Piñera se queda solo en medio de la tormenta de los ‘Papeles de Pandora’

A menos de cinco meses de que finalice el período presidencial en Chile, el próximo 11 de marzo, Sebastián Piñera parece tener a todo el mundo en contra. Nadie se arriesga ya a defenderlo: ni los parlamentarios oficialistas, ni los candidatos de su sector al Congreso, ni el abanderado presidencial de su bloque, Sebastián Sichel, ni los máximos dirigentes de su coalición. La publicación el pasado domingo de los Papeles de Pandora desató una crisis política en la fase final del Gobierno, como si fuera una verdad escrita en piedra lo que alguna vez declaró su antecesora, la socialista Michelle Bachelet: “Cada día puede ser peor”. Con una popularidad en torno al 20% y un rechazo de 70%, Piñera termina su segundo mandato con la Fiscalía encima y la amenaza de la destitución por un conflicto que no ha sabido cerrar en su dilatada trayectoria pública: la difusa línea de separación entre sus negocios y la política.

“Por primera vez un presidente de la República será investigado por la Fiscalía por su función pública”, aseguró el presidente del Partido Socialista, el senador Álvaro Elizalde. Desde el retorno a la democracia en 1990, en Chile todos los presidentes han terminado su mandato. Esa tradición podría romperse si el Congreso aprueba una acusación constitucional.

“Más allá de las eventuales responsabilidades del presidente –que merecen ser investigadas­–, una acusación constitucional a menos de dos meses de una elección presidencial y en medio de la mayor crisis política del país en décadas es una irresponsabilidad”, opina el periodista político Cristian Bofill, director del medio digital Ex Ante. “La ley permite que la acusación se presente hasta seis meses después de que Piñera termine su mandato constitucional, el 11 de marzo. La experiencia latinoamericana muestra que interrumpir el mandato constitucional de un presidente deja traumas y heridas muy profundas, como ha pasado recientemente en Brasil y Perú, que tardan mucho en cicatrizar”, asegura Bofill.

Piñera combinó durante muchos años la cuestión pública con sus empresas. “Un cazador de oportunidades”, lo describe un político que lo conoce de cerca. A fines de los años 70 obtuvo la representación para Chile de las tarjetas de crédito y, desde entonces, sus consecutivos emprendimientos fueron creciendo en ambición y éxito. En esa misma época fue uno de los protagonistas de un caso conocido como Banco de Talca. El doctor en Economía de Harvard se desempeñaba como gerente general, la entidad fue indagada por infracciones a la Ley de Bancos y Piñera tuvo incluso una orden de aprehensión encima, aunque la Corte Suprema acogió un recurso de amparo. En 1990 fue elegido senador, en un cargo que mantuvo por ocho años. Poco antes de dejar el Parlamento explotó otro de los escándalos que han marcado su biografía, el caso Chispas, en el marco de la venta de acciones de la chilena Enersis a la española Endesa.

Piñera es un hombre rico: tiene una fortuna estimada por Forbes en unos 2.900 millones de dólares, la cuarta más grande del país. Pero es un millonario de primera generación. Nacido en Santiago de Chile en 1949, es el tercero de los seis hijos que tuvieron Magdalena Echenique y José Piñera Carvallo, un ingeniero y diplomático que educó a sus hijos gracias a su trabajo y que fue fundador de la Democracia Cristiana chilena, el partido que durante décadas representó a las clases medias y que en los sesenta llevó adelante la Reforma Agraria, durante el Gobierno de Eduardo Frei Montalva. Nunca han estado del todo claras las razones por las que el presidente no militó en el partido de su padre y terminó fichando por la derecha. Pero fue uno de los protagonistas de la transición y llegó a presidir el partido Renovación Nacional, donde se encuentran hoy algunos de sus principales críticos dentro del oficialismo.

En 2010 Piñera se convirtió en el primer presidente de derecha desde la dictadura. Uno de los grandes flancos de su primer mandato fue que llegó a La Moneda siendo aún dueño de al menos tres empresas grandes, dos de ellas reguladas por el Estado: Blanco y Negro (la sociedad que maneja uno de los clubes de fútbol más populares del país, Colo-Colo), el canal de televisión Chilevisión y la aerolínea Lan Chile (actual Latam, del la que era principal accionista). Las acciones de Blanco y Negro las vendió en diciembre de 2010 y lo hizo forzadamente luego de que lo acusaran de haber intervenido en las elecciones internas de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). Tampoco había vendido todas las acciones de Lan Chile cuando llegó a La Moneda, aunque se había comprometido en campaña, ni tampoco la venta de Chilevisión, del que se deshizo cuando llevaba cinco meses en el Gobierno. En el marco de una investigación sobre financiamiento ilegal de la política, conocido como caso SQM, se informó de que mientras Piñera era todavía dueño del canal de televisión se le pagaba a un ejecutivo con facturas de la empresa minera investigada.

Los problemas no acabaron con el fin de su primer período presidencial, en marzo de 2014. Siendo expresidente y en medio de la campaña para su segundo período, el exdiputado comunista Hugo Gutiérrez presentó una querella contra Piñera por los negocios del family office Bancard, que adquirió acciones de la pesquera de origen peruano Exalmar mientras se desarrollaba el litigio marítimo con Perú en La Haya. La Fiscalía lo investigó, como también la participación de la familia en la propiedad del proyecto minero Dominga. La investigación se prolongó por nueve meses y Piñera fue sobreseído definitivamente, en una decisión ratificada por la Corte Suprema. Gutiérrez fue condenado a pagar las costas del juicio.

Tras la publicación de los Papeles de Pandora hace una semana, que confirmó la transacción de Dominga, la Fiscalía abrió de oficio una investigación por eventuales delitos tributarios y de cohecho. Tanto el Ministerio Público como el presidente coinciden en que el acuerdo de octubre de 2010 que delinea las condiciones de la operación está sobreseída hace cuatro años y que la Fiscalía no tuvo en su momento el contrato original escrito en inglés y suscrito en Islas Vírgenes Británicas, que estaba dentro de la filtración mundial de hace una semana. Pero mientras el Ministerio Público lo considera un “antecedente nuevo”, como aseguró este viernes la directora Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, el Gobierno defiende que es un elemento asociado al mismo negocio.

Actualmente, en Chile se ha abierto un debate entre los juristas sobre la decisión de la Fiscalía, otra de las instituciones cuestionadas hace tiempo en el país sudamericano. “Con esta decisión nos ha notificado a todos que el valor de las resoluciones judiciales es relativo y que el Ministerio Público puede ignorarlas. La Fiscalía parece estar por encima de la ley y la Constitución y cada uno de nosotros expuestos al uso instrumental de la persecución penal”, ha asegurado el penalista Gabriel Zaliasnik.

En el plano político, la distancia del oficialismo con su presidente ha sido evidente. Por un lado, porque Chile está en la previa de las elecciones y los candidatos no quieren mochilas pesadas en sus espaldas y, por otro, por las dudas sobre el caso. Sichel, el candidato oficialista a La Moneda, tercero según los sondeos, ha sido especialmente duro con Piñera. “Si es necesario, apoyaré decididamente la creación de una Comisión Investigadora en el Congreso”, aseguró en Twitter.

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