La oposición chilena presenta en el Congreso un pedido de destitución contra Sebastián Piñera por los ‘Papeles de Pandora’

Un grupo de diputados de todos los partidos de la oposición chilena ha presentado este miércoles en el Congreso una acusación para destituir al presidente, Sebastián Piñera, por la polémica venta de una minera en un paraíso fiscal confirmada en los Papeles de Pandora, publicados por este periódico y un consorcio de medios nacionales e internacionales. La Cámara de Diputados, controlada por la oposición, decidirá ahora si aprueba o rechaza la acusación en una votación que se realizará la primera semana de noviembre. De aprobarse, la causa contra Piñera pasará al Senado, que tendría que actuar como jurado.

Piñera usó ‘su cargo para negocios personales’, ha dicho el diputado Tomás Hirsch al presentar la acusación en la Cámara Baja, primer paso de un proceso de destitución que podría prolongarse por varias semanas. La acusación constitucional, que según el presidente chileno “no tiene fundamento alguno”, se suma a una investigación penal abierta por la Fiscalía hace cinco días por la misma operación: la venta en 2010 de la Minera Dominga por parte de Piñera a uno de sus mejores amigos mediante una sociedad offshore radicada en las Islas Vírgenes Británicas. El pago de la tercera cuota de esa venta quedó supeditado a que la zona de operaciones no fuese declarada reserva natural, una decisión que quedó en manos de Piñera cuando ya era presidente. La venta llegó a la Justicia en 2017, cuando Piñera fue sobreseído. Sin embargo, en los Papeles de Pandora se encontró el documento en inglés de aquel contrato. Como en la causa solo se tuvo acceso a la traducción de una copia, la fiscalía consideró que hay “elementos nuevos” como para iniciar otra investigación contra el presidente. El Gobierno defiende que el documento en inglés es un elemento asociado al mismo negocio y no debe ser tomado en cuenta.

La legislación chilena no contempla ningún tipo de inmunidad para el presidente, que puede ser investigado e incluso arrestado mientras está en funciones. El proceso de destitución inicia además a seis semanas de las elecciones generales y a solo cinco meses de que Piñera termine su mandato. La oposición pudo esperar hasta septiembre del año que viene para avanzar sobre él, pero ha optado por apurar los tiempos. “En nuestro país felizmente hay Estado de derecho y las instituciones están funcionando”, dijo el diputado socialista Jaime Narango. “El Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público están haciendo su trabajo, y también nosotros como Cámara y ente fiscalizador. El Presidente, quien debe dar el ejemplo, atenta contra la imagen del país. Nos causa dolor y pena que Chile viva esta situación por culpa del Presidente”, agregó.

Con una popularidad en torno al 20% y un rechazo de 70%, Piñera termina su segundo mandato con la Fiscalía encima y la amenaza de la destitución por un conflicto que no ha sabido cerrar desde que llegó a La Moneda en 2010: la difusa línea de separación entre sus negocios y la política. El oficialismo, que no tiene mayoría parlamentaria, considera que el caso Minera Dominga es cosa juzgada, pero la campaña electoral no ayuda a Piñera a sumar apoyos. Sebastián Sichel, el candidato presidencial de La Moneda, tercero según los sondeos, ha sido especialmente duro. Durante un debate de candidatos celebrado el 11 de octubre, Sichel dijo que estaba dispuesto a apoyar “las comisiones investigadoras que sean necesarias”, aunque enseguida aclaró que, según su parecer, “destituir a un presidente, cuando sea, es un absurdo”.

Desde la oposición, sin embargo, argumentan que Piñera tiene, como uno de los empresarios más ricos de Chile, un largo historial de conflicto de intereses. “Es un presidente llamado a la Fiscalía por cohecho y soborno. Uno puede pensar que las personas toman malas decisiones, pero cuando hay un prontuario, es imposible creer que no es culpable”, dijo el jefe de la bancada de la Democracia Cristina en el Congreso, Gabriel Ascencio. De concretarse la destitución, Piñera será el primer presidente de Chile en no terminar su mandato desde el regreso a la democracia, en 1990.

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