El fin de la democracia estadounidense

Mientras afina la máquina de desaparecer inmigrantes para que coma también periodistas, activistas, disidentes y opositores nacionales, la Administración de Donald Trump acelera su plan para deshacerse de todo aquel capaz de informar a la población de sus actividades, incluyendo las consecuencias de su política económica y las huellas de un pasado que quizá sueña con repetir.

El ministerio antes conocido como el Departamento de Defensa ha prohibido a los periodistas que cubren el Pentágono que publiquen información sobre las Fuerzas Armadas que no haya sido previamente aprobada por el Gobierno, bajo pena de perder su acceso. Al mismo tiempo, ha desmantelado la Abogacía General Militar (JAG Corps), que se ocupa de mantener la legalidad y la ética dentro de la cadena de mando de las Fuerzas Armadas. Durante la “guerra contra el terrorismo”, los altos funcionarios del ejército autorizaron en Guantánamo métodos de interrogatorio que los JAG consideraron tortura bajo el derecho internacional, protegiendo el derecho de soldados y comandantes a desobedecer, para evitar exponerse a procesos por crímenes de guerra. Sin el apoyo de este cuerpo de abogados independientes, todos los mandos de las Fuerzas Armadas estarán obligados a obedecer órdenes sin resistencia o dimitir.

El Gobierno ha bloqueado la publicación del informe anual de la Oficina de Estadísticas Laborales, clave para evaluar el impacto de impuestos, subsidios o programas sociales en diferentes grupos demográficos y la base para medir la inflación y la salud económica del país. Al mismo tiempo, se ha convertido en el mayor inversor en software espía comercial, utilizado por gobiernos autoritarios para la vigilancia encubierta de periodistas, defensores de los derechos humanos, políticos, diplomáticos y oposición. El Departamento de Justicia ha eliminado al menos un estudio que mostraba que la violencia de los supremacistas blancos es mayor que la de otras ideologías, y la página del Servicio de Parques Nacionales ha eliminado la famosa foto donde un hombre afroamericano muestra su espalda atravesada de profundas cicatrices de latigazos. Los avances en fotografía en 1863 permitieron que la imagen se viralizara en pequeñas tarjetas, cambiando la visión de la esclavitud en Norteamérica. Pero ahora, según un portavoz, esa clase de imágenes “enfatizan de manera desproporcionada los aspectos negativos de la historia de EE UU o de figuras históricas, sin reconocer un contexto más amplio o el progreso nacional, distorsionando involuntariamente la comprensión en lugar de enriquecerla”.

Al mismo tiempo, las grandes tecnológicas están tan empotradas en la Administración de Trump que se los lleva de cena con los reyes de Inglaterra. Su resistencia a los crímenes de guerra ha quedado demostrada en sus relaciones con Israel. Benjamín Netanyahu contrató la nube de Microsoft para espiar y asediar a los palestinos en Gaza y Cisjordania; y los servicios de Google, incluyendo YouTube y su plataforma Display & Video 360, como vehículo principal para su campaña de propaganda del Estado israelí (Israel lo llama hasbará, que en hebreo significa “explicación” o “clarificación”) durante la ejecución del genocidio. Un ejemplo es el vídeo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel Hay comida en Gaza. Cualquier otra afirmación es mentira, visto más de seis millones de veces.

A las grandes plataformas digitales, incluyendo la empresa que produce ChatGPT, se une ahora TikTok, que el Gobierno controlará a través de un consorcio de inversionistas que incluye a Oracle, Silver Lake y Andreessen Horowitz. Según la actual secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el acuerdo incluye el algoritmo de recomendación.