente en el sector rural) arcaicas y de políticas discriminatorias. La cooperación internacional se volcó masivamente en favor del Acuerdo. Cuatro años después, lo pactado sobre la reforma agrícola, la sustitución de cultivos de coca y la participación política se encuentran estancados.

Entre 2019 y 2020 hubo en Colombia manifestaciones masivas, que ahora se están repitiendo. Se pedía que el Gobierno de Iván Duque cumpliese el Acuerdo de Paz. También, combatir la corrupción, contar con sistemas educativos y de salud públicos eficientes y universales, en favor de un sistema de impuestos justo, contra el incumplimiento de acuerdos con las comunidades indígenas y afrocolombianas, frenar la violencia de género y procesar a responsables de los asesinatos de líderes sociales.

El marco que incluye a casi todas las reivindicaciones es la desigualdad. Colombia tiene la mayor brecha de ingresos de América Latina, y esta es la región más desigual del mundo. Pese a que ha disminuido desde 2016, cuenta con un alto nivel de violencia política (selectiva y en aumento hacia líderes sociales y excombatientes de las FARC) y social (criminalidad, agresiones sexuales, explotación infantil), exclusión de minorías y crisis humanitarias.

Desde 2017, el crimen organizado se ha fortalecido, compitiendo entre sí y con el Estado por territorios que abandonó las FARC. La corrupción, la evasión de capital y fiscal, la falsificación de precios en operaciones mercantiles y las exenciones de impuestos a grandes empresas y fortunas constituyen un drenaje sistemático de recursos del Estado.

Todo es coherente con que, en alrededor del 40% del territorio nacional, las instituciones estatales no existen o son muy débiles. No hay jueces ni policías. Las escuelas y los centros de salud son escasos, las carreteras son intransitables, internet una palabra sin contenido. En muchos casos hay soberanía compartida entre el crimen organizado y las frágiles autoridades. Cada nuevo gobierno manda el ejército que llega, combate y se marcha. Recientemente, la zona de la frontera entre Colombia y Venezuela se ha convertido en campo de batalla sin que ninguno de los dos Estados tenga control.

Revisar los fundamentos

La covid-19 ha puesto en evidencia esta realidad. En muchas zonas de Colombia, el Estado no tiene capacidad para saber quién está contagiado, ni hay infraestructura suficiente para los enfermos. La economía informal alcanza el 45% en las ciudades y más del 80% en el campo. Los que forman parte de ella no reciben ayudas y salen a la calle para tener ingresos. El índice de pobreza pasó en 2020 del el 31,7 % al 38,7 % de la población.

Los actores de la cooperación internacional esperan que cuestiones como la desigualdad, la reforma fiscal o la modernización del sector rural las lleve a cabo el Estado

¿Por qué un país que forma parte de la OCDE, con sectores académicos, políticos, empresariales de alta calidad, y con un crecimiento económico sostenido, adolece de estos problemas? ¿Responde la cooperación internacional a las demandas de la sociedad? Con estas preguntas, entrevisté en 2020 a medio centenar de académicos, diplomáticos y miembros de ONG, tanto colombianos como internacionales. El resultado mostró que se deberían revisar los fundamentos de la ayuda internacional a Colombia.

Los actores de la cooperación esperan que cuestiones como la desigualdad, la reforma fiscal, la modernización del sector rural o instaurar un sistema universal de salud las lleve a cabo el Estado. Colombia no es Somalia, por lo tanto, el Estado debe hacerse cargo. Sin embargo, las élites que controlan el poder, más las inercias burocráticas, hacen que tanto abismo entre la Colombia urbana y la rural, y entre el 0,1% superrico (y su periferia) y el resto de la sociedad, sean polos que se alejan.

Ante las paradojas de Colombia, la cooperación internacional necesita sofisticación, poniendo énfasis en los pilares que sostienen y reproducen la desigualdad y la violencia. Por ejemplo, promocionar (y presionar diplomáticamente) con el fin que el país tenga un sistema impositivo para el bien común, apoyar la investigación y seguimiento de la evasión de capital, la corrupción y el crimen organizado (incluyendo la complicidad del sistema bancario y financiero internacional), y cofinanciar, junto con las autoridades locales, programas de reducción de la desigualdad.

Como principio fundamental, la cooperación oficial tendría que ser más estricta y poner condiciones al Estado colombiano, que se presenta como adalid de los Objetivos de Desarrollo Sostenible mientras incumple sus metas.

Mariano Aguirre fue asesor de la ONU en Colombia, es associate fellow de Chatham House (Londres) y autor de La agenda de la protesta social en Colombia: ¿una oportunidad para la cooperación internacional?, Instituto de Derechos Humanos, Universidad de Deusto, 2020.

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